Con el pleno apoyo político del candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, el diputado federal priista, Jesús Gilberto Rodríguez Garza, presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 22 de la Constitución, a fin de incluir la pena de mutilación a funcionarios corruptos y la pena de muerte a homicidas, secuestradores, violadores, genocidas y traidores a la patria.
El diputado Jesús Gilberto Rodríguez Garza entregó en la mesa directiva del Senado su iniciativa de reforma constitucional y un oficio dirigido al senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que pide se inscriba su proyecto en el orden del día de la siguiente sesión del órgano legislativo para que sea turnada para su dictaminación. Ante los periodistas propuso que se discuta y vote antes de que concluya agosto, ya que es un reclamo general de la sociedad el imponer castigos ejemplares por corrupción y crímenes violentos.
El representante legal de Rodríguez Calderón, Juan Morales Alcántara, dijo que el candidato presidencial se ha pronunciado por la mutilación de los servidores públicos corruptos, que la recibido una amplia aceptación de la sociedad, y también respalda la iniciativa de pena de muerte, y en este punto destacó que el proyecto pide este castigo para quienes maten a elementos de la fuerza pública y del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa deroga la prohibición de las penas de muerte y mutilación, del compendio de castigos legales.
Indica que “se impondrá la pena de mutilación a los servidores públicos que cometan los delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y cualquier otro cometido por estos en detrimento del patrimonio de la nación”.
Incluye que “se impondrá la pena de muerte a quien cometa los delitos de homicidio, secuestro, violación, genocidio y traición a la patria”.
Explica que “no será necesaria la acreditación de cualquier agravante para los delitos de violación a menores de edad; homicidio en contra de elementos de las instituciones de seguridad pública, del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, el ejercicio de sus funciones”.
También incluye en los sujetos de pena de muerte “a quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre aun gratuitamente o prescriba algún narcótico que por su uso indebido o abuso constituyan un problema grave para la salud pública”.
Aunque el diputado Rodríguez Garza dijo a los reporteros que por hechos de corrupción no se aplicaría pena de muerte, el texto de la iniciativa de reforma constitucionales se impondrá pena de muerte “por causas de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos señalados en el artículo 111 de la Constitución, que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen justificar”.
El legislador priista dijo que en esta iniciativa, cuyos motivos comparte con el candidato presidencial independiente, la promoverá entre los diputados y senadores, y señaló que en su contenido es afín a una del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que pide la pena de muerte. Aclaró que este proyecto lo lleva adelante sin acompañamiento de sus compañeros del PRI.

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