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@ferlog14

El Congreso de la Unión ha culminado el proceso de discusión y aprobación de las llamadas reformas estructurales, respaldando uno de los principales objetivos del gobierno federal. De los resultados que se obtengan de dichas reformas depende en gran parte la percepción que habrá de tener la ciudadanía respecto al desempeño de la actual administración.

No obstante lo anterior, aún queda un tema pendiente en la agenda política de nuestro país cuya atención habría de incidir tanto en la opinión de los mexicanos en torno a la labor del Ejecutivo Federal, como en la implementación de las propias reformas: la creación de la Comisión Anticorrupción.

La puesta en marcha de la Comisión se anunció en el contexto poselectoral de confrontación y acusaciones de fraude entre los diversos partidos. En un inicio se pensó que dicho tema habría de ser uno de los primeros elementos a considerar con la finalidad de generar un ambiente positivo en torno al compromiso de gobierno para transformar las condiciones de nuestro país; sin embargo, ha sido pospuesto para dar entrada a la revisión del resto de los asuntos contenidos en las reformas ya aprobadas.

En un país como el nuestro, con evaluaciones tan pobres en materia de transparencia y combate a la corrupción, resultaría ingenuo suponer que cualquier reforma profunda pueda llevarse a cabo sin resolver primero el grave problema de las relaciones ilícitas que se desarrollan en los diversos sectores sociales. Por tal motivo, es de observarse que de no cumplirse los planteamientos realizados en torno a la transformación del marco legal e institucional en este tema, pocas serían las expectativas que podríamos generar en torno al éxito del gobierno actual.

Ante las condiciones económicas adversas que se han mantenido en el presente sexenio y la urgencia de generar resultados que permitan reafirmar el desempeño del actual gobierno, la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción eficiente y con amplias facultades es inminente. Por el adecuado desarrollo de nuestro país, esperemos que no se cometa el error de ignorar un aspecto tan necesario para el funcionamiento de cualquier proyecto gubernamental y que antes de que termine el presente año se genere, como con las reformas ya logradas, un avance sin precedente en la materia.