David Reynoso Rivera Río

El Derecho Electoral ha adquirido una gran importancia en los últimos años, ya que con la consolidación del Estado de Derecho y la apertura democrática que existe hasta nuestros días, cualquier irregularidad acontecida durante el proceso electoral puede conllevar a interesantes resoluciones que impliquen fuertes sanciones económicas, la comisión de algún delito electoral y, en última instancia, la anulación del resultado electoral.
Hace unos años en Aguascalientes fuimos testigos de un fallo jurisdiccional que ordenó celebrar nuevamente los comicios electorales y el resultado de dicha elección fue muy significativo, ya que otorgó los votos suficientes para que el Partido del Trabajo consiguiera mantener su registro como partido político nacional; sin embargo, sabemos que existen muchos otros casos que han dado y darán de qué hablar en el ámbito jurídico electoral, tal como el caso de la reciente elección en Puebla.
Hace unos días el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, hizo público su proyecto de sentencia en el que básicamente pretende anular la elección de gobernador que otorgó la constancia de mayoría a la panista Martha Érika Alonso. La discusión habrá de llevarse durante las próximas horas y, lo cierto, es que parece inminente la cancelación de la elección de Puebla, aunque me atrevo a aventurar que existirá una votación dividida.
El Tribunal Electoral, ha puesto en tela de juicio su credibilidad como institución en algunas resoluciones y en algunas otras se ha manifestado como un auténtico tribunal. Tan sólo recordemos que una de las resoluciones más controvertidas ordenó la anulación de la elección en Monterrey, Nuevo León, y por otro lado, también se ha hablado mucho de la resolución en la que juzgaron que la investigación realizada por el Instituto Nacional Electoral sobre el fideicomiso creado por el Partido Morena para el conducto de las donaciones a los damnificados del sismo en la Ciudad de México, no cumplió con los requisitos de exhaustividad, ya que no se realizaron todas las diligencias y la autoridad debió de considerar allegarse de información bancaria de los aportantes y de los beneficiarios del fideicomiso. En resumidas cuentas, el Tribunal consideró que, ante la ausencia de hechos irregulares probados y la conexión entre ellos y el partido, la autoridad debió respetar la presunción de inocencia a favor de Morena, por lo que decidieron revocar la sanción impuesta al partido actualmente en el poder.
Ahora, tendrá una nueva oportunidad de hacer planteamientos y esperemos el debate sea mucho más nutrido y no se vea sesgado hacia el partido gobernante, ya que con la mayoría apabullante que cuenta el Partido Morena en el H. Congreso de la Unión, pareciere que nuestras últimas esperanzas en la consolidación del Estado de Derecho recaen sobre el Poder Judicial. Esperemos que sea un debate en el que verdaderamente se exponga si existen o no, causales y acciones bajo las cuales se debe proceder a la anulación de los resultados y por ende a la celebración de otra elección; sin embargo, si los argumentos para revocar el resultado son endebles, también legitimen el triunfo de una ciudadanía que cada vez confía menos en las instituciones mexicanas.

[email protected]
Twitter: @davidrrr