Jesús Eduardo Martín Jáuregui
Seguramente usted, amable, paciente y desocupado lector, habrá escuchado la expresión que da título a esta columneja y seguramente también, habrá tenido el concepto más o menos claro que la legítima defensa es un derecho que se ejercita para repeler un ataque, si no, no sería defensa, y que por otra parte ha de tener ciertas características, si no, no sería legítima, que vale tanto como legal, aceptada y regulada por la ley. Para quienes creen en la existencia de un derecho natural, que es una creencia legítima, tan legítima como no creer en él, la legítima defensa sería un buen ejemplo de un derecho originado en la propia naturaleza del hombre: la facultad de responder a una agresión para anularla y poner a salvo la integridad personal.
Al concepto simple de la legítima defensa se le pueden ir agregando aditamentos que lo vuelven más completo y más complejo, pero que son necesarios para su comprensión y aplicación. Su ejercicio es plenamente justificado que el propio catecismo de la Iglesia Católica señala, palabras más, palabras menos, lo que las legislaciones suelen disponer para caracterizar la repulsa de una agresión como legítima, agregando un elemento más, que al ejercitarla se tengan fundadas expectativas de sobrepasar al agresor. ¡La iglesia siempre tan pragmática! Enfrentarse a un agresor superior en número o en fuerza es pecado, en cambio si se está en condiciones de igualdad o aun de superioridad, la legítima defensa es una acción lícita no pecaminosa. En otras palabras la mensez es pecado, lo que se pone de manifiesto cuando nos vemos rodeados de pecaminosos congéneres.
En el cotarro del foro aguascalentense se comentaba en tono hiperbólico de un juez de cuyo nombre quisiera olvidarme, que pasó por la judicatura para baldón de ella, que absolvió a un asesino de una anciana, porque actuó en legítima defensa. Según las actuaciones en los folios judiciales quedó consignado que el delincuente se había introducido en el hogar de aquella infeliz con el ánimo de robarle, suponiendo que por lo avanzado de la hora en que lo hacía, la anciana ya estuviese dormida. Para mala suerte de ambos, más de ella, la pobre aquejada por agudos torzones se encontraba montada sobre uno de aquellos adminículos denominados bacinillas, aliviando las presiones intestinales, cuando el intruso asomó a la habitación. La pobre sorprendida y asustada, sin tener alguna arma a su alcance solo atinó a tomar los desechos sólidos que había depositado en el bacín para lanzárselos a aquel canalla, que ante la agresión no tuvo alternativa, según el juez, más que repeler la agresión.
Aparte del mal gusto evidente de la anécdota, que no obstante me animé a contar, sirve de ejemplo para aclarar las características de una legítima defensa. La mayoría de las legislaciones hacen referencia primero, desde luego, a las calidades de la agresión para, a partir de ella, caracterizar la defensa.
En principio debe tratarse de una acción. Sabemos que hay conductas ilícitas por omisión, pero para que pueda operar la legítima defensa debe tratarse de una acción, que además sea dolosa, es decir, que el agresor tenga el conocimiento y la intención de afectar un bien jurídico, lo que significa por consecuencia que no puede hablarse de agresión por imprudencia, por lo mismo no puede considerarse legítima defensa la reacción contra una acción involuntaria.
Además, la conducta debe constituir un peligro real o agresión adecuada para producir daños. Se acuerdan del Loco Valdez, bueno, pues platicaba de un loquito su tocayo que desde una azotea simulaba disparar en contra de los transeúntes apuntándoles con la mano. Uno de los viandantes por seguir el juego volteó hacia el orate e igual apuntándole con la mano simuló disparar. El pobre de la azotea al sentirse herido perdió el equilibrio y cayó al suelo. Atribulado el cuerdo se acercó y le decía: “tú me disparaste primero”, y el otro, entre ayes contestó: “sí, pero yo no te tiraba a dar”.
La acción que se reprima tendrá que suponer un peligro verdadero para la persona o los bienes del agredido, incluso su familia o su hogar. La conducta del agresor debe tener un carácter antijurídico, es decir, que no tenga soporte o fundamento legal. Digamos, por ejemplo, que un ministro ejecutor en cumplimiento de una resolución procede a embargar los bienes de un deudor y sacarlos de su domicilio para conservarlos como garantía para el acreedor. El ejecutado podrá sentirse agredido, se sentirá también desposeído de sus bienes, sin embargo, la acción del representante judicial es legal, por lo que oponerse a ella no podría ser legítima defensa sino una acción ilícita.
Finalmente, la agresión debe tener un carácter actual y violento, que cause un riesgo real en el momento en que se ejecuta. Una amenaza no puede ser en consecuencia una acción idónea para ser contrarrestada con una legítima defensa. Se entiende agresión actual aquella en la que la actuación defensiva resulta inaplazable para salvar el bien jurídico.
Hay una característica adicional indispensable para afirmar que nos encontramos ante un supuesto de legítima defensa y es el que el contraataque sea proporcional al ataque. Cuando la fuerza o las armas empleadas para repeler la agresión excedan con mucho la fuerza o el arma o el número del agresor estaremos entonces en el supuesto que la doctrina conoce como “exceso en la legítima defensa” lo que puede hacer que la reacción no sólo no sea legal, legítima, sino que constituya en sí misma un delito. Esta previsión de la ley resulta perfectamente explicable. Si una persona es agredida a mano limpia y el agredido responde a balazos sería un exceso en la legítima defensa. Por supuesto, podría matizarse, pero en términos generales el concepto está planteado.
Si un varón cualquiera fuese agredido a mano limpia por una joven embriagada y repeliera la agresión lanzándola al suelo repetidas veces, pateándola y ocasionándole lesiones más o menos severas, difícilmente podría considerarse su conducta como legítima defensa. Seguramente cualquier persona sensata opinaría que en la respuesta hubo un exceso de fuerza, que no era necesario que se contestase tan violentamente, que la naturaleza de la respuesta sería tremendamente desproporcionada al tamaño y naturaleza de la agresión. Más aún, si la persona agredida fuese un sujeto entrenado en artes marciales y utilizase para reprimir no sólo su fuerza superior, sino las técnicas y habilidades aprendidas para defender y para atacar, estaríamos también en la presencia de una conducta ilícita ya que por su fuerza y habilidades su respuesta sería desproporcionada a la que la agresora podría haber ejercido.
En conclusión, la legítima defensa es una espléndida institución jurídica concebida para protección y defensa de la integridad personal, a tal punto que el Papa Juan Pablo II, recién canonizado, en su Encíclica Evangelium Vitae -El Evangelio de la Vida-, del 25 de marzo de 1995, la define claramente como “El derecho a la vida y la obligación de preservarla”.
Si en un particular, repeler de manera desproporcionada una agresión es un exceso de legítima defensa y por lo tanto un ilícito, qué será en el caso de una autoridad policíaca superior en fuerza, número y preparación.

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