Noé García Gómez

Para entender la dimensión que implica que un ciudadano pueda ir a la casilla, sacar la credencial de elector, pararse en la mampara, marcar la boleta y depositarla en la urna, es necesario conocer algunas cifras.

En la lista nominal están inscritos 89.3 millones de mexicanos de las 32 entidades federativas.

En el Proceso Electoral 2017-2018 además de elegir al presidente de México, se votará por: nueve gubernaturas, 500 diputados federales y 128 senadores, además de 17 mil 529 cargos locales.

Se instalarán: 157 mil 349 casillas electorales, con 281 millones 702 boletas electorales y un millón 277 mil actas de casilla, además de que 1millon 403 mil ciudadanos será funcionarios de casilla y cada partido tendrá un representante.

La participación ciudadana ha sido de 63.97% 2000, 58.55 2006 y 62.08 2012.

Una de las preguntas de mayor reto para encuestadores y analistas electorales es saber que sectores de edad, nivel económico o género irá a votar y quién no y qué diferencia hacen en el resultado.

Según los estudios demoscópicos y de opinión dan predictores de que la probable participación sea que los del rango de edad de 30 a 49 años sean los que más participen y los menores de 30 los que menos. Contrastando con la activa participación que tienen los menores de 30 en redes sociales sobre temas políticos y electorales. En cuestión de género no variará según su proporción en la lista nominal.

Pero sobre todo, será la más cara de la historia, con un costo de organización de 28 mil 108 millones 527 mil 986 pesos. Es decir, la disponibilidad de cada voto costará (se ejerza el voto o no) 315 pesos. Si el porcentaje de participación está en el 50% subirá a 630 pesos por voto sufragado.

La institución que más dinero ejercerá será el INE, y el partido con más recursos públicos es el PRI y el menor será el PES. Esto sin contar el costo y gasto de las elecciones locales.

Los números pueden abrumarnos, pero nos dan una idea de la importancia de un proceso como el que se está desarrollando; además de la carga histórica que tienen las elecciones, la desconfianza ha generado una obesidad en el gasto que se destina para organizarlas y vigilarlas, que puede llegar a ser ofensiva; y más cuando por cuestiones coyunturales e intereses individuales se hace todo por descarrilar los procesos.

Guerra sucia, alquimia electoral y todo el menú de delitos electorales que hoy en pleno siglo XXI hay quien todavía se ufana y trata de realizarlo.

Aspiro a una calidad ética y moral en los futuros procesos, donde la autoregulación contribuya a la disminución de costos económicos, materiales y humanos.

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