Salvador Rodríguez López

Cuando los taxistas denunciaron que el servicio Uber representaba una competencia desleal, al grado que provocó reducción de su trabajo hasta en un 30%, hubo quien consideró que lo hacían por resentimiento, ya que había campo para todos, sin embargo hoy se sabe que tenían razón.
La Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot) calcula que están en circulación alrededor de 1,500 unidades Uber, que rivalizan con poco más de 6,000 taxis que hay en el estado.
Desde su origen, el transporte de taxis ha estado regulado por el gobierno del estado, por lo que es el único facultado para otorgar las concesiones y cuyo trámite no es “enchílame la otra”, por consiguiente de más de 22,000 solicitudes que hay, sólo se otorgan entre 200 y 300 en un sexenio, como parte de una política que asegure sea una actividad rentable.
Asimismo, hay reglas para que los taxis que operan en la central camionera lo hagan únicamente en ese lugar, en tanto los del aeropuerto tienen permiso federal y no pueden levantar pasaje en su recorrido, por lo que en ambos casos deben circunscribirse a sus bases.
Esta ilación se rompió los últimos años con el arribo de Uber, empresa trasnacional procedente de San Francisco, California, que al igual que lo hace en varias partes del mundo, inició labores aquí sin autorización oficial, aunque desde su arranque contó con la tolerancia de las autoridades, que pese al reclamo de los taxistas hizo oídos sordos.
Al comenzar la nueva administración estatal se creyó que aplicaría la ley, pero han pasado nueve meses y en lugar de evitarlo el titular de la Seguot, Armando Roque Cruz, anunció que la empresa Uber será regulada, “para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía” y principalmente de “plena seguridad” para los usuarios, lo que asegura su permanencia y cubriéndolo con un manto de legalidad.
El número de vehículos Uber se desconocía, pero ya el funcionario se encargó de mencionarlo: 1,500, “aunque la mayoría no se conecta todo el día, sólo unas horas”, apuntó, desestimando prácticamente que hubiese perjuicio para el gremio taxista, sin tomar en cuenta que esos vehículos están en funciones las 24 horas del día al estar conectados a una aplicación que les indica el lugar al que deben acudir.
El titular de la Seguot sostuvo que se trabaja en la iniciativa de la nueva Ley de Tránsito, en la cual se incluirá que este tipo de transporte no pueden “ruletear”, hacer sitio, ni cobrar en efectivo, sólo con tarjeta de crédito, por lo que se aplicarán sanciones a quien no se ciña a esas disposiciones.
Hasta la fecha varios choferes de Uber ofrecen sus servicios en cualquier punto de la ciudad, por lo que el cobro es en efectivo, lo que ha provocado altercados con los taxistas que tratan de evitar que les arrebaten el trabajo, sin mayor resultado, de lo cual están en pleno conocimiento en esa dependencia, al citar el titular de la Secretaría de Gestión Urbanística que “”se han detectado vehículos que se hacen pasar por Uber y ofrecen sus servicios a la gente que ven que espera taxi y tratan de engancharlos, diciéndoles que les cobrarán lo mismo que un taxi”, situación de la que no se ha informado que se capturó a alguna persona por usurpación, o para investigar si han estado inmiscuidas en algún hecho delictivo.
Asimismo, en los primeros meses de este año hubo un movimiento de 43 taxistas que exigieron cancelar las concesiones que entregó la pasada administración y se les adjudicaran a ellos, lo que a final de cuentas no prosperó por la sencilla razón que es una potestad que tiene el gobernador del estado de concederlas a quien desee y mientras no cambie la ley seguirá así, sin saber los descontentos que de manera ilegal 1,500 estaban en las calles y que no requirieron permiso alguno. Sólo les bastó la autorización de la empresa Uber para ofrecer sus servicios.
Tampoco se sabe el destino que tuvieron los 50 taxis ecológicos último modelo que funcionaron hasta diciembre pasado, pese a que desde un principio se mencionó que pertenecían al parque vehicular del gobierno, ni cuál fue el destino laboral de los choferes, vehículos que por cierto circularon sin que se comunicara si lo hacían bajo una concesión, un permiso provisional o al igual que los de la plataforma digital, con boina invisible.

