Jesús Eduardo Martín Jáuregui

Ayer se conmemoraron 50 años de la tarde de Tlatelolco y todavía un escalofrío me recorre la columna vertebral, mi piel se eriza y la angustia me sofoca. ¿Cómo pudo ser? ¿Por qué?     

                                        

Soy de la generación del 68, me tocaron algunos de los sucesos del llamado “movimiento estudiantil”. Algunas marchas, algunas guardias en C.U., la distribución de panfletos, las brigadas de información, no el 2 de octubre. La arenga democrática de entonces se transformó ese día en un alarido de dolor, impotencia, furia, estupor y luego en silencio, pero continuaron los estertores y ahora cinco décadas después las reivindicaciones republicanas de entonces se vuelven a escuchar. Ojalá que ahora encuentren oídos para escuchar.

Hace unos días un juez de Tamaulipas ordenó la creación de una comisión para que el gobierno investigue, de nueva cuenta, e informe los hechos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que 43 alumnos de la Normal Isidro Burgos fueron secuestrados y continúan desaparecidos.

El Gral. Salvador Cienfuegos, titular de Sedena, declaró que la comisión “representa un riesgo para las actividades operativas que tiene encomendadas el instituto armado”.

Un lector de noticias, ahora les llaman comentaristas, aunque no se apartan ni un ápice de su “línea editorial”, señaló al aire en una cadena nacional radiofónica que sería muy peligroso formular una denuncia en contra del Ejército mexicano, y proceder a una investigación porque se estaría cuestionando al último bastión de la seguridad y el orden, palabras mas, palabras menos. Considero que tiene razón, aunque creo que mis razones difieren de las del comunicador. La lealtad del Ejército ha sido proverbial aunque Victoriano Huerta y Saturnino Cedillo formaban parte también del ejército, el Colegio Militar y el propio cuerpo armado como institución, finalmente coadyuvaron para la institucionalización de la revolución y la instauración de una “paz” que, mal que bien, ha permitido la continuidad y recientemente la alternancia.

El Ejército ha sido una institución a la que durante muchos años no era factible cuestionar, menos aún condenar. La disposición constitucional que señalaba, por ejemplo, que cuando “paisanos” (sic) se viesen envueltos en hechos presuntamente ilícitos con personal de las fuerzas armadas, conocerían los tribunales del orden común, fue letra muerta. Aferrados a disposiciones del ordenamiento de justicia militar, evidentemente anticonstitucionales (decían lo contrario a la carta magna), continuaron violando la Constitución al conocer los tribunales militares de las conductas de militares involucrados con “paisanos”. El Poder Judicial como el comisario del corrido de Pancho Madrigal, fue, si no muy valiente, bastante muy precavido, de manera que los tribunales militares siguieron despachándose con la cuchara grande.

Fue hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algún momento presidida por el Dr. Sergio García Ramírez, conminó al estado mexicano a tomar medidas acordes con los compromisos internacionales, que se modificaron el artículo primero constitucional, sin duda la reforma mas importante en materia de Derechos Humanos desde el 5 de febrero de 1917, se modificaron otras disposiciones y se hizo efectiva la sentencia que condenó al estado mexicano a indemnizar a la familia de Rosendo Radilla, por su desaparición forzada a manos de un grupo de soldados del Ejército mexicano. Como en muchos otros casos, incluso en reformas electorales, fue necesaria la presión del extranjero para modificar las regulaciones legales de nuestro país. ¡Bienvenidas si con ellas avanzamos en la legalidad y en la democracia!.

No ha sido la única condena a soldados y seguramente habrá más. Ello no significa ni que el Ejército como institución no sea respetable, ni que el desdoro de unos se extienda a todo el cuerpo armado. La madurez y prudencia debe privar, tanto en los que defienden a rajatabla a las instituciones y no admiten la posibilidad de que sean cuestionadas por ningún concepto, como en los que consideran con una visión anarquista ciertamente “demodé” que las conductas ilícitas de unos, como el “original”, sea un pecado específico que contamine a todos los miembros de la especie.

Sin duda la decisión del presidente Felipe Calderón, tomada presumiblemente en un rato de no conciencia plena, ha sido la mas mortífera decisión presidencial, dados los resultados, salvo quizás la decisión de suspender los cultos religiosos del general Plutarco Elías Calles, que diera origen a la “Cristiada”. El costo de su “guerra contra el narcotráfico” matizada luego como “combate a la delincuencia organizada” ha sido altísimo, en miles de vidas, en miles de desaparecidos, en millones de adictos, en miles de millones de pesos del presupuesto que bien pudieron haberse destinado al apoyo profesional a los adictos. Lo he dicho y lo repito, estoy plenamente convencido de que, mientras las adicciones se sigan viendo como una cuestión de seguridad nacional y no como un problema de salud pública, los resultados negativos seguirán aumentando.

La decisión de Calderón forzó a las fuerzas armadas, Ejército y Marina a desempeñar funciones para las que no se encontraba y probablemente no se encuentra preparado. La policía debe actuar bajo un protocolo de uso de la fuerza, porque su función parte de preservar las vidas de todos los involucrados en hecho ilícito, para lograr el castigo del infractor y su eventual reinserción, garantizar la reparación del daño a los ofendidos, preservar el estado de derecho y la seguridad pública. En tanto que las fuerzas armadas son preparadas para aniquilar al enemigo.

El Ejército como toda entidad pública tiene una responsabilidad ante la soberanía popular, que para efectos de gobernanza se divide en varias funciones (antes poderes), a nadie debe ni sorprender, ni preocupar, menos alarmar, que cualquier servidor público que presuntamente viole la ley, pueda ser llamado a cuentas por las instancias de autoridad correspondientes. No es sano para un sistema democrático que se cuestionen las instituciones cuando desempeñan sus tareas, y eso incluye a la función judicial, aún cuando juzgue a integrantes del Ejército o la Marina.

En prácticamente todos las “ciudades militares” e instalaciones de la Sedena, en el país, el general Salvador Cienfuegos, ordenó colocar y allí están, letreros claramente visibles en que las fuerzas armadas por su conducto, hacen profesión de respeto a la legalidad y a los Derechos Humanos. He aquí una magnífica oportunidad para la institución armada de ratificar la confianza que el pueblo le tiene, sometiéndose como debe ser en una república, a los órganos jurisdiccionales, a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, como todos los que desempeñamos un empleo, cargo o comisión pública protestamos.

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