Por más esfuerzos que hace el gobierno federal por reducir el subsidio a los partidos políticos, está visto que es de los negocios más redituables que hay en México, ya que basta con obtener el reconocimiento oficial y poner un poco de empeño en conservarlo para vivir plácidamente.

Aguascalientes se encuentra en esa dinámica, luego de que el año pasado Nueva Alianza (PNA o Panal) y Encuentro Social (PES) perdieron el registro nacional, por lo que de inmediato constituyeron un organismo a nivel local que les permitió competir en las recientes elecciones municipales. En ambos casos recibieron recursos públicos para las campañas y operación normal interna, dinero que a final de cuentas no generó algún beneficio a la sociedad ya que estuvieron lejos de los triunfadores, lo que no obstó para que sigan en el entarimado.

Lo contrario sucede con  los empresarios, que deben invertir de su propio peculio y antes de abrir el negocio tienen que pagar impuestos y derechos a los gobiernos federal, estatal y municipal, luego hacer lo propio con salarios y beneficios sociales al personal (Seguro Social, Infonavit y SAR) y esperar un tiempo razonable para tener algún margen de ganancia. Son de los riesgos que enfrenta el sector privado y para el cual no hay respaldo en caso de pérdida o bancarrota.

Lo contrario sucede en los partidos políticos, que su mayor empuje es al principio, al ser obligados a demostrar que tienen el número indispensable de adeptos para ser aceptados  por la autoridad electoral, y una vez que obtiene el asentimiento empiezan a recibir el financiamiento mensual que podrá aumentar el siguiente año si alcanza un número importante de votos. En caso de no lograr su objetivo se da por concluido el episodio y la misma autoridad electoral se encarga de nombrar un interventor que liquide los bienes para el pago de los pasivos, pero sin que los directivos sean requeridos para que se hagan responsables de la operación y los desembolsos.

En estas condiciones, mientras que un empresario asume todos los tropiezos y está obligado a pagar hasta el último centavo, inclusive con otros bienes, los dirigentes partidistas fracasados no responden ante los acreedores ni con sus empleados, todo se lo dejan al interventor.

Por eso dicen que no hay mejor negocio que organizar o dirigir un partido, porque si es esto último se convierte en una fuente laboral que no exige resultados productivos, es más que suficiente con hacer algo rumbo a las elecciones y durante las campañas; el resto del tiempo es reír y cantar, actitud que luego se traslada a los congresos y cabildos.

El “nuevo” PES, que ya no será Encuentro Social, sino “Encuentro Solidario”, está en camino de recuperar el registro, que perdió tras no alcanzar en los comicios nacionales del año pasado ni el 3% de la votación total en alguna de las tres elecciones: presidencial, de senadores y para diputados federales. Al 14 de agosto pasado había registrado 75 mil 906 afiliados de los 233 mil 945 obligatorios.

Al mismo tiempo, Redes Sociales Progresistas (RSP), promovido por un sector del magisterio cercano a la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, creadora de Nueva Alianza, tiene más de 10 reuniones estatales, de las 20 solicitadas, y con un número de adeptos de 108 mil.

Libertad y Responsabilidad Democrática, agrupación de la señora Margarita Zavala y de su esposo, el ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha logrado 46 encuentros distritales (23%) y 31 mil 198 afiliados.

Tan atractivo es fundar un partido que hace seis meses se inscribieron 102 organizaciones, de las cuales 30 se mantienen en la intención, pero sólo 20 han organizan asambleas, mismas que de acuerdo a la ley son obligatorias al ser con las que se determina si alcanzan los casi 234 mil partidarios.

Entre los grupos que aspiran al registro, además de los mencionados, están Fundación Alternativa, del ex priista César Augusto Santiago; Teniendo Espacios y Súmate a Nosotros, lo mismo que Movimiento Ambientalista Social por México, que encabeza Nicolás Moliendo, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador.

Esos con los organismos a nivel nacional, porque en cada estado hay partidos políticos que hacen lo propio y sin excepción todos le cuestan al erario, por principio de cuentas el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales deben designar supervisores a las asambleas constitutivas y una vez que se establece que cumplieron con el número de reuniones y de seguidores empezarán a recibir recursos para su desempeño como partidos, lo que hace, sin duda alguna, un gran negocio sin ningún apuro.

De manera paralela el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como último recurso para evitar su desaparición, está en vías de cambiar a Futuro 21, en el que se apuntan dirigentes y miembros de varias tribus, principalmente los Chuchos (Jesús Ortega y Jesús Zambrano), Carlos Navarrete y Angélica de la Peña, los ex priistas José Narro y Beatriz Pagés; el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD), el ex vocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar, la ex candidata presidencial del PT Cecilia Soto; Gabriel Quadri, ex abanderado presidencial del Panal, y Teresa Vale, ex candidata del desaparecido Partido Socialdemócrata.

ES EL CULPABLE

El Sistema de Justicia Penal se presentó en 2008 como la panacea para la aplicación de sentencias, ya que permitiría la agilización de los casos, pero desde que empezó su manejo se ha esgrimido para esconder deficiencias de alguna de las partes, responsabilizando a los demás de no alcanzar el resultado que en teoría debe haber.

El fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega sostiene que ante la insuficiencia de jueces y la  falta de capacitación de los policías municipales no hay la eficacia requerida en los procesos penales, lo que sin duda es un llamado de atención al gobierno del estado, que es el encargado de autorizar los recursos necesarios para tener más juzgados y al mismo tiempo le da un “raspón” al Ayuntamiento, por no tener al nivel adecuado a los uniformados.

El funcionario sostiene que los juzgados están tan saturados que las audiencias iniciales tardan hasta un mes a partir de la solicitud. Los 10 jueces de oralidad penal son insuficientes, por lo que debería haber el doble para atender los nuevos casos y darle salida al volumen de expedientes que hay, con lo que se evitaría que las audiencias se programen con tanto tiempo y se agilizarían los trámites, resolución y atención de medidas para quienes están bajo proceso.

Al mismo tiempo el Sistema Aguascalientes requiere de la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares y de Suspensiones Condicionales, con personal especializado, trabajadores sociales y criminólogos, con lo que se dará cumplimiento a lo que ordena el sistema.

Mencionó que el Sistema de Oralidad Penal dispone que no todas las personas que cometen un delito deben estar en prisión, pero sí sujetos a un procedimiento de readaptación o reeducación en sus domicilios, que esté bajo vigilancia para fijar que no han vuelto a delinquir, que no consuman sustancias y que tienen un trabajo honesto, con lo que ya no son un problema social.

Asimismo, afirmó que los policías preventivos necesitan de capacitación adecuada, porque deben llenar los informes policiales homologados y supuestamente no saben cómo hacerlo, sin embargo los gendarmes aducen que el informe consta de 14 hojas y tienen que seguir trabajando, lo que para Jesús Figueroa “evidencia que la capacitación fue deficiente y no saben responder a lo que dicta la ley y exige la sociedad”.

Seguramente que tiene razón el fiscal en sus evaluaciones, pero más que hacerlo públicas debería hacérselo saber a la administración estatal para que otorgue los recursos suficientes al Poder Judicial, lo mismo que al Ayuntamiento, como responsable de la corporación policíaca.

Es evidente que el Sistema de Justicia Oral es positivo, sólo que en el camino se altera su propósito y es cuando las partes toman posiciones para que a otros les alcance la salpicada.