La industria turística es una de las actividades más decorosas, condescendientes y abiertas que hay, porque además de lo que significa para la economía es la única que no contamina y que genera un número muy importante de empleos, por consiguiente debe recibir toda la atención y el impulso necesario para posicionar a Aguascalientes en el tablero nacional e internacional.

Los datos que aportó la secretaria de Turismo del estado, Irma Medrano Parada, son la mejor prueba de que ahí está un filón a explotar. Dijo que en los primeros ocho meses del presente año han tenido lugar 55 congresos y convenciones, a los que asistieron 45 mil 343 personas que generaron una derrama económica superior a los 160 millones de pesos.

En la reunión que encabezó el gobernador Martín Orozco Sandoval con los miembros de la Asociación Mexicana de Hoteles de Aguascalientes, la funcionaria destacó que existen condiciones para esperar que a finales de año se logre un total de 103 convenciones y congresos, mientras que en 2017 fueron 72, por lo que hay resultados tangibles de la promoción que tiene lugar.

Medrano Parada subrayó que hay varios factores para que siga creciendo el interés de organizar las reuniones en la ciudad capital, entre ellos están los servicios de eficacia que reciben los visitantes, la calidez de su gente, la ubicación geográfica y la conectividad aérea y por carretera.

Con los avances que se tienen en esos renglones se trabaja también en consolidar el turismo de placer, que quienes vienen por motivo de trabajo conozcan el potencial de los atractivos turísticos con que cuenta el estado y que vuelvan junto con su familia o amistades.

En el mensaje que pronunció, Orozco Sandoval destacó que en la estrategia que se ha elaborado tienen una participación muy importante los empresarios del sector, al ser la base para que sus clientes “se enamoren de Aguascalientes y regresen”, pero ya en plan de recreo, que sin el compromiso de cumplir una agenda de negocios o por cuestiones de trabajo puedan recorrer los municipios que tienen mucho que ofrecer al visitante, entre ellos los “pueblos mágicos” y los sitios emblemáticos de la ciudad.

También conocida como la “industria sin chimeneas”, puede ampliar su presencia si a cada uno de los participantes a los congresos y convenciones se les obsequia un folleto de los atractivos turísticos que tiene el estado, acompañado con una síntesis de cada lugar, y con el mismo fin se entregue cada cierto tiempo en tiendas de ropa, artesanías, restaurantes, hoteles y los demás negocios que atienden a los visitantes, de manera que se haga una labor muy amplia de promoción.

Aunque en las oficinas de Turismo estatal se proporciona este tipo de ejemplares es sólo a quien se acerca a sus oficinas; en cambio de haberlos en la misma mesa en que está el visitante lograría serle interesante, aparte que a la inversión puede invitarse a hoteleros, restauranteros, ayuntamientos y empresas que deseen publicitar sus servicios, con lo que todos saldrían ganando.

Se debe tener presente que el turismo es trascendental para el desarrollo del estado, que puede generar empatía entre el viajero, de quien lo atiende y la población local, por ende se requiere del esfuerzo de todos para alcanzar el objetivo toral, que es hacer que vuelva y se convierta en el principal promotor de las bondades se ofrecen aquí.

DECISIÓN MEDIÁTICA

El pasado lunes 3 de septiembre la presidenta municipal de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, anunció que no se renovará el título de concesión a la empresa Proactiva Medio Ambiente (CAASA), al considerar que no cumple con las obligaciones previstas en el convenio, principalmente por las “fallas en el suministro”, lo que dijo, se debe a la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado y red de alcantarillado.

Diciéndose defensora del bienestar de los habitantes, aseguró que se da este paso ante las quejas de los usuarios por los “cortes” del abastecimiento y las obras inconclusas, por lo que la determinación “de ninguna manera afecta la prestación del servicio, al contrario, se han girado instrucciones precisas para que desde CCAPAMA se supervise el funcionamiento de los pozos, el adecuado suministro del agua y que los cobros sean justos y correspondan al consumo”.

