El Municipio capitalino debe rectificarse, ya que la seguridad pública no puede pagarse por doble partida; las familias no deben cubrir cuota extra para que sus casas sean monitoreadas. Además, la seguridad no debe ser selectiva, no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, destacó el empresario Humberto Martínez Guerra.
Comentó que de acuerdo a la Ley de Ingresos 2018, las familias con equipo de alarma en sus casas que quieran ser monitoreadas por la Policía Municipal, deberán pagar una cuota de 100 pesos mensuales, al igual que las empresas de seguridad privada.
El Artículo 90 establece que por cada interconexión que realicen las empresas de alarmas y/o particulares, con el Sistema de Seguridad Pública Municipal, para el monitoreo de incidencias en bienes muebles o inmuebles, se pagará una tarifa mensual de cien pesos, a excepción de las asociaciones civiles no lucrativas.
Además, por la inscripción al registro de alarmas ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la expedición de la constancia respectiva se pagará una tarifa anual de tres mil pesos por persona moral. Tratándose de personas físicas -cualquier particular sin actividad empresarial-, se cobrará una tarifa de 500 pesos.
Los interesados deben acudir a las cajas recaudatorias del Municipio y pagar por los servicios inherentes.
El líder social cuestionó el que el Ayuntamiento cobre dos veces un mismo servicio, en este caso el de seguridad pública, vía pago de impuesto y ahora en forma adicional con cuotas específicas.
Consideró que los regidores deben reflexionar sobre esta medida abusiva, y recordar que están para apoyar al pueblo, no para perjudicarlo con pagos adicionales; “ya no hayan qué inventar para exprimir aún más el bolsillo popular. Al contrario, a la gente que coadyuva con la seguridad deberían pagarle, a quienes con sus equipos contribuyen a la seguridad, que es obligación municipal”.
Lo cierto, dijo, es que hacen falta más policías, mayor capacitación, sueldos dignos, equipamiento y, sobre todo, voluntad de servicio.

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