“Por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida” dijo don Quijote de la Mancha a su fiel escudero Sancho Panza, lo que hoy aplican 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) en defensa de la autonomía local, ante la amenaza de la próxima administración federal de imponer al “coordinador estatal” por encima de las decisiones estatales.

Mediante un desplegado a toda plana en medios nacionales, el mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval y los de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, calificaron como “inadmisible” que en el renglón de seguridad se les pretenda someter bajo la figura de los llamados “coordinadores estatales”, medida con la que quedarían, junto con los fiscales locales, solamente como “meros invitados”.

Con lo anterior, consciente o inconscientemente, el nuevo gobierno federal proporciona la oportunidad de crear un contrapeso político que actualmente no tienen los partidos, avasallados por Morena en el Congreso de la Unión, situación que se veía venir desde que se anunció la creación de los llamados “superdelegados”, los cuales se pretende que tengan voz y mando en las reuniones y acuerdos sobre seguridad.

Aceptar esa situación, sostienen los firmantes, no sólo pone en riesgo objetivos claros en la materia, sino que resulta “inconcebible” que sea una solución de fondo al problema de la inseguridad y de la delincuencia que se registra en el país, “sin la concurrencia efectiva” de los gobernadores estatales.

En el escrito que dirigen al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, manifiestan que hay disposición de participar con la Federación en el ámbito de su competencia, “pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de las órdenes locales a la autoridad legítima y legalmente elegida para gobernar, como es nuestro caso”.

Recuerdan uno de los axiomas más defendido por AMLO: “El país se construye de abajo hacia arriba”, en este caso desde el espacio local, por lo que resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región, por consiguiente “las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa”, lo cual “no se impone desde el centro”.

Reiteran que la colaboración en materia de seguridad “debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional” y ante todo “blindada de componentes y fines político electorales”, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, “considerando en ello factores de responsabilidad legal y representación entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo”.

Resaltan que el camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, así como en el diálogo incluyente y participativo, por lo que pretender ir por un atajo conduce a desencuentros que siempre “pagan muy caro todos los mexicanos”.

En relación a la participación de las Fuerzas Armadas, expresaron que su función en materia de seguridad “no es de los primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse”, puesto que los primeros en responder son los gobernadores por haber sido votados para velar por la tranquilidad de sus entidades”, por ende “no podemos pedir más a las Fuerzas Armadas de manera indeterminada si de la mano no trazamos una ruta de mejora de los policías civiles federales, especialmente estatales y municipales”.

Por último apuntan; “Reiteramos sin reserva alguna, nuestro respeto, reconocimiento y gratitud a nuestras fuerzas armadas, nuestra voluntad de diálogo y colaboración con el nuevo titular del ejecutivo por el bien de México, como corresponde a una democracia que aspira a consolidarse con el esfuerzo de todos”.

RECIBEN AMENAZAS

Como un acto reflejo, el senador Félix Salgado Macedonio (Morena) lanzó la advertencia que la Cámara Alta podría usar su facultad de desaparecer los poderes en las entidades donde los gobernadores “no se ajusten” a las políticas en materia de seguridad que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 23 de noviembre, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado declaró que “aquí hay que recordarle a los gobernadores que es el Senado donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes de cumplimiento de ellas. Aquel mandatario que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes”.

De inmediato le corrigió la plana el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al citar que Salgado Macedonio “es un senador muy eficaz, es un buen senador de Morena, pero no, con los gobernadores sólo hay paz, hay una relación de respeto, tienen su libertad a salvo. Como coordinador del grupo parlamentario les digo que no se preocupen, no vamos a hacer nada fuera de la ley”.

Podría decirse que las bravatas de Salgado son hasta cierto punto normales, que forman parte de su personalidad, como la señala la periodista Bibiana Belsasso: “Es un político guerrerense que se ha visto involucrado en decenas de escándalos, que van desde sus borracheras hasta acusaciones formales de su cercanía con distintos grupos del narcotráfico (…) “No es honesto ni es valiente”. (9 de Noviembre de 2017)

La misma comunicadora menciona una declaración de Salgado Macedonio, que hace una definición de sí mismo: “Yo tengo más negativos que positivos. Yo se que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye, hay que fortalecer aquí porque andas abajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho, todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mi es cierto”.

