En toda actividad pública que involucre los intereses de la sociedad habrá que poner sobre la balanza los afectos positivos y negativos para considerar si las medidas han sido las adecuadas, porque mirarlo sólo de un ángulo es parcial y deja demasiadas interrogantes.

Por una parte el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ponderado los beneficios que ha logrado su campaña contra el robo del combustible, al asegurar que esto le ha significado al gobierno un ahorro por más de 4 mil millones de pesos, que en otras circunstancias iban a parar a manos de quienes afectan el patrimonio nacional.

Seguramente que pocos pueden objetar la cruzada que ha emprendido para acabar con el denominado “huachicoleo”, sin embargo hasta el momento no ha informado del daño que ha causado en millones de automovilistas que desde el 20 de diciembre tienen que hacer largas filas en las gasolineras con la esperanza de que les surtan un poco del líquido.

Son horas-hombre que la administración federal no toma en cuenta y por ende no contabiliza, por lo que se mantiene ajena a la exigencia de que se regularice el abasto, situación que al ser inédita tomó por sorpresa a los automovilistas, camioneros, repartidores de productos e inclusive a las corporaciones policíacas al verse obligadas a reducir los recorridos de vigilancia en aras de ahorrar el carburante.

Aunque de manera preliminar la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), informó el pasado 16 de enero que hasta ese día las pérdidas económicas son superiores a los mil 290 millones de pesos, cifra calculada en el reporte de 3 mil 697 empresarios de siete entidades de la región Bajío – a la que pertenece Aguascalientes -.

Entre los problemas que más resienten los hombres y mujeres de negocios es la demora en la llegada de los trabajadores, distribución de productos y la proveeduría de insumos, que es lo que más les ha perjudicado.

El sindicato patronal sostiene que tanto para Aguascalientes como para las otras seis entidades ha sido un golpe severo en el desempeño de las empresas y de ello debe responder el gobierno, que sin haber tenido un plan adecuado para amortiguar los efectos de cerrar los ductos de gasolina lo mantiene vigente, lo que afecta por igual a la producción y a la población en general.

Aseguraron que han tenido problemas para movilizar las flotillas de ventas, retrasos en el transporte de personal y en la operación de maquinaria, dificultades para el movimiento interno de logística y para contratar servicios de taxi por aplicación móvil, entre los más apremiantes.

Más de una tercera parte de los entrevistados señalaron al gobierno federal como el principal responsable de la crisis, en menor medida a Petróleos Mexicanos y sólo una quinta parte consideró que los “huachicoleros” son responsables.

Reconocieron que el tiempo empleado para cargar el tanque es entre 2 y 3 horas, y otros señalaron que ha sido en una hora y hasta en treinta minutos, lo que ha dependido del volumen que tuviera la estación de servicio y del número de personas que estaban a la espera.

El señalamiento de la Coparmex hace suyo las inquietudes que vive la mayoría de los conductores de vehículos motorizados, que han sido obligados a destinar parte de su tiempo laboral en buscar dónde puedan comprar la gasolina, pérdidas que el gobierno no toma en cuenta pero que se viven en el día a día.

DECISIÓN ACERTADA

Nunca es tarde para aplicar medidas que vayan en favor de algún segmento de la sociedad, por lo que es plausible que el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) haya resuelto ampliar el número de psicólogos que se encargan de apoyar a los estudiantes de secundaria.

El titular de la dependencia, Raúl Silva Perezchica, anunció la incorporación de 30 profesionistas, por lo que a partir del presente ciclo escolar se cuenta con 80, por lo cual se espera que en fecha próxima se haga una nueva contratación para que el 100% de las instituciones quede cubierto, tanto de la ciudad capital como de los otros diez municipios.

Desde hace varios años se ha presentado esta demanda, en virtud que a esa edad es en donde se presentan mas problemas de personalidad,  que en algunas ocasiones llegan a la agresividad contra sus propios compañeros o a sí mismos. En gobiernos anteriores se pretendió que fueran los profesores los encargados de detectar y reencausar ese tipo de conductas, pero hacia falta alguien con mayores conocimientos de cómo averiguar y atenderlas, que además ofrezcan un cuidado personalizado para alcanzar mejores efectos.

Es hasta ahora, en esta administración estatal, en que da el paso que sin duda ayudará a los jóvenes que se comprendan mejor y sepan darle el rumbo adecuado a las relaciones con los demás, lo que redundará en una mejor convivencia en toda la comunidad.

Silva Perezchica afirmó que el propósito de tener un grupo de psicólogos “es para apoyar la convivencia entre pares, prevenir situaciones de depresión o suicidio, así como de acoso escolar”, sabiendo escuchar sus inquietudes y que reciban la orientación necesaria, que muchas veces se debe al aislamiento en que se encuentra, en ocasiones propiciado en sus hogares o por alguna otra cuestión que los empuja a reflejar el retraimiento de manera provocadora, que cuando se les cuestiona las razones que tienen con la otra persona no saben explicar el motivo, por lo que, mediante terapias, se trabaja en que desechen esas prácticas y actúen de manera coherente con el medio en que se desvuelven.

Aunque en cualquier institución existe ese tipo de alumnos, es más presente en las secundarias de colonias populares, principalmente aquellas que se ubican al oriente, sur y noreste, cuyo comportamiento de algunos alumnos no tiene nada ver con la situación interna de las escuelas, por lo que sería un grave error estigmatizar a las que han tenido problemas, que hoy son más visibles porque hay quienes filman con sus celulares los pleitos y que luego suben a la red.

En la búsqueda de terminar con ese tipo de escenarios se tiene un equipo de 80 psicólogos, que en su mayoría atienden los dos turnos, por lo que su radio de acción es mayor en apoyo de quienes requieren de sus servicios, que al ser una etapa temprana en la vida es de gran ayuda para reencausar el comportamiento.

LEY A LA EUROPEA

Lo pensaron mucho para ventilar la demanda, pero finalmente se decidieron en la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen) a exigir que dentro del Reglamento de Movilidad Municipal se establezca un control sobre vendedores ambulantes, limosneros, limpiaparabrisas y todos aquellos que a su libre entender estorban el paso de los transeúntes y representan un peligro por el lugar que ocupan. Gran parte de las ciudades europeas tienen reglamentos que obligan a mendigos y cantantes callejeros a hacerlo únicamente a cierta hora del día y en un lugar predeterminado, por lo que si los sorprenden haciéndolo en otro espacio y fuera de horario se les retira el permiso, con lo que pueden presumir que la mendicidad es mínima, ya que en zonas turísticas no se permite que estén presentes, lo que lleva a los visitantes a elogiar esa vida de primer mundo, que no significa que no tengan pobreza igual que en el resto del mundo, sólo que por ordenanza no deben aparecer en esos lugares. Algo similar se pretende que se haga en Aguascalientes, para que la “gente bonita” no sea molestada con la presencia de esas personas. Si acaso, lo único que debería de controlar la autoridad municipal es el uso de bocinas que utilizan los cantores para atraer la atención, ya que convierte la Plaza de Armas y la primera calle de Juárez en un concierto de ruidos que echa al traste la quietud que buscan las personas, o tienen que escuchar por varias horas la propaganda a todo volumen de algún partido político, eso sí está en sus actuales facultades, ahora bien, tampoco se les puede prohibir que se dediquen a esa actividad, sólo que deben hacerlo con respeto hacia los demás.