David Reynoso Rivera Río

La separación de poderes implica entre muchas otras cosas, la consolidación del anhelado Estado de Derecho. En virtud de ello, nuestro país vive inmerso en un régimen bajo el cual los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cuentan con atribuciones bien definidas y al mismo tiempo colaboran para conformar un sistema de pesos y contrapesos en el que no exista un poder predominante. Ergo, el Poder Legislativo a través del H. Congreso de la Unión se encarga de legislar, mientras que el Ejecutivo implementa acciones y políticas públicas a través del recurso disponible que se le aprobó, así mismo el Poder Judicial es el encargado de dirimir las controversias que se susciten.

En los últimos años, hemos observado cómo es que diversos Poderes intentan subsumir funciones; de ahí que los jueces o magistrados e inclusive los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realicen interpretaciones extensas sobre algunas disposiciones jurídicas en las que inclusive pareciere que el propio intérprete desea convertirse en legislador y da entrada a situaciones no contempladas. Por otro lado, el Poder Ejecutivo Federal e inclusive sus homólogos en los Estados así como los propios Presidentes Municipales, han querido emular las funciones del legislador mediante acuerdos, decretos o reglamentos para intentar sobrepasar los límites de su función.

En el terreno Legislativo, también existe la mala praxis de intentar sobrepasar las funciones del verdadero sistema de pesos y contrapesos. Lo anterior, entre muchos otros procesos y situaciones, obedece a la práctica de confundir la utilidad del punto de acuerdo como mecanismo legislativo con intentar intervenir en la actividad de ciertos programas o políticas públicas. Desde el pasado martes, los medios de comunicación y diversos portales en redes sociales anunciaron que la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados había logrado la “cancelación” de la evaluación continua que se contempla en una de las grandes reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, pocas personas se dieron realmente a la tarea de investigar lo acontecido.

Resulta ser que lo aprobado por la H. Cámara de Diputados que ahora controla prácticamente en su mayoría el Partido MORENA, en un Punto de acuerdo en el que dice textualmente: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.

Como podemos observar, lamentablemente los legisladores intentan confundir a la sociedad y específicamente a sus votantes, haciéndoles creer que un exhorto aprobado será vinculante. Afortunadamente contamos con un Poder Ejecutivo que inmediatamente se dio a la tarea de refutar las “fake news¨ y anunciar que mientras continúen en el ejercicio del poder, no darán marcha atrás a la reforma que brinda certeza y calidad en la educación a millones de mexicanos a través de los mecanismos de evaluación para el personal docente.

Mencionado lo anterior, resulta importante concebir que hoy más que nunca, la autonomía de los poderes será un factor determinante para el avance de nuestro país, ya que estamos inmersos en un esquema donde el partido que adquirirá el Poder Ejecutivo cuenta con una apabullante mayoría (lograda y acordada) en la Cámara de Diputados, por lo que deberán los Poderes ejercer su plena autonomía, específicamente el Poder Judicial que no deberá permitir injerencia alguna.

La “cuarta transformación” de México se ha puesto en marcha y esperemos no se caracterice por basarse en decisiones autoritarias que vulneren los principios de separación de poderes que tanto trabajo ha costado forjar.

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