Lo que hoy tiene a su favor es que es senador y esto le permite recurrir a esos alardes, que hacen ruido y sólo generan una confrontación innecesaria.

SNTE EN LA MIRA

Cuando todo caminaba sobre ruedas para que recuperaran el control de la Sección Uno del SNTE, el grupo de ex secretarios generales que tenían en la puerta a su “gallo” para el máximo cargo tienen que esperar para conocer en qué termina el reacomodo nacional, tras la renuncia de Juan Díaz de la Torre a la presidencia.

Elba Esther Gordillo Morales, para su edad y las supuestas enfermedades que tiene, actúa con una agilidad sorprendente, en aras de recuperar el liderato que le fue arrebatado por el actual gobierno federal en febrero de 2013 y que hoy, exonerada de las acusaciones que la mantuvo en prisión más de cinco años, trabaja a marchas forzadas.

El relevo en la Sección Uno tuvo que haber sido desde el pasado mes de septiembre, pero por una u otra razón se pospuso, aún cuando varios interesados asomaron la cabeza que los llevó a organizar reuniones en las delegaciones para abonar sus intenciones.

Aunque prácticamente todos los ex líderes son de procedencia elbista no vacilaron con mostrar su apoyo a Díaz de la Torre, lo cual puede pesarles si la señora Gordillo regresa por sus fueros, como todo apunta que así será, por lo que sólo les queda buscar una alianza con aquel o aquella que tenga la bendición de la mexiquense.

De manera indirecta esta situación podría beneficiarle al gobernador Martín Orozco, que ha estado en la mira de ese clan luego de que no les cumplió de darles la conducción del Instituto de Educación ni algunas de las direcciones, pese al apoyo incondicional que recibió en su campaña de 2016.

Es un pastel político, sindical, electoral y social demasiado suculento para las diversas corrientes, por lo que habrá que seguir de cerca los movimientos que tengan lugar para determinar quienes se quedan, finalmente, con la secretaría general.

ANTE LA HISTORIA

Existe propensión en señalar que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sólo tuvo aspectos negativos, principalmente en los renglones de inseguridad y pobreza, por lo tanto, para los eruditos fue un “sexenio perdido” en el que no hubo avances, lo que es un despropósito, puesto que no reconocen que hoy existen más y mejores carreteras, más hospitales y en este período se registraron cuatro millones de nuevos empleos, que supera ampliamente a las dos administraciones anteriores y con una participación decidida del sector privado nacional y extranjero que generó inversiones históricas.

El tiempo es el mejor aliado de los políticos, por lo que una vez que haya quien haga un balance desapasionado de su gestión será entonces cuando los ciudadanos puedan aquilatar lo que hizo o dejó de hacer, de recapitular sobre las acciones, los hechos y circunstancias que obraron en cada etapa.

Fue un mandato que empezó muy bien, al lograr que convergieran hacia un solo fin las tres fuerzas políticas más importantes del país

El 2 de diciembre de 2012 (segundo día del nuevo gobierno), firmaron el Pacto por México la presidenta del PRI, Cristina Díaz Salazar; el presidente del PAN Gustavo Madero Muñoz y el presidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, acto que tuvo lugar en el Castillo de Chapultepec. En la primera semana de agosto de 2013 se quiso convencer a Andrés Manuel López Obrador, quien perdiera la elección presidencial por el PRD ante Peña Nieto, pero de manera inmediata rechazó la invitación, lo que para algunos marcó el distanciamiento con el perredismo que más tarde se reflejó en la construcción del nuevo partido (Morena).

El compromiso asumido por los signatarios fue profundizar en el proceso democratizador bajo tres líneas cardinales: El fortalecimiento del Estado Mexicano; la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, ejecución y la evaluación de políticas públicas.

El Pacto por México terminó demasiado temprano, el 28 de noviembre de 2013 el PRD anunció su salida, con el argumento de que el PRI y el PAN sostenían reuniones en privado para la reforma energética y porque se sacó el tema de la “consulta ciudadana” de la reforma política. Por su parte, el PAN, aunque no rompió de manera formal, poco a poco se apartó de lo convenido hasta dejar solo al gobierno y a su partido.

