A pesar de que la Ley para prevenir y erradicar la discriminación obliga a que todas las instalaciones públicas sean accesibles a las personas con discapacidad, resulta que en más del 70% de los espacios públicos se carece de infraestructura para prestar atención digna y adecuada a quienes tienen discapacidades de distinta índole.

La diputada Karina Banda Iglesias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, comentó que en atención a lo que se indica a la Ley, se ha hecho ya una revisión de los edificios públicos principalmente y se ha encontrado que donde no había rampas se instalaron, pero son de lámina y ello dificulta el acceso a quienes utilizan silla de ruedas. En otros casos, la inclinación de las pendientes no es la adecuada, como en las oficinas del Palacio Legislativo.

La legisladora refirió que una vez aprobada la Ley en cuestión, se había acordado promover que todos los inmuebles públicos en el estado deberían tener un diseño universal de espacios o accesos a personas con discapacidad, sin embargo no se ha cumplido con esto. “De continuar así, con simples promesas, discursos y obligaciones de papel, además de no contar con la reingeniería necesaria en los espacios públicos, entonces se estaría revictimizando a quienes ya de por sí enfrentan dificultades de inclusión”.

Finalmente, dijo que será conveniente dejar plasmado en ley que no se trata sólo de una sugerencia sino de una obligación, “tenemos que dejar por escrito que no es promoverán, sino deberán generarse condiciones para atender a todas las personas por igual”, aseveró.