Ante los representantes de los medios de comunicación, la alcaldesa aseguró que existe “una percepción social negativa hacia la concesionaria debido al cobro excesivo y el mal servicio prestado en los 25 últimos años”, aunque reconoció que “pese a los esfuerzos del organismo por aumentar la calidad del servicio, los habitantes de Aguascalientes siguen focalizando a CAASA como una empresa que nunca en sus 25 años de servicio en el municipio ha favorecido el bienestar de la población”.

Con lo anterior la titular del Ayuntamiento dio respuesta a la petición de la compañía francomexicana de ratificar el acuerdo suscrito en 1994, mismo que establece que cinco años antes de que concluya tiene que presentarse la solicitud.

De entrada, Jiménez Esquivel logró su propósito, que fue atraer todos los reflectores ya que no todos los días se le da las gracias a una firma internacional, sin embargo, en su discurso no mencionó que el título se termina hasta 2024 y para entonces – aún que obtenga la ansiada reelección – ya habrá dejado de ser presidenta municipal, por lo que quien esté en el cargo será el que responda si procede o no la abrogación.

Entre habitantes de las colonias se festejó que “se va CAASA”, al creer que sin más la autoridad municipal retomaría el control, pero esto no será mañana ni pasado sino hasta dentro de cinco años; eso por una parte, que por otra habrá que ver si la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) tiene la capacidad técnica y de personal para asumir el control, porque no es un simple negocio donde basta con quitarle el nombre para colocar otro.

Ahora que si el propósito es entregar la concesión a otra compañía sería el cuento de nunca acabar, ya que dentro de 10, 15 o 20 años habrá algún razonamiento similar para echarla y que venga otra y así sucesivamente.

Uno de los servicios públicos más críticos y exigidos es el del agua potable, que está sujeto a situaciones que muchas veces salen de dominio y más en una ciudad como Aguascalientes en que los mantos freáticos son cada vez más profundos, por lo quien sea el que esté al frente del servicio será el centro del enojo social, además que de siempre los partidos políticos la han utilizado para sus fines electorales.

Otro problema que se avizora – de llegarse a cumplir la expulsión de CAASA -, es la destitución de cientos de trabajadores, cuyo sindicato no ha emitido un pronunciamiento, seguramente porque más que ser un asunto social sabe que es de marketing político y prefiere esperar que se acerque 2024 para resolver los pasos a seguir.

AMENAZA EN EL PJE

Tal parece que el espantajo del despido de personal que tantos problemas le provocó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el sector educativo y actualmente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ante el anuncio que desaparecerá las delegaciones federales, llegó al Poder Judicial del Estado (PJE), al lanzarse la advertencia que se hará un análisis de eficiencia a todos los empleados y de acuerdo a la evaluación se sabrá quienes continúen en su trabajo.

La magistrada presidenta Gabriela Espinosa Castorena, que recién tomó posesión del cargo, dijo que se lleva a cabo una investigación laboral a todo el personal sobre el perfil, cumplimiento de requisitos y buen desempeño, resultado que “será determinante para permanecer en sus cargos”.

En una calca del sistema de valoración educativa – que está en vías de prescripción -, la funcionaria informó que “será modificado el sistema de evaluación del personal, tanto para el que ingresa, como para la permanencia y desempeño del que ya labora”, para ello la Contraloría del PJE inició el trabajo correspondiente.

Sostuvo que una de sus prioridades es contar con un sistema de evaluación que permita tener al personal adecuado  en cada puesto, con lo que se podrá combatir el rezago y enfrentar los retos en materia de impartición de justicia, por lo que debe haber un buen rendimiento de los trabajadores.

De entrada puede ser una medida que responda al interés de tener un poder judicial comprometido y actualizado, sin embargo se puede caer en situaciones similares a la de los profesores, que con la reforma educativa han tenido encima la amenaza de despido, lo que acéptese o no genera un ambiente de crispación en el personal, ya que no sabe en qué momento puede quedar fuera.