En ambos casos, fuerzas internas del PAN y PRD acusaron a Zambrano y Madero de “colaboracionistas” y de lo que actualmente todavía hay quienes recurren a ese calificativo para recordarles su cercanía al priismo, cuestión que dio al traste lo que pudo ser un rumbo distinto para México, por lo tanto, en honor a la verdad cada quien debe hacer un examen de conciencia y aceptar que hizo muy poco para lograr que avanzara un plan que iba en beneficio de todos los mexicanos.

Es muy pronto para adjetivar el encargo de Peña Nieto, por lo que hay que esperar que se serenen los ánimos y entonces sí hacer un análisis que arroje datos “duros” de lo que fueron los seis años.

MISIÓN CUMPLIDA

Luego de dar el banderazo a las pruebas de operación de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, Jal., el presidente Enrique Peña aseguró que el 97% de los compromisos que asumió ante los mexicanos en 2012 se concretaron, con lo que cumplió las promesas para servir, sin poner en riesgo la estabilidad económica, con respeto a las instituciones y cuidando el manejo sano de las finanzas públicas, con prudencia y responsabilidad.

En el recuento de los compromisos durante su sexenio, dijo que lo alcanzado “no fue cumplir por cumplir (…) no sólo el afán egoísta de cumplir y no poder realizarlo o poner en riesgo la estabilidad económica”.

Manifestó que no se concretaron diversos compromisos debido a que, al aceptar la responsabilidad,  enfrentó distintos escenarios que metieron presión al gasto, por lo que fue prioritario cuidar la estabilidad económica del país mediante ajustes al gasto, “también porque hubo justificación en lo que técnicamente se demandaba y que algunas obras prácticamente eran inviables de poder concretarse. No se trataba de llegar a cumplir por cumplir, sino de cumplir para servir y de nunca poner en riesgo la estabilidad económica, que hemos cuidado de manera celosa.

“Y el cuidado celoso, precisamente, de la estabilidad económica está en el respeto a las instituciones, cuidar el manejo sano de las finanzas públicas, actuar con prudencia y responsabilidad, lo que nos llevó (durante) tres años seguidos a hacer importantes ajustes por montos superiores a los 300 mil millones de pesos”.

Por otra parte, a unos días de concluir su misión, Peña Nieto fue invitado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador a una comida que tuvo lugar en su casa de Tlalpan, en la que además de definir el programa para el cambio de gobierno el próximo 1 de diciembre, le hizo un reconocimiento por lo respetuoso que ha sido en este período de transición.

En su cuenta de twitter, López Obrador compartió una imagen al lado del mexiquense: “Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y para agradecer sus atenciones”.

Con esta fue la cuarta vez que ambos tienen un intercambio de impresiones, después de las elecciones de julio pasado. La primera fue en Palacio Nacional el 3 de julio, la segunda el 9 de julio y la tercera, también en Palacio Nacional, en la que participaron los miembros del gabinete presidencial y los propuestos como sus sucesores.

ENTORNO INCIERTO

Miles de centroamericanos se aglomeran en los albergues de Tijuana a la espera de que el gobierno de Estados Unidos les admita y luego resuelva la solicitud de asilo, al mismo tiempo por el sur ingresó a México otra caravana, lo que hace más difícil brindarles la atención que corresponde, tanto en su tránsito por el país como en los lugares donde pernoctan.

Cada vez aumenta el éxodo de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos rumbo a EU, en donde hay una “emergencia” dictada por el presidente Donald Trump para frenar lo que ha dado en llamar una “amenaza de invasión”, por lo que ordenó la presencia de miles de soldados en la frontera norte para impedir que den “portazo”, como ocurrió en octubre pasado en México.

Hombres, mujeres, menores de edad y ancianos forman las columnas humanas que dejan su patria ante las amenaza de muerte y secuestro y por la pobreza reinante en su lugar de origen, con la esperanza de tener acogida en EU, sin embargo la administración estadounidense emplea el “tortuguismo” en los centros de recepción de documentos, por lo que habrá quienes tengan que esperar meses para saber si les dan entrada como refugiados.

