Saúl Alejandro Flores

Entre los diversos aspectos que reviste el sector hídrico como planeación, infraestructura, hidráulica, ambiente, esparcimiento, desarrollo, finanzas, producción, salud, se encuentra un rubro que es parte de la médula vertebral de lo que ya les he mencionado como la arquitectura institucional del agua, me refiero al aspecto legislativo.

Al hablar de lo legislativo, incursionamos en la actividad formal que realiza el denominado Poder Legislativo, que en sentido estricto debemos llamar función legislativa, dado que el poder no se divide, como será del conocimiento de ustedes mis amables lectores en los legisladores recae la función de elaborar las leyes de conformidad a lo establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en otras palabras, las leyes que permitan que los artículos constitucionales se conviertan en una realidad.

En este caso, tenemos en la Constitución los siguientes artículos: 1, 4 (derecho humano al agua), 27 párrafo V naturaleza jurídica de las aguas nacionales) y 115 Fracción III funciones que corresponden al municipio en materia de servicios públicos, en donde se determina que a la autoridad municipal le corresponde prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la disposición de las aguas residuales (con otras palabras).

Dado que nos encontramos en un régimen federal tal como lo dispone el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al legislativo federal le compete elaborar leyes para dicho ámbito, al legislativo estatal le corresponde elaborar leyes para dicho ámbito de competencia territorial, es decir, para cada entidad federativa; por su parte, al Poder Ejecutivo tanto federal como estatal, le corresponde en su ámbito de competencia correspondiente elaborar los respectivos reglamentos para cada ley.

Traduciendo lo anterior, podemos decir, que al poder legislativo federal le corresponde elaborar la Ley de Agua para establecer el régimen jurídico de las aguas nacionales (en este caso se tiene como antecedente que se encuentra en proceso en el propio legislativo (Senado) la Ley General de Aguas), cuando sea publicada de conformidad a lo que establezcan los artículos transitorios el Poder Ejecutivo deberá expedir los reglamentos correspondientes.

Para el caso del ámbito estatal tenemos la analogía, de que a los congresos de los estados, les compete hacer la correspondiente legislación de agua o en su caso hacer las reformas y al poder ejecutivo estatal la reglamentación correspondiente. Sin perder de vista que la legislación debe encontrarse alineada a la federal, no contravenir, pero sí contemplar aquellos aspectos que son de su competencia.

Como ya lo he venido mencionando en este espacio desde tiempo atrás, a nivel federal se está trabajando con la ley para las aguas nacionales, que ya incorpora diversos aspectos como el derecho humano al agua, las políticas de regulación y avances de lo que corresponde a la huella hídrica. Porque es un hecho que la Ley de 2004 ha quedado sobrepasada, cuyas novedades hace once años fueron introducir la visión de la cuenca como unidad de gestión del recurso agua, pero quedaron muchos aspectos sin atender y que la realidad actual los demanda.

A nivel local nos hemos quedado con una ley que algunos de mis lectores recordarán, que hace más de un año en este mismo espacio denominé: “Ley del agua deshidratada” porque simplemente se quedó anclada en la visión de la hidráulica y en una visión tarifaria sin considerar los diversos aspectos que se involucran en las prestación de los servicios de agua, ponderando la tarifa y un cómodo tapete para la concesionaria, pero más allá en un esquema que permita que los municipios en caso de tener concesionados los servicios de agua realmente se beneficien, así como el propio usuario, que a fin de cuentas paga por un servicio que debe estar soportado en que el agua llegue a la toma domiciliaria de manera continua y con calidad, ¿algún usuario en Aguascalientes puede levantar su mano y responder que sí cuenta con ese servicio? La respuesta, amables lectores, ya la saben.

Más allá de recurrir a los cuestionados cortes del servicio, a subsidiar las tarifas y a repetir lo que dice la constitución federal y la legislación federal, como es el caso de la Ley vigente en Aguascalientes que obedeció a un guion o “machote” allá a fines de los años 90, Aguascalientes ahora requiere una ley adecuada a sus necesidades y problemática que brinde el soporte necesario para las diversas acciones que demanda una auténtica e innovadora política hídrica que aún no se ve. Porque, valga la pena decir, diseñar una política hídrica no es, como diría Don Carlos Fuentes a propósito de lo que él denominaba las democracias “Nescafé”, (una cucharada de azúcar, una de café y agua caliente y listo), democracias instantáneas, o para nuestro caso, política hídrica instantánea.

Diseñar una política hídrica requiere y demanda en primer lugar, una visión clara de lo que se requiere, conocer y articular los diversos agentes y factores que inciden en el sector, así como cada uno de los retos y amenazas que se vierten como los problemas de escasez, los problemas emergentes y el denominado cambio climático o para el caso que nos ocupa el hidroclimático.

Me pregunto y estoy seguro que varios de mis apreciables lectores también lo habrán pensado, que a propósito del año electoral y que las promesas de campaña serán la canción de cada día durante el proceso electoral, si los candidatos a diputados federales se percatarán realmente del problema y no harán sus discursos solamente con el afán de tratar de dejar contentos a los electores y asistentes a foros prometiendo y por otro lado, negando en la realidad la posibilidad de diseñar soluciones a tan serio problema como lo es no solo la escasez de agua sino su correcta gestión. Porque legislar correctamente en el sector sería una acción necesaria para que en México y en Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: [email protected] twitter: @saul_saalflo

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