Lo que en teoría es positivo no resulta tanto a la hora de “aterrizar” la idea y si en un centro laboral no hay problemas graves, este tipo de amenazas siembra el pretexto para que se generen.

SITUACIÓN CRÍTICA

Por lo que representa para el país y lo que significa para la educación superior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido blanco de ataques desde el siglo pasado, con el propósito de generar inestabilidad social con fines aviesos, por lo que aún cuando se logre aprehender a varios individuos sus declaraciones no arrojan un juicio certero de quiénes son los autores intelectuales.

Los hechos que tuvieron lugar el pasado 3 de septiembre tomaron por sorpresa a las autoridades universitarias, por lo que no hubo manera de evitar las agresiones a estudiantes del Centro de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco que protestaban frente a la explanada de la Torre de Rectoría, lo que dejó un saldo de cuatro lesionados, dos de ellos que pusieron en peligro su vida, al ser acometidos con armas punzocortantes, piedras, botellas, tubos, petardos y bombas molotov.

Fue una acción premeditada al comprobarse mediante videos que arribaron en un autobús procedentes del Estado de México y en vehículos particulares. Llegaron cuando los jóvenes llevaban a cabo un mitin  frente a la puerta principal de acceso a la Torre de Rectoría, la cual se encontraba cerrada. Habían terminado de leer un pliego petitorio, en el que expresaban sus demandas que daban sustento al paro en que están desde el 21 de agosto, entre ellas la eliminación y expulsión de grupos porriles que operan en el plantel.

En el momento que estaban hablando los padres de Miranda Mendoza Flores, estudiante de 18 años del CCH Oriente, quien fue secuestrada y asesinada la semana anterior, se escuchó un ruido similar a un petardo y los alumnos que estaban en las últimas filas comenzaron a correr. Eran alrededor de 150 los atacantes, que arribaron vestidos con normalidad pero una vez en el lugar se pusieron encima de sus ropas camisolas o jerseys de futbol americano con la imagen del Puma. Luego del asalto, que duró alrededor de una hora, se retiraron sin que elementos de auxilio de la UNAM intervinieran.

Lo anterior provocó que más de 40 escuelas de la UNAM se declararan en suspensión de clases y de diferentes partes del país hubiera reacciones de condena, con la exigencia que se capture y consigne a los directamente responsables y lleguen al fondo las investigaciones hasta dar con los que estuvieron atrás de todo, además hubo una marcha con más de 30 mil participantes, a la que también se quisieron incrustar sujetos violentos, prohibiéndoles su presencia.

El pliego petitorio de los estudiantes de CCH Azcapotzalco se centró en la asignación de docentes en cada materia; que los alumnos conozcan el historial profesional de quien se postule a la dirección; respeto de la autoridad y no intervención en expresiones político-culturales; justificación y transparencia de labores administrativas y del presupuesto asignado; dar solución a las diferentes problemáticas acoso y seguridad en el plantel; desarticulación, destitución y expulsión de grupos porriles y personas que los protegen; ningún tipo de represalia contra quien participa en el movimiento estudiantil.

Entre las primeras medidas que adoptó el rector Enrique Graue Wiechers fue “la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en la Universidad”, lo que se puso a consideración del Tribunal Universitario para su ratificación, a quienes se identificó en las imágenes, al mismo tiempo que continúa por la misma vía la individualización del resto de los golpeadores.

De manera paralela la Procuraduría General de la República tomó conocimientos de los hechos para establecer si hubo delitos federales y la Procuraduría General de Justicia del Ciudad de México investiga  la serie de ilícitos que pudieron haberse cometido, principalmente por los golpes y heridas sufridas a los jóvenes.

Las autoridades de la UNAM y de los gobiernos federal y capitalino trabajan coordinadamente para evitar que se repitan situaciones de esa naturaleza, ya que nadie quiere tener nuevas experiencias, como las registradas en diferentes etapas de la vida universitaria.