Mientras tanto aumenta el enojo entre los tijuanenses, porque además de que no estaban preparados para recibir a un número tan elevado de extranjeros, su presencia provocó que EU cierre por intervalos el paso fronterizo, lo que perjudica grandemente a quienes trabajan al “otro lado” y que el comercio de ambas partes sufra una disminución en sus ventas.

Se calcula que para este domingo habrá más de 5,000 personas, al arribar un tercer grupo procedente de Mexicali y se espera que llegue otro que avanza por el centro de México, por lo que el gobernador de Baja California, Francisco Vega y el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Manuel Cadena, se reunieron para dar seguimiento a las acciones emprendidas para la atención de los migrantes. El mandatario estatal pidió detener la llegada o que se les envíe a otros puntos fronterizos.

La situación no es nada fácil para las autoridades locales ni federales, ya que al mismo tiempo que deben velar por la seguridad y los derechos de los llegados, tienen que contener a cientos de habitantes de la ciudad que manifiestan su rechazo a los centroamericanos. Además, han hecho presencia grupos que piden tolerancia y otros que se expresan en contra de la discriminación, lo que divide y enfrenta cada vez más la opinión ciudadana.

Es una situación que debe atenderse con pinzas y evitar la xenofobia tan característica en el mandatario estadounidense, ya que hacerlo es caer en lo más bajo, a la par que deben encontrarse mecanismos de solución, principalmente de recursos ya que los gobiernos estatal y municipal fronterizos no tienen capacidad para resistir cuestiones atípicas.

DESENCUENTROS

Contra viento y marea se impone el criterio lópezobradorista en temas tan sensibles como militarización de la seguridad pública, que tanto combatió por más de doce años y ahora aplicará a través de la Guardia Nacional

De manera colateral comenzó ayer y concluye hoy la segunda “consulta ciudadana”, esta vez sobre los 10 principales proyectos del gobierno entrante y para no dejar lugar a dudas el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reconoció que “en estos casos yo no soy imparcial, en este caso, yo defiendo estos proyectos porque yo los propuse y la gente me dio su confianza, votó por nosotros el 1 de julio, tengo legalidad, tengo legitimidad.

“No está de más que se reafirme, el que se lleve a cabo estas acciones con el apoyo de los ciudadano, para que los conservadores no tengan pretextos”, expresó en un video en Facebook.

De cara a las críticas por la forma de consultar a la población, con pocos candados, utilizando estrategias organizadas por su propio partido y sin aval legal, AMLO indicó que se va reformar el Artículo 35 Constitucional, a fin de otorgar una mayor certeza. “Vamos a reformar el Artículo 35 de la Constitución para que se haga valer la democracia participativa, para que las consultas sean vinculatorias, que se puedan llevar a cabo las consultas y de acuerdo al resultado, el gobierno tenga que acatar el mandato de los ciudadanos”.

Hacer las consultas en las actuales condiciones, refirió, no es posible, porque no obstante que ya existe esa posibilidad, el Artículo 35 de la Constitución “está muy limitado, hay que reunir muchísimas firmas y luego, la Suprema Corte decide si se puede llevar a cabo una consulta o no”.

De todos los proyectos que hay sobre la mesa, los que han levantado más polémica son sobre la Guardia Nacional y la construcción de los trenes Maya y del Istmo, así como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Del primero de ellos, un centenar de organizaciones civiles y medio millar de ciudadanos dieron a conocer su rechazo a la creación de la Guardia Nacional y que además se le de el rango de constitucional, lo que invalida el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que el mismo jueves 15 de noviembre en que se dio a conocer la forma como se integrará el nuevo cuerpo de vigilancia pública (Ejército, Marina y Policía Federal), invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, con la que el actual gobierno pretendía regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia y que fue un asunto sumamente combatido en distintos frentes, inclusive a nivel internacional.

En la carta que enviaron a López Obrador, los grupos sociales demandaron la suspensión de la consulta ciudadana que tiene lugar este final de semana, al considerar que los proyectos ferroviarios se construirán sobre áreas con alto valor para la biodiversidad y carecen de estudios de impacto ecológico, cultural y de patrimonio arqueológico, en tanto la construcción de la presa carece de soporte jurídico, sin embargo la respuesta ya la dio AMLO, al reiterar que sus proyectos él los propuso y los va a defender y sostener.