Diariamente un promedio de ocho ciudadanos en Aguascalientes se inconforman ante tribunales al considerarse agraviados por algún acto de Gobierno, informó el presidente de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, Rigoberto Alonso Delgado.

Todos ellos demandan ante la autoridad jurisdiccional la nulidad de acciones o decisiones de las diversas instancias de los gobiernos locales, exponiendo las razones por las cuales el actuar oficial afecta sus intereses o su vida.

En ese sentido, dio a conocer que en lo que va del año la Sala Administrativa ha radicado un total de 573 asuntos que en promedio equivalen a 8 juicios diarios, una cantidad que se ha mantenido estable respecto de los juicios interpuestos en esta SA el año anterior.

El mayor volumen de asuntos se ha presentado en contra de los cobros que hacen las autoridades en los diferentes municipios de la entidad por concepto del Impuesto Predial, considerando que los montos señalados no corresponden al avalúo de sus propiedades.

En este caso, dijo que en el periodo del 1° de enero al corte del 15 de marzo, un total de 193 propietarios de bienes inmuebles han apelado esta obligación a través de igual número de juicios de nulidad que actualmente están en trámite.

En orden de importancia le siguen las quejas de la población por los cobros indebidos que aplica la empresa concesionaria del servicio de agua potable en el municipio de Aguascalientes, la cual suma hasta el momento un total de 156 expedientes que combaten sus acciones.

El magistrado Alonso Delgado dijo que un tercer tema que combate la ciudadanía con mayor frecuencia son los actos de Gobierno en materia de vialidad, con un total de 129 casos en el lapso, que significan el 22.51% del total de asuntos tramitados ante la Sala.

Esta instancia jurisdiccional ha conocido en el periodo 11 juicios en contra de créditos fiscales; 10 casos de inconformidad por destituciones de cargo; así como expedientes relacionados con clausuras en visitas de verificación y casos de responsabilidad de servidores públicos.

Igualmente, juicios por responsabilidad patrimonial, concesiones, negativas en materia de desarrollo urbano, multas por alcoholímetro, tenencia vehicular, licitaciones públicas y resoluciones administrativas, entre otros.