En los últimos meses ha predominado la exigencia de que se reduzca o cancele el financiamiento público que reciben los partidos políticos, lo cual llegó a su clímax la semana pasada, al demandar que el recurso destinado a las campañas para 2018 se destine a la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Los argumentos que más se escuchan es que es un dinero dilapidado, que sólo beneficia a unos cuantos, por lo que es necesario darle un destino que favorezca directamente a la sociedad, en lo cual están de acuerdo diversos grupos, al mismo tiempo otros aprovechan el momento para subirse a la cresta de la demanda.

En parte existe razón de lo que sustentan cuando hay pruebas irrefutables, sin embargo no todo es como se menciona, ya que gran parte de esa bolsa llega a múltiples sectores que participan directa o indirectamente en las actividades políticas, entre ellas imprentas, negocios de publicidad, empresas encuestadoras, restaurantes, loncherías y numerosas personas que cumplen diversas actividades, entre lo más visible.

Lo que sucede es que se repite hasta el cansancio que todo el dinero se lo reparten los dirigentes de  partidos y los candidatos, que el imaginario popular llega a concebir que se vuelven ricos de la noche a la mañana, lo que exaspera a los ciudadanos al considerar que unos cuantos se apropien de lo que tanto esfuerzo cuesta reunir, vía impuestos.

Es indudable que si de mano en mano se ha perdido un piano, con mayor razón cuando son millones de pesos los que reciben y utilizan los partidos o se aplican en las campañas, por lo que más de uno sabrá aprovechar para sacar su tajada, pero en las actuales circunstancias es difícil que pueda ocultarlo o salga con que su riqueza súbita es producto de una herencia, de que se sacó la lotería o se encontró un tesoro.

Ya no es como antes, en que se rendía un informe sobre el uso que se le daba al dinero y bastaba conseguir un fajo de facturas para probar los gastos para así cerrar el capítulo. Hoy existe, en primer lugar, la ley que ordena notificar a detalle el destino de cada peso que debe estar debidamente comprobado, lo cual se investiga mediante el cruce fiscal con las empresas que extendieron la factura, que a su vez deben comprobar la venta o servicios que ofrecieron. De haber facturación falsa o datos superficiales saldrán a relucir en las auditorías, imponiéndose sanciones de diversa índole, llegándose a la anulación del triunfo electoral y la prohibición de que el candidato ganador pueda participar en la elección extraordinaria.

En cambio, cuando se le da un destino adecuado a dicho financiamiento éste llega a muchas manos, es el caso de una señora que por largo tiempo tuvo un negocio de comida rápida cerca de las oficinas generales un partido. Cuando tenían lugar las campañas tenía asegurada una venta mayor durante tres o cuatro meses, ya que “llegaban grupitos de cuatro o cinco personas que por las prisas sólo estaban unos veinte minutos o media hora, por lo que había que tener comida suficiente durante todo el día y hasta entrada la tarde”. Cerró el negocio por una enfermedad de su esposo y luego de una hija, pero todavía añora aquellos tiempos.

Por su parte un pintor de bardas asegura que el trabaja para el partido que lo contrate. No tiene militancia con ninguno, “lo que tengo son conocidos, amigos, pero no me gusta que me cuelguen milagritos porque entonces se me acaba la chamba. Yo pinto lo que me piden y aunque a veces pienso que son puros cuentos, no debo negarme, es mi trabajo y ya que la gente les crea es asunto aparte”.

Es interesante platicar con aquellos que reciben un beneficio directo de lo que recaban los partidos, como es el caso de las personas que son contratadas en las campañas como ayudantes “de lo que sea”, o como choferes, lo mismo que publicistas, impresores, investigadores de opinión, etc., cada uno cumple un rol en los procesos y aunque es una labor de corta duración, ayuda a obtener un recurso extra o que por falta de trabajo llega en el momento justo.

Esa es la otra cara que no se acepta, pero que es necesario reconocer para darle la justa dimensión a la reclamación que se hace.

DEBER OBLIGATORIO

El director de limpia y aseo público del municipio capitalino, Enrique Barba López, ya encontró la justificación perfecta por el mal servicio que hay en la recolección de basura, al considerar que los contenedores están rebosantes porque habitantes de los cotos los utilizan, cuando deberían de contratar servicios privados.

Sostiene que son más de 150 fraccionamientos en régimen de condominio quienes, según él, incumplen con la normatividad, por lo que advirtió que “se endurecerá la supervisión y las infracciones” hasta lograr que no utilicen los recipientes de otras colonias, problema que ubica principalmente en las zonas sur, oriente y norte.

La Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo 69, inciso tercero, establece las obligaciones que en esta materia tienen los municipios con todos los habitantes de sus respectivas jurisdicciones: “Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos”.

En ninguna parte del máximo mandato local dispone particularidades, de quién sí tiene derecho a tener contenedor en su colonia y quién no, o quién debe pagar a una empresa particular para que recoja los desechos.

El mismo derecho que le asiste a un habitante de un fraccionamiento abierto es el que tiene el de un coto, ya que en ambos casos pagan predial, alumbrado público y otros deberes fiscales al estado y la Federación.

Por su parte, el Artículo 115 Constitucional señala que los municipios tienen a su cargo, entre otros servicios públicos, el de limpia, y tampoco particulariza de los vecinos que pueden recibir los servicios y los que están fuera.

Barba López culpa a los que viven en los cotos de que los contenedores estén sobrecargados, lo que es fácilmente rebatible con observar los que hay la zona centro y aún en pleno corazón de la ciudad, justo el que se encuentra en la esquina de Nieto y José María Chávez, que periódicamente presenta este vergonzoso espectáculo y que se sepa en las cercanías no hay cotos.

Es un problema que viene desde el año pasado y pese a los cambios en la Secretaría de Servicios Públicos no se ha logrado subsanar, por el contrario, en lugar de reconocer las fallas y eliminarlas se prefiere buscar culpables, hecho que tarde o temprano será un bumerang no sólo administrativo sino político.

APLAUSO AL IMSS

Pocas veces se escucha un reconocimiento del sector privado al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que debe ser satisfactorio para el organismo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro de la Serna López, calificara de “plausible” el proceso de licitación del equipamiento para el Hospital General de Zona Número Tres (HGZ-3), que se construye en el municipio de Jesús María. Consideró que este hecho marca un precedente al ser invitados representantes de organismos empresariales para conocer las bases de la subasta, lo que se hizo con claridad y apego a la ley y en la que también estuvieron las contralorías internas del IMSS y el titular del Órgano Superior de Fiscalización. El máximo dirigente patronal de la entidad sostuvo que ello es un reflejo de a dónde se destina los recursos que están cubriendo las empresas y que serán para beneficio de los trabajadores y sus familias. El ejemplo que da el IMSS el abrir los procesos de licitación deberían de seguirlo todas las dependencias federales, estatales y municipales, con lo que habría la certidumbre necesaria sobre el uso y destino de los recursos públicos.