Desde hace unos meses he venido comentando en este espacio acerca de la importancia que revisten los magistrados electorales, específicamente debido a que son ellos los encargados de dirimir la mayoría de conflictos durante los procesos electorales en los que se pueden sancionar actos anticipados de campaña y entre muchas otras cosas más, sus resoluciones pueden quitar u otorgar candidaturas.

Lo anterior se ha venido abarcando, tras la serie de procesos en el Senado de la República para designar tanto a magistrados locales, como de las Salas Regionales, la Sala Superior o de la Sala Especializada. Elecciones controversiales  como la del Distrito 01 Federal en Aguascalientes hace ya 3 años, la elección de gobernador en Coahuila y recientemente la elección de gobernador en el Estado de México,  han tenido su desenlace a través de las decisiones de los magistrados electorales.

Dada la trascendencia de sus resoluciones, considero que la selección de dichos nombramientos debería de cambiar y obedecer a capacidad y conocimientos en materia electoral, específicamente debido a que su designación puede obedecer a cuotas o pactos entre partidos o grupos políticos si es que se continúa bajo la consideración del legislativo.

Hace un par de días, la Sala Superior tomó una de las decisiones más controversiales y quizá en mi opinión carente de argumentación o sentido jurídico, al permitir que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” ahora forme parte de la boleta electoral para la Presidencia de la República, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales necesarios para obtener la candidatura por la vía independiente ya que entregó al Instituto Nacional Electoral documentación apócrifa e inclusive credenciales de ciudadanos que ya habían fallecido.

Las candidaturas independientes definitivamente han venido a abonar a nuestro sistema electoral; sin embargo, estas tampoco son la panacea y su implementación no debe de confundirse con el populismo o el afán de obtener poder sin tener la capacidad, los conocimientos y la experiencia necesarios para ser legislador, presidente municipal, gobernador y mucho menos Presidente de la República.

Si queremos procesos electorales limpios, debemos pugnar porque los árbitros que diriman la contiendan comiencen por ser personas probas y no irresponsables que acaben con la credibilidad de las instituciones que tanto se han deteriorado por los detractores de la democracia. Las contiendas por la Presidencia promete ser una batalla que requerirá un gran escrutinio por parte de los magistrados electorales; batalla en la que todos ya sabemos quien (sic) será capaz de armar no sólo una defensa de su votación a nivel jurídico, sino que amenaza con lacerar a las instituciones y a la propia ciudadanía como hace doce y hace seis años.

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Twitter: @davidrrr

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