El anuncio que hizo la alcaldesa Teresa Jiménez, de que el viernes próximo presentará la terna de la que saldrá el nombramiento del nuevo titular de la policía municipal, deja en una posición sumamente difícil al dirigente estatal de Acción Nacional, Paulo Martínez, quien consideró que el nivel de inseguridad podría ser un asunto “políticamente provocado”.

En estas condiciones, hablar de que “puede” ser una cuestión “inducida” es no entender que el problema radica en el mando de la corporación y tan es así que la titular del Ayuntamiento, conjuntamente con el gobierno del estado, no tuvo otra opción que disponer el relevo.

Ante las reiteradas exigencias colectivas de que se combata a la delincuencia, el líder panista pidió al sector político que se abstengan de criticar y mejor aporten ideas y propuestas y como es su costumbre, afirmó que “esta problemática es nacional”.

“Hay que decirlo, es un tema nacional también y nos llama la atención mucho que pudiera ser hasta un tema políticamente provocado. Entonces estamos nosotros analizando esta situación, viendo qué se va a hacer pero no porque sea un asunto político estaremos dejando de atenderlo”.

Desde su perspectiva es una cuestión “política” el reclamo social, por lo que habría que preguntarle a quienes asaltan en su hogar, en la calle o a la salida de un banco si la experiencia vivida la promovió el mismo perjudicado para dañar la imagen de las autoridades, o si los ladrones son enviados de los partidos para manchar el trabajo policíaco.

Haciéndole segunda, el presidente del comité municipal del PAN capitalino, Juan José Sánchez Barba, en un comunicado de prensa manifestó que el gobierno federal “ha abandonado a Aguascalientes a su suerte en el tema de seguridad pública”, tan es así, afirmó, que “a la hora de enfrentar a los delincuentes, no se siente su presencia (de la policía federal), cuando es también su función salvaguardar la integridad de los mexicanos”, por consiguiente demandó que esta corporación “esté más activa”.

Ya entrado en gastos, Sánchez reprochó el trabajo de la delegación de la PGR al citar que sus miembros “no salen de sus oficinas”, por lo que al igual que la policía federal “dejan a las corporaciones estatal y municipal actuar sin que ellos se ensucien los zapatos”.

El posicionamiento de ambos adalides partidistas significa que en la policía municipal no hay capacidad para garantizar la seguridad pública, por lo que “ven” actitudes provocadas e indolencia de las autoridades federales, ignorando que en este caso la Policía Federal y la Procuraduría General de la República están para colaborar en lo que sea necesario en la prevención, vigilancia y combate al delito, pero la directamente responsable de lo que sucede en el municipio es su propia corporación.

Por cuanto se refiere al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, ojalá que el Cabildo nombre a alguien que esté identificado con Aguascalientes y principalmente que sepa de técnicas policiales, que no llegue a imponer condiciones por creer que es algo que da resultado en otras partes del país. Cada municipio tiene sus propias características y a ellas hay que apegarse, lo que se logra si quien las aplica las conoce.

Los últimos años ha sido de experimentos en ese cargo (con la aplicación de “cuadrantes” y “polígonos” que sólo han servido para ocho cosas), hecho que ha derivado en un deterioro en el nivel de seguridad obligando en varias colonias a que sólo por necesidad se salga a la calle a partir de que obscurece y que cada vez sean más los hogares y negocios que se asemejan a una fortaleza debido a los enrejados.

ENCAUSARLOS

Si se vive en un tiempo de transparencia y combate al mal manejo de los recursos públicos es necesario pasar de las declaraciones y la denuncia pública a los hechos. Que si existe delito que perseguir se castigue a los responsables.

Ha sido tal la costumbre de que todo quede en los dichos de los actores políticos o administrativos que los imputados se pitorrean, al sostener que el hecho de estar libres demuestra que son inocentes, aunque exista la presunción de que es todo lo contrario pero esto sólo las autoridades correspondientes puede aclararlo.

Una costumbre de muchos años es que la mayoría de los alcaldes en la entidad disponen a su antojo de las cuotas del ISSSSPEA que se descuentan al personal, por lo que en la actualidad la cartera vencida llega a 120 millones de pesos sin que exista la menor intención de pagarla.

Es un dinero que se gastó sin que se conozca cuál fue su destino y en algunos casos es una deuda acumulada en los últimos 9 años, por lo que de “piquito en piquito” cada presidente municipal agranda el débito, concluyendo su trienio sin informar en qué se empleó.

Los directores del ISSSSPEA que estuvieron en las administraciones de Luis Armando Reynoso y José Carlos Lozano y actualmente con Martín Orozco, revelaron el pasivo municipal, pero de ahí no han pasado, además que el área de fiscalización  y rendición de cuentas del gobierno del estado no ha dado los pasos necesarios para recuperar ese monto.

De los once municipios sólo el de Aguascalientes y Cosío no tienen adeudos con el Instituto, caso contrario está Asientos con 254 mil pesos; Calvillo un millón 800 mil pesos: Jesús María 10 millones y 7.9 millones del Órgano Operador del Agua Potable; San Francisco de los Romo 6 millones, más 270 mil pesos del Órgano Operador del Agua.

San José de Gracia, 6.4 millones de pesos; Rincón de Romos 26.7 millones, más 15.8 millones del Órgano Operador del Agua; El Llano, 800 mil pesos; Tepezalá 25.6 millones de pesos y Pabellón de Arteaga, 8.5 millones de pesos.

Por razones lógicas hay municipios en que su deuda es reciente, en función de lo que ha dejado de cubrir, que sería el caso de Asientos, pero los de Rincón de Romos, Jesús María y Tepezalá provienen de trienios anteriores, inclusive la de Rincón se remonta a la administración 2008-2010 y que se agrandó en las siguientes.

Lo descrito obliga a llamar a cuentas a cada uno de los ex alcaldes para que declaren en qué gastaron esos recursos, además de imponerles la sanción que corresponda por el desvío de recursos. Se entiende que hacerlo no va a ser una tarea fácil, puesto que varios de ellos hoy son funcionarios estatales o en el gobierno de la ciudad capital, sin embargo si la aplicación de la ley es pareja deben ir al banquillo.

HGZ-3 DEL IMSS

Diego Martínez Parra, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ratificó que en diciembre será inaugurado el Hospital General de Zona Número 3 (HGZ-3), ubicado en el municipio de Jesús María, al haber un avance de un 97% y de 80% en la contratación de personal, a la par que se equipa con tecnología de punta con lo que se mejorará la calidad y calidez en el servicio. Lo único que faltó aclarar fue si abrirá de inmediato sus puertas o continúa vigente el propósito de que empiece a trabajar en el primer trimestre de 2018, como se ha mencionado, pero sea una u otra la situación lo importante es que vendrá a significar un respiro a las condiciones en que han trabajado los últimos dos años los nosocomios de la ciudad capital, en muchos casos a más del 100% de su capacidad. El HGZ-3 contará con un servicio de rehabilitación física que será de los más avanzados en la región y atenderá especialidades pediátricas de tercer nivel, lo mismo que fortalecerá la atención de segundo nivel para los derechohabientes, principalmente de los municipios del centro-norte del estado, que serán los directamente beneficiados con este nosocomio. No está por demás insistir en que empresarios, trabajadores y el gobierno del estado empiecen desde ahora a gestionar la construcción del cuarto hospital, ya que el que está próximo a inaugurarse será apenas un paliativo. Tan simple como mencionar que entre más crezca el número de afiliados y sus dependientes mayor será la demanda, por lo que es necesario hacerlo para que la próxima administración federal lo tenga en su radar.