El esclarecimiento del presunto caso de tráfico de menores que se concretaría en esta ciudad involucrando a dos mujeres extranjeras, depende ahora de la extradición de la joven colombiana, madre del menor, señaló el abogado penalista Luis Eloy Morales Brand.

De ser cierto que la mujer abandonó México y está ubicada en su país, lo conducente es que la Fiscalía General del Estado, con la orden de aprehensión girada por el juez, solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición al Gobierno de ese país sudamericano, a través del Consulado en México.

En ese sentido, el jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, consideró que la no cumplimentación de la orden de aprehensión en contra de Danilsa Gómez Blanquicet porque dejó el país aparentemente antes de su emisión, no puede calificarse como una omisión o negligencia de la Fiscalía Estatal.

Explicó que tras la intervención de las autoridades en la supuesta acción de intercambio del bebé, la colombiana no era la imputada, sino la víctima de un presunto delito y como tal no había autoridad que pudiera obligarla a mantenerse en el país.

“Además, ella entró a México cumpliendo los requisitos de migración, de tal manera que ni siquiera podían retenerla para efectos de deportación, sino por el contrario, su condición de víctima implica protegerla, no restringirle sus derechos”, agregó.

Si posterior a esa dinámica en la que ella estaba como víctima en el proceso, la Fiscalía encontró elementos que presentó al juez y éste determinó que hay elementos para ejercer acción penal en su contra y expidió la orden de aprehensión, era el momento para hacer algo, sin embargo, la mujer ya había dejado el país, o por lo menos la ciudad.

Morales Brand reiteró que no hubo negligencia, pues de haber tomado alguna acción para retenerla, la Fiscalía entonces habría actuado mal y faltado al debido proceso.

Sin embargo, esto no significa que algún hecho ilícito quede impune, pues para efectos de dar continuidad al caso, procede que la Fiscalía pida a la Secretaría de Relaciones Exteriores que a su vez solicite al Consulado Mexicano en Colombia, que el Gobierno la detenga para fines de extradición.

En tal caso, se detiene a la persona, se le lleva ante un juez colombiano y éste escucha tanto al Gobierno mexicano como al de Colombia, además de a la imputada; se promueven pruebas para determinar la validez de la extradición, se concreta y se le trae a Aguascalientes.