Aunque la Fiscalía General del Estado acepta que hay 110 personas desaparecidas, no menciona que tenga un grupo especial para localizarlos, por lo que todo resultado está sujeto a un  “chiripazo”, o a que los familiares lo encuentren vivo o muerto.

Recibir la denuncia es sólo el principio de una causa pero no puede quedar ahí y que pase a ser parte del acumulado que se hace ante la agencia del ministerio público, sino que debe activarse la autoridad investigadora para tratar de ubicarla.

Aguascalientes es parte del resumen nacional de personas extraviadas, que aún cuando es mínimo el número en relación con los casi 40 mil que se tiene documentado en el país, de cualquier manera, así fuera uno, es sumamente doloroso para sus allegados no saber que ha sido de ellas.

En el informe del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) que presentó el pasado 25 de junio el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó de “muy severa” la emergencia forense en México, asimismo se confirmó que desde 2006 hay en el país 33,443 cadáveres, de los cuales no existe claridad ni el certificado de defunción y tampoco la autopsia, además un número indeterminado fueron inhumados en fosas comunes con el argumento que existía una sobrecarga de los servicios forenses.

En base a los datos aportados por el gobierno federal debería investigarse si alguno de los cadáveres que se encuentran en esos lugares corresponde a los aguascalentenses y de manera paralela continuar las indagatorias para tratar de localizarlos con vida.

Es innegable que para lograr esos objetivos se requiere de suficientes recursos económicos, con lo que se pueda contratar a un grupo interdisciplinario que trabaje en la investigación y seguimiento de pistas en cualquier parte del país y que los forenses vayan a los depósitos de cuerpos para determinar, en base a pruebas de ADN, si alguno corresponde a quienes han desaparecido aquí (acción que debe comenzar desde el momento que se registra la denuncia para que los familiares aporten el respectivo ADN que facilite los trabajos).

En este sentido tienen la palabra el gobierno del estado y los ayuntamientos que permita crear un fondo y así realizar una labor sin límite de tiempo, lo que lógicamente debe estar autorizado por el Congreso del Estado que debe establecer las reglas para su manejo y destino.

A la propia Fiscalía le incumbe proponer la creación de esa base financiera, con la cual logre llevar a cabo las tareas que – sin equivocación alguna – sería una de las más importantes de cuantas están a su cargo, teniéndose en cuenta lo que significa para la sociedad recibir información fidedigna de quienes se encuentran en calidad de ilocalizables.

El titular de la dependencia, Jesús Figueroa Ortega, detalló que entre las 110 reclamaciones la más antigua corresponde a los nueve trabajadores que en 2007 fueron plagiados en el bar Maverick, mientras que en el presente año se han presentado dos denuncias, una es de un menor de edad que no ha sido hallado y otra de un adulto que fue encontrado fallecido en el fraccionamiento Lomas de Santa Anita, asimismo está el caso un empleado de una vinatería y un presunto pepenador, por el que un ex jefe policíaco y varios de sus subalternos están en prisión al considerarse que pudieron haber intervenido en su desaparición.

NO CONVENCE

Desde diversos estratos sociales reprochan al presidente Andrés Manuel López Obrador los resultados que tuvo en su primer año de gobierno y exigen un golpe de timón para que seguridad, economía y derechos humanos se tenga un rumbo distinto, como única forma de evitar que el país continúe serpenteando.

Empresarios, representantes obreros, líderes políticos, y agrupaciones de comerciantes temen que el próximo año siga la misma línea de 2019, con un crecimiento cero, un aumento de la criminalidad que el sábado pasado casi tocó las puertas de Palacio Nacional y siga conculcándose las garantías ciudadanas.

Existe coincidencia con lo expresado por el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Cossío Díaz, que en su visita a Aguascalientes señaló que “es incierto y hasta peligroso” el futuro de los derechos humanos en la República, a consecuencia de la polémica designación de Rosario Piedra por el Senado, como titular de la CNDH.

Dijo que existe el peligro de que pudieran realizar negligencias en la protección de las garantías individuales, en ambientes como el flujo migratorio y en la regulación de la fuerza en la Guardia Nacional, por citar algunos.

Es lamentable que el Presidente de la República hubiera perdido lo que consideró como “una gran oportunidad para dar golpes de precisión en la materia”, ya que lo ideal habría sido que la persona elegida al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuera ajena al partido político de López Obrador, para que tuviera total independencia en los señalamientos necesarios ante cualquier vulnerabilidad de las personas, lo que lleva a que en el renglón de salvaguardias tenga que remarse a la deriva.

Cosío Díaz estableció que al presidente le hubiera servido tener “una persona muy conocedora y profesional, desvinculada a él. A lo mejor se sintió retado por las fuerzas sociales y reaccionó imponiendo a esta persona. Yo creo que sí existen riesgos de que sea un presidente de Derechos Humanos que no señale y que no sea participativo. Se quedó a ciegas en esta materia”.

De la misma forma consideró posible que se concrete la intromisión de la fuerza militar de los Estados Unidos al país, en contra de los cárteles mexicanos, amenaza que no ha sido eliminada por el presidente Donald Trump, sólo aplazada, luego de que los calificó de terroristas, lo que según una ley de EU le autoriza a intervenir en cualquier país para aniquilarlos.

El exhorto a AMLO para que cambie su actitud en los que hoy son los principales temas de la agenda nacional, es para evitar que México entre en una encrucijada de la que pueda salir con mayores daños de lo que actualmente soporta.

Hay inquietud en el sector empresarial por el bajísimo crecimiento económico y la reiterada posición del titular del Poder Ejecutivo, de mantener el diseño que no ha dado resultado, lo que provoca inquietud de que tarde meses en reorientarlo, con todo lo que esto significa en materia de inversión, negocios y empleo.

Habrá que esperar a ver si el gobernante escucha al pueblo o persiste en que él dice, que tiene “otros datos”.

OJALÁ SEA LA NORMA

El reordenamiento del gobierno capitalino debe ser para bien de la sociedad, por lo que, una vez que ya es oficial la distribución de 12 demarcaciones urbanas y 4 rurales, es la hora de que los servicios públicos sean de primer nivel, principalmente agua, alumbrado público y seguridad, que han sido el talón de Aquiles de esta administración. Los 850 mil 498 habitantes tienen todo el derecho de exigir una atención esmerada puesto que para eso paga impuestos, derechos y otras obligaciones (como las multas de tránsito y en barandilla). La ciudad de Aguascalientes tiene ya 12 circunscripciones, con un total de 750 mil 142 residentes, una parte de los cuales sufren el desbasto de agua en sus domicilios y negocios, lo que motiva constantes denuncias ante los medios de comunicación, ya que la empresa francesa Veolia y CCAPAMA hacen caso omiso a sus reclamos y haciéndolo público esperan que los escuchen, lo que ni eso ayuda, como está demostrado con la reiteración de la protesta, que dicho sea de paso es un problema que va minando la imagen de la máxima autoridad. En términos semejantes está el alumbrado público y para rematar la cuestión de seguridad pública, renglón en el que los jefes policíacos se esmeran en desmentir lo que está a ojos visto. Lo que cabe en lo sucesivo es que cada titular de demarcación responda a los requerimientos ciudadanos y que su jefa los traiga cortitos para que cumplan con eficiencia su papel, teniendo en cuenta que de su resultado depende lo que suceda a la hora de definir el 2022.