Al Congreso del Estado llegan diariamente quejas por el mal servicio de CAASA, ya sea por cobros abusivos o porque se sigue facturando aire por agua, además de que no atienden oportunamente los reportes por fugas de agua, lo que propicia la inundación de calles, como sucedió recientemente entre primer anillo e Independencia, destacó la diputada Citlalli Rodríguez González.

Hizo hincapié en que ha llegado al Parlamento, gente con recibos de 60 o 100 mil pesos de viviendas humildes, lo que demuestra la voracidad de la empresa, siendo que las familias que apenas tienen para comer, nunca podrán pagar esas cantidades derivadas de una medición errónea.

“Como está por vencerse la concesión, la empresa quiere hacer el mayor negocio posible, a costa de amedrentar a la gente más necesitada; como por ley ya no puede cortar el agua, amenaza con embargos, pero como se trata de gente tan pobre, quizá la empresa piensa embargar a los hijos”, comentó irónicamente, pues se trata de gente que carece de bienes embargables.

Destacó que el servicio del agua es el más costoso, el más deficiente y el más necesario, porque es vital para la población, de ahí que CCAPAMA debe exigirle a CAASA un buen servicio, en vez de ser cómplice de sus abusos.

“Si el consorcio no ha podido mejorar el servicio en 24 años, difícilmente lo hará en los seis que restan de la concesión”.

Añadió que el Municipio capital sabe que no puede deshacerse de la concesionaria en estos momentos, porque le implicaría una fuerte indemnización, pero precisamente el año próximo se debe ratificar la concesión o eliminarla y sin duda será lo último, ya que constituye una promesa de campaña.

La decisión que tome el Ayuntamiento capitalino en el 2018 será una prueba de fuego, ya que se definirá si se recurrirá a otra empresa para la prestación del servicio, o si el Municipio retomará las riendas del suministro.

La concesión era sólo por 20 años, pero el otrora alcalde Alfredo Reyes, la amplió a 30 años, de ahí que concluye en el 2023.

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