La Fiscalía General del Estado atendió en la primera mitad del año un total de veintinueve solicitudes de apoyo económico presentadas por víctimas de delitos, informó su titular Jesús Figueroa Ortega.
Detalló que los recursos fueron canalizados principalmente para la cobertura de gastos por concepto de servicios funerarios y de atención médica, así como de transporte, hospedaje y alimentación.
En ese sentido, recalcó que el Fondo de Atención a Víctimas atiende principalmente a quienes han sido ofendidos por delitos como el homicidio, las lesiones dolosas o culposas, además de violencia intrafamiliar y trata de personas.
En el marco de la reunión bimestral de la Comisión de Análisis del Fondo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado, reiteró el compromiso de la institución para vigilar la adecuada aplicación de los apoyos del fondo.
“De acuerdo a las reglas de operación de dicho Fondo, corresponde a la Comisión recibir el expediente de solicitud de apoyo económico de la víctima u ofendido del delito, aprobar o declararla improcedente, previa valoración”.
Esto incluye tomar en cuenta el daño psicoemocional y patrimonial vivido por la víctima, así como el tipo de apoyo que en su caso requiera para disminuir el impacto del hecho punible; tratándose de tipo económico, debe fijar la cantidad líquida.
Además, establece los mecanismos de coordinación entre las autoridades obligadas a la atención y protección a la víctima, con objeto de conjuntar esfuerzos en la aplicación del marco normativo de la materia en beneficio del usuario.
De igual modo, promover la celebración de acuerdos y bases de colaboración con instituciones públicas, privadas y empresas, para mejorar el apoyo que se brinde a las víctimas, así como observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las reglas de operación.
“Cuando procede el apoyo del Fondo, la Comisión determina el tipo y condiciones de ejercicio del recurso para garantizar la disminución del impacto del delito”.
En la sesión participaron los representantes de la Secretaría de Finanzas, del DIF Estatal y de la Dirección del Servicio a Víctimas, así como el vicefiscal jurídico, integrantes legales del organismo.