Salvador Rodríguez López

Conocer la ley y subordinarse a ella es una obligación que, sin excepción, tienen todos los habitantes y las autoridades, como un principio de respeto mutuo, lo que da origen a la convivencia que debe existir en cualquier núcleo social, sin embargo hay situaciones que en lugar de buscar esa armonía impone condiciones que estropean la relación.
Parte de la culpa de que suceda la tienen los diputados y las diputadas, que son los encargados de crear o modificar el entramado jurídico y en el que se basan los gobiernos para imponer los criterios que lastiman moral y económicamente a diversos núcleos.
Propietarios de negocios de comida, de bebidas y concesionarios de taxis, enfrentan situaciones de la que no es responsable y sin embargo les clausuran el negocio, los obliga a pagar fuertes multas y en el caso de los taxistas corren el riesgo de que les cancelen el permiso.
Es práctica común que cuando sucede un pleito en un bar, cervecería, antro o cualquier sitio similar, y hay heridos o muertos, de inmediato se colocan los sellos de clausura, pese a que en el resultado no tuvo nada que ver el negocio. El cierre puede durar días o semanas y para reabrirlo se tiene que pagar una sanción económica y con la advertencia que si vuelve a ocurrir algo semejante la clausura será definitiva.
Se podrá alegar todo lo que quiera, pero es un abuso el que se comete, que no sólo perjudica al lugar sino que rompe la cadena productiva puesto que daña al dueño, a los trabajadores y a los proveedores, algo de lo que se ufanó la autoridad municipal en la pasada Feria de San Marcos, al informar que varios lugares fueron clausurados dos o tres días por supuestas faltas y volvieron a funcionar una vez que pagaron la multa, pero esas fechas que no laboraron significaron fuertes pérdidas teniéndose en cuenta que la verbena dura tres semanas.
A los propietarios de los automóviles de alquiler les tiene la guillotina muy cerca, con las amenazas de la dirección de vialidad de cancelar la concesión cuando el chofer es sorprendido en estado de ebriedad o bajo los efectos de otra droga, o que utilice el vehículo para el traslado o venta de estupefacientes.
Son cuestiones en que no tiene nada que ver el concesionario, por lo que de haber alguna responsabilidad es del operador, que trabaja con plena libertad y su relación con el propietario de la unidad es aportar al término del turno la cuota acordada (liquidación). Es un despropósito imputar un delito a quien le es materialmente imposible vigilar al trabajador, ya que el convenio que ambos establecen es de buena fe y si uno de ellos falla no puede arrastrar al otro al precipicio.
Por su parte, la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), a través de su presidente Claudio Innes Peniche, recriminó que se castigue a los negocios y no a los fumadores, que muchas veces se niegan a apagar el cigarrillo, por consiguiente es a ellos a quien debería de sancionarse.
Aunque se tienen avances en el programa contra el tabaquismo en lugares cerrados, dijo que hay clientes que rehúsan escuchar la petición que les hace el personal y en su indisciplina provocan un problema al lugar, por lo que la aplicación de la ley debe ir en contra del adicto, ya que es el directamente responsable.
Mencionó que hay quienes se ofenden porque les piden que no fumen y en abierto reto encienden el tabaco, mientras que otros esperan que no los sorprenda un inspector sanitario y sólo piden “un ratito” para consumirlo, pese a que hay indicativos que prohíbe esta práctica.
Es correcta una campaña de esa naturaleza, estimó el líder de la Canirac local, ya que todo lo que sea a favor de la salud siempre es bienvenida, pero tiene que haber criterio de quienes hacen las leyes y de los que las aplican para que de haber correctivos se impongan a los que cometen la falta.
De lo puntualizado en cada uno de los párrafos es sólo una parte de lo que ocurre en la vida diaria y en donde justos pagan por pecadores, cuando lo razonable es que “quien la hace que la pague”, como sentenciaba un programa de radio.

CAMISA DE FUERZA
Los candidatos a un cargo de elección popular son presionados para que se sometan a los vínculos y razonamientos de diversas agrupaciones y quien no lo hace es exhibido como un “enemigo” de la sociedad, acusándolo de que “algo” oculta y por lo mismo no merece el voto de los ciudadanos.
En las actuales campañas algunos ya accedieron a firmar un escrito que los compromete a luchar por esos “preceptos”, consecuentemente, en caso de no cumplir les irá como en feria, aún cuando a la hora de la verdad – en las sesiones del Senado, de la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado -, la aprobación o rechazo de los dictámenes es por mayoría absoluta o por mayoría simple, por lo que el comprometido nada podrá hacer por evitar que se haga en una u otra manifestación.
Por un lado se pone a la vista a quienes no han presentado su declaración 3de3 (de intereses, patrimonial y fiscal), lo cual no es obligatorio para los candidatos, pero “el no hacerlo se ha convertido en una acción que puede generar grandes costos políticos”, afirmó en abril pasado Alexandra Zapata, directora de educación e innovación cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Al mismo tiempo deslizó un correctivo: “Hemos logrado construir una cultura en donde el costo político de no presentar estas declaraciones se vuelve cada vez más caro y un candidato que quiere ser competitivo con un discurso de transparencia y rendición de cuentas ya no puede pensar en no presentar su 3de3, y eso evidentemente es una buena noticia”.
A los que sí obliga es a quienes tienen un cargo público, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (conocida coloquialmente como “Ley 3de3”), que entró en vigor en julio de 2017. De acuerdo con el artículo 29, todas las declaraciones patrimoniales y de interés “serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”
Por otra parte, a los aspirantes a ser parte del Congreso de la Unión o del Congreso local se les pide que suscriban el acuerdo de oponerse al aborto, a que se iguale el matrimonio tradicional con la unión entre personas del mismo sexo y que éstas puedan adoptar niños, y que estarán en contra de la diversidad de género, entre otras demandas, que una vez firmadas los hace adherentes a esas ideas y por consecuencia se convierten en el brazo legislativo.
Sólo una parte mínima de candidatos y candidatas obtendrán el triunfo, si se considera que para cada cargo en juego hay cuatro o cinco aspirantes, pero con la adherencia que hicieron seguirán atados a esas agrupaciones mientras estén en el proscenio político, porque si en algún momento pretenden cambiar de opinión recibirán la resonancia de su vida.

LA MISMA HISTORIA
Como dice el clásico, había una vez un personaje que quiso jugar tenis, por lo que adquirió el uniforme blanco, los zapatos tenis, la raqueta y las pelotas, creyendo que con esto bastaba para que ser uno más de los participantes en el club, sin embargo pronto se dieron cuenta los demás que no tenía ni idea de lo que era este deporte, pero él insistía una y otra vez y siempre había manera de no admitirlo en la “reta”, entonces tuvo una inspiración: aunque no quieran me van a aceptar y recibiré el mismo trato que los demás. Se inscribió en la categoría de primera fuerza, lo que de inmediato fue rechazado, sin embargo demostró que en la convocatoria no señalaba que debía tener experiencia o haber jugado en otra categoría, por lo que no quedó salida que acceder y los 12 jugadores que en ese nivel había entonces tuvieron que resistirlo, logrando un récord de “zapatos” (6-0, 6-0), no obstante logró su anhelo de jugar en el máximo nivel local. Cualquier semejanza de esta historia con algún interesado en ocupar Los Pinos es simple coincidencia.

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