El Tribunal Electoral del Estado solicitó una ampliación presupuestal; el presidente Salvador Hernández Gallegos, dice que son insuficientes los 15.3 millones que les asignaron para este año, y que requieren 2.4 millones más, bajo el argumento de que tienen que pagar al ISSSSPEA 875 mil pesos.
El oficio se dio a conocer en la sesión de la Diputación Permanente y al término de la misma, hubo diputados que aclararon que dicho monto se trata de aportaciones de los servidores públicos y la cuota que paga el patrón; y que si los recursos no le alcanzan al TEA, que hagan ajustes en el reglón de servicios personales, fundamentalmente al tabulador, ya que el sueldo mensual de los magistrados es de alrededor de 115 mil pesos, de acuerdo a la información que aparece en el portal de la dependencia.

EMPLEADAS DOMÉSTICAS. En otro punto de la sesión, el legislador Cuauhtémoc Cardona Campos, presentó una iniciativa de ley que proteja y garantice los derechos laborales de empleadas domésticas. Expuso que las trabajadoras de este ramo ya son consideradas como grupo vulnerable, que enfrenta discriminación y afectación de sus derechos laborales, además de que sufren trato inferior por parte de sus patrones y “muchas de ellas no cuentan con seguridad social; incluso, en algunos casos son víctimas de acoso sexual”.
Habló de la importancia de contemplar la obligación de celebrar un contrato laboral entre las trabajadoras en el hogar y sus empleadores, en el que estarían exentas de realizar actividades extras como el cuidado de infantes y adultos mayores. Señaló que en el 95% de estas relaciones laborales, sólo se acuerda de palabra, y refirió que según un estudio del Consejo Para Erradicar la Discriminación (Conapred), “alrededor del 80% de empleadores están dispuestos a firmar un contrato laboral”.
La iniciativa también contempla que aquellas trabajadoras domésticas que realicen labores por más de cuatro horas, tengan derecho a alimentación brindada por la familia que la emplea.
La propuesta de Ley se aplicará desde una perspectiva de derechos humanos, buscando siempre la mayor protección para las empleadas domésticas; corresponde al Gobierno del Estado, a través del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, crear conciencia entre la población sobre los derechos de las empleadas domésticas a la no discriminación, a una vida libre de violencia en el ámbito laboral y a condiciones laborales.