Pasan los años y pese a las experiencias vividas, cada tres o seis años se presenta un vacío de poder al haber una autoridad en pleno ejercicio y otra electa, lo que empuja a un anticipado de programas y al mismo tiempo se conocen los proyectos del relevo, lo que suscitan rivalidades.

El año próximo se elegirán los once presidentes municipales del estado, jornada que tendrá lugar el primer domingo de junio y para tomar posesión el 15 de octubre, por lo que habrán transcurrido cuatro meses y medio para concretar el cambio.

Será la primera vez que se apliquen las modificaciones a la Constitución Política del Estado, que promovió el ex gobernador José Carlos Lozano de la Torre mediante decreto y aprobado por el pleno del Congreso local el 2 de julio de 2014.

Se estableció que los ayuntamientos se renovarán cada tres años, salvo el caso de que sean elegidos por un período más, “e iniciarán funciones el quince de octubre del año de la elección”, por consiguiente los actuales alcaldes estarán sólo 34 meses 15 días, en lugar de los 36 meses tradicionales, debido a las modificaciones a la ley que precisa que por esta única vez estén menos de tres años

De igual manera se implantará en 2019 le elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional y la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, señala la reforma.

Al respecto, si alguno de los actuales alcaldes aspira a la reelección y pretende hacerlo por un partido o coalición distinta al que lo llevó al puesto ya no podrá hacerlo, al haber rebasado la mitad de su período y no haber renunciado a su militancia.

Para evitar las lagunas de poder que se señalan, debería abreviarse más el lapso entre la elección y el juramento, a la vez que se establezca reducir el tiempo de los procedimientos que presenten los candidatos o sus partidos, cuando consideren que han sido conculcados sus derechos. Aunque son varias instancias a las que pueden recurrir puede acelerarse los dictámenes, lo que evitará esta etapa seca.

El año electoral 2018-2019 comienza en Aguascalientes el 7 de octubre y concluye con la entrega de la totalidad de boletas a los presidentes electos, lo que podría ser en días o semanas antes de tomar posesión, pero todo dependerá de los argumentos jurídicos que tengan los inconformes.

A nivel nacional serán 142 cargos en disputa, de los que sobresale la gubernatura de Baja California, además de 5 ayuntamientos y 25 diputaciones. En Durango serán 39 ayuntamientos, 36 diputaciones en Tamaulipas y 25 en Quintara Roo, además de las 11 alcaldías en Aguascalientes.

El arranque de los procesos serán en distinta fecha: el 9 de septiembre en Baja California y Tamaulipas, el 7 de octubre en Aguascalientes, el 1 de noviembre en Durango y el 6 de enero de 2019 en Quintana Roo.

Por otra parte, en el curso de este mes el Instituto Estatal Electoral (IEE) debe enviar al Congreso del Estado el calendario electoral y la propuesta del presupuesto, igualmente llevar a cabo la renovación de casi la mitad del Consejo General, con la elección de tres de sus miembros, debido a que quienes ocupan esos cargos terminan su encomienda el 4 de septiembre y los que entren en su lugar deben rendir protesta a más tardar el 3 de noviembre.

NO QUIERE IRSE

Saben de las condiciones adversas en que se encuentran pero no se resignan a bajar la cortina, por lo que el presidente estatal de Nueva Alianza, Eduardo Chavarría Macías, espera que una luz alumbre el camino de retorno.

Los informes no son halagüeños, debido a que la respuesta a las inconformidades que presentó ante las autoridades señala que aun cuando hubiera alguna modificación en el conteo de votos de las casillas impugnadas, no alcanzaría el 3% mínimo de la votación total que necesita para conservar el registro.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la solicitud de Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, para que se lleve a cabo un recuento de votos de la elección presidencial.

La magistrada presidenta del tribunal, Janine Otálora, manifestó que “Nueva Alianza busca anular algunas casillas para recuperar votación y conservar el registro, pero no presentó elementos suficientes, por lo que no se revisarán las casillas que se pretendía”.

Chavarría Macías aseguró que mientras se define el destino del partido, seguirá trabajando con los casi 18 mil militantes que –asegura– tienen en la entidad, quienes se preparan para elegir candidatos a alcaldes en los once ayuntamientos y participar en el proceso que tendrá lugar el año próximo, en que confían que recuperarán el apoyo de la sociedad que lo llevó a ser la tercera fuerza política en la actual Legislatura local.

Además de estar a un paso de perder el registro nacional y una situación similar se tendría en 13 estados, en Aguascalientes sí superaron la barrera, al citar que “en el ámbito local Nueva Alianza conserva su registro al quedarse con el 3.7% de la votación, al igual que en otros 18 estados del país. El Panal conquistó un poco más de 20 mil votos de ciudadanos, lo que representa que crece el interés y la confianza de la población en este partido, el cual actualmente suma entre 17 mil y 18 mil militantes”.

Las condiciones en que está exigen que NA redoble el trabajo y replantee las acciones, aparte que de acuerdo a lo que finalmente suceda en el plano nacional podría haber una renovación en los comités estatales, de lo cual el dirigente dijo que acatará los acuerdos que se adopten.

Mientras tanto “ahora más que nunca se debe mantener el trabajo con los cuadros del partido para fortalecernos y conquistar la confianza ciudadana, con base en organización y reorganización de este partido político”.

Aunque el problema de fondo lo viven casi todos los partidos políticos luego del resultado electoral del pasado uno de julio, cada quien tiene que analizar lo que hizo, lo que dejó de hacer y qué hace falta para recobrar el interés de la sociedad. Es una tarea difícil pero no imposible de resolver, por lo que todo dependerá del empeño y la dedicación que le den, que en el caso estatal podrá reflejarse en 2019 si aprendieron la lección.

EJEMPLO A SEGUIR

Cada vez que se registra un accidente que tenga relación directa con el transporte urbano, en el que haya heridos o muertos, es regla general que el propietario de la unidad busque salir del problema al pedir el perdón de los perjudicados, haciendo toda clase de promesas que luego no cumple, lo que podría terminarse si se aplican las mismas medidas de la Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México. El pasado 20 de julio hubo un percance en la autopista México-Pachuca, de una minivan conducida a exceso de velocidad, por lo que se volcó y perdieron la vida 13 personas y ocho quedaron lesionados. El titular de la Semov, Raymundo Martínez Carvajal, dijo que para asegurar que se cubran las indemnizaciones a deudos y heridos, primero suspendería la operación de la línea, y de continuar con la negativa, podrían cancelar la concesión de toda la ruta, para que no haya forma de omitir el pago.

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