Jesús Eduardo Martín Jáuregui

“Es difícil hacer que un hombre entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda” Upton Sinclair.

Para efectos de México además de salario puede entenderse beca, apoyo, estímulo o pensión.

Algo para recordar (la Constitución):

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La señora Piedra, presidente ilegítima de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos empezó mal su espuria actuación al frente de la CNDH. Decía Fernando Marcos, aquel legendario comentarista deportivo: “Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes”. Luego de sus desastrosas entrevistas en que exhibió no sólo su impreparación e inexperiencia, sino su estulticia e imprudencia, ¡habrase visto mentar la soga en casa del ahorcado!, ¡preguntar si ha habido asesinatos de periodistas a los propios periodistas, cuando ha sido un clamor de justicia!, la señora Piedra se estrenó con una declaración patética que podría ser patológica, a propósito de la intención manifiesta del presidente Donald Trump de declarar grupos terroristas extranjeros a las organizaciones criminales de narcos que operan en nuestro país y cuya acción más reciente en contra de ciudadanos que ostentan la doble ciudadanía, méxico-estadounidense, fue un asesinato atroz, despreciable, inhumano, injustificable, bestial, la señora Piedra declaró:  “el término terrorista genera estigmatización, segregación y discriminación hacia grupos determinados, por lo cual su combate debe guiarse bajo el apego irrestricto a los derechos humanos.”

Esa declaración ¿es la declaración de un defensor de los Derechos Humanos? No, desde luego, es la declaración de un burócrata preocupado porque a su jefe (AMLO) le pusieron las peras a veinticinco, luego de su incuria, inacción y falta de sensibilidad ante el asesinato múltiple de la familia Le Barón. O pensará la señora Piedra que los términos delincuente, asesino, feminicida, secuestrador, violador, etc., derivados de un comportamiento antisocial son estigmatizadores, segregadores, discriminadores. ¿Sabrá la señora Piedra que el término “terrorista” califica a conductas ya no necesariamente de una facción política, sino comportamientos que tienden a desestabilizar, sembrar la desconfianza en el gobierno, destacar la impotencia de la acción policíaca, y en una palabra crear terror en la población?.

La reacción en redes sociales estigmatizando a los integrantes de la familia Le Barón ¿no le parece a la señora Piedra que atenta contra sus derechos fundamentales? ¿Y si, como dijo el propio AMLO, “fuera cierto” que esa campaña de bots, trolls y fake news, proviniera del propio gobierno, de sus fábricas de mensajes masivos?. Una situación tan delicada, que parece comprometer lo que llaman “soberanía nacional”, que azuza a las masas estúpidas (lo dijo Umberto Eco) usuarias de las redes sociales, y que ahonda el encono ante un supuesto comportamiento de los Le Barón, ¿No ameritaría una investigación de oficio por parte de la CNDH?. ¡Por supuesto que sí!, pero para ello se necesitarían al menos dos cosas, que la señora Piedra conociera la ley, y que recibiera la orden de quien la impuso.

Y hablando de epítetos, señalamentos difamadores y adjetivos “descalificativos” la presidente ilegítima no considerará que las expresiones “fifís”, “conservadores”, “adversarios”, “reaccionarios”, amén de otros tantos de similar ralea, son estigmatizadoras, segregadoras, discriminadoras.

Los primeros nombramientos que la usurpadora ha hecho en la CNDH, han sido de cuates, la oficialía mayor y la secretaría general han ido a parar a manos de morenistas cuates, cuates. Ya se sabe que una de las características fundamentales de la 4T es la aplicación irrestricta, no de la ley sino de aquel refrán que dice: dime de que presumes y te diré de que adoleces. Cuando se afirma “mi fuerte no es la venganza” ¡pónganse a temblar!. Cuando se asegura “ni cuates ni cuotas” cuenten los incondicionales con que no los desamparará. Cuando se sostiene “no habrá represión”, más vale que los opositores tomen las de Villadiego.

No deja de sorprender a un observador de la política nacional, que un luchador de tantos años, como es el caso de AMLO, que aprendió en el PRI muchos vicios que en su momento puso en práctica, que conoció de injusticias, que en aras de una lucha democratizadora se unió a un proyecto, sin duda el más importante y trascendente de auténtica lucha por la democracia: el de Cuauhtémoc Cárdenas y compañeros, que elaboró un proyecto espléndido de justicia, legalidad, democracia, se haya transformado en unos pocos meses en el presidente más autocrático de los últimos 60 años, desde Díaz Ordaz, para ser precisos. Un presidente refractario a la crítica, proclive a los halagos, autopromotor de su hábito de sencillez, austeridad y humildad, con que mal disimula el culto a la personalidad, que todos los días practica en su ejercicio de inciensación mañanera.

La función de la CNDH que había venido desempeñando más que aceptablemente durante varias décadas se ve ahora constreñida por la visión obtusa del ejecutivo, que ve en las instituciones de control del ejercicio gubernamental, enemigos para su proyecto personal, que no de país. La imposición de una titular inepta e incondicional hace presagiar malos tiempos para la defensa de los derechos fundamentales y temer que se convierta en un instrumento más de la “represión legal” que ya ha ejercido y seguirá ejerciendo la presidencia de la república.

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