La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar a conocer los nombres, fecha de captura o fallecimiento, la organización criminal o cártel al que pertenecían y el alias de los objetivos prioritarios que han sido capturados o abatidos en la presente administración federal, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El comisionado Joel Salas Suárez, destacó que la PGR denomina como objetivos prioritarios a las personas clave en organizaciones delictivas, los jefes de sicarios y los operadores financieros, y que la captura de estos líderes forma parte de las prioridades del Gobierno para salvaguardar la seguridad y paz dentro del país.

“El Poder Ejecutivo federal, al comienzo de esta administración, informó que contaba con una lista de 122 objetivos prioritarios de los cárteles de la droga en el país, y en 2017, de acuerdo con un informe de la PGR, 106 habían sido neutralizados. Pero a pesar de que el Gobierno ha logrado avances, la neutralización de los objetivos prioritarios puede contribuir al aumento de la violencia en general”, explicó Salas Suárez.

Señaló que expertos en temas de seguridad han advertido que el abatimiento o la captura de los blancos prioritarios fragmenta las organizaciones delictivas, lo que provoca disputas por el control de la misma y de las rutas de distribución de la droga.

Ante la violencia creciente, diversas voces han llamado a modificar la estrategia para hacer frente al crimen organizado. Se ha sugerido, por ejemplo, que el Estado mexicano podría priorizar el combate a las organizaciones más violentas neutralizando bloques enteros, en lugar de concentrarse en los líderes.

“Además, para combatir al narcotráfico se debe impulsar el desarrollo de las comunidades, dar oportunidades a los jóvenes y atacar las finanzas de los cárteles”, explicó el comisionado.

Aseveró que la información pública permite que los ciudadanos conozcan y evalúen las capacidades, tácticas y resultados de las instituciones encargadas de capturar a los miembros del crimen organizado. Asimismo, es de utilidad para que las autoridades mejoren sus estrategias actuales y hagan frente al aumento en la violencia que suele acompañar al abatimiento de objetivos prioritarios.

“En el combate a la delincuencia organizada, la transparencia promueve el debate público y contribuye a incrementar la calidad de las políticas para construir un México más seguro”, destacó el comisionado Salas.

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