ESTIRA Y AFLOJA
Aunque el Ayuntamiento ha puesto algunas piedritas en el camino, a final de cuentas no tendrá otra salida que permitir que se construya las 14 mil viviendas que se programan en un predio aledaño al Bosque Los Cobos, debido a que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está de acuerdo, bajo el compromiso de que vigilará que no se perjudique el espacio natural, lo que difícilmente va a lograr ya que los funcionarios que hoy lo autorizan son aves de paso.
Desde un principio se mencionó que va a ser muy complicado que se logre ese objetivo, porque aún cuando no se edifique directamente en el bosque, habrá una afectación inevitable por el número de personas, de casas y vehículos que habrá a poca distancia.
Las agrupaciones ambientalistas reiteran la exigencia a los tres niveles de gobierno que impidan la construcción del fraccionamiento, programado en un espacio de 140 hectáreas, de las 5,000 que abarca el lugar que se ubica al suroeste de la ciudad.
Consideran que además de ser atentatorio a lo que la Madre Naturaleza produce, resulta ilógico hacerlo justamente en un sitio arbolado de los pocos que aún tiene Aguascalientes, pese a que en la ciudad hay 57,000 viviendas deshabitadas y de las 13,000 hectáreas que consta la mancha urbana, 4,000 están sin uso, lo que equivale al 30% del área capitalina que está desaprovechada y cuenta con todos los servicios básicos, como agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público, etc.
Para el miembro del Comité de Vigilancia Ambiental de la Subcuenta de Los Cobos, Agustín Bernal Inguanzo, si no se puede o no se quiere emplear las viviendas desocupadas, “se podría construir en los espacios baldíos integrando a los trabajadores socialmente, viviendo cerca de áreas comerciales, culturales y deportivas”.
Por su parte Miguel Vázquez Sánchez, presidente del Comité de Guardabosques de la Subcuenca de Los Cobos, estableció que de construirse un fraccionamiento en esa zona, implicará un daño irreversible en términos ecológicos, hidrológicos, geológicos y de patrimonio cultural. Fragmentar ese ecosistema por medio de un desarrollo habitacional, dijo, “propiciará el inmediato desplazamiento y posterior desaparición del ecosistema ancestral y el riesgo de desaparición y alteración de los vestigios de los primeros pobladores asentados en esta zona, además de algunas estructuras de cimentación”.
El daño que habrá está claro, basta un breve ejercicio para entenderlo. Si cada una de las familias que residirán en el fraccionamiento tiene un vehículo serán 14,000 lo que circularán todos los días y a cualquier hora por el lugar, con lo que esto significa en contaminación y ruido, que indefectiblemente afectará la zona arbolada, pero que una vez que esté ocupado el lugar van a requerir de construir o ampliar avenidas y como ha ocurrido en otros lugares empezará por derribar “unos pocos” géneros y con el tiempo se achicará la mancha verde, con lo que quiérase o no desaparecerán especies de animales que han habitado el lugar desde hace cientos de años. Es algo que no se quiere aceptar pero que está a la vista.

SÓLO UNO FUE ELECTO
Las diferencias que han surgido entre el presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Berumen de la Cerda y el presidente de Movimiento Ciudadano, Jaime Durán, debido a que el primero considera que debe haber un máximo de tres partidos, y el segundo defiende la “pluralidad de opciones partidistas” y le pide que no se meta con ellos, podría concluir con pedirle a cada uno que informen cómo llegaron al cargo que ocupan, lo que en principio demostrará cuál de los organismos es democrático y a partir de ahí establecer la pauta a seguir.

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