Gerardo Muñoz Rodríguez

El pasado fin de semana, nuestro país vivió uno de los episodios más controversiales de los últimos años. Se llevó acabo la denominada “consulta popular”, la cual, tenía como finalidad que fuera la misma ciudadanía, quien decidiera si se continuaba con la construcción del Aeropuerto en Texcoco o se buscaba la habilitación del aeropuerto militar situado en Santa Lucía.

Partamos del hecho de que el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, era un proyecto imprescindible e impostergable. Quien ha tenido la oportunidad de viajar a través del aeropuerto actual, puede afirmar que la capacidad del mismo está rebasada.

Ante esto, se genera un torbellino de reflexiones: ¿Qué fue realmente lo que orilló al presidente electo, a cancelar el NAICM? ¿Por qué realizar una considerable inversión, en un proyecto que solo será temporal?¿Por qué ir en contra de la opinión favorable de un gran número de instituciones, comisiones, cámaras expertas en la materia? ¿A cuánto ascenderán las indemnizaciones que deberán ser cubiertas por el Gobierno Federal, con impuestos pagados por todos nosotros, a los contratistas? ¿Cuál sería el costo hundido al 30 de noviembre?  ¿Se buscaba solo un golpe de autoritarismo? Veamos algunos hechos innegables.

Además de carecer de legitimidad y validez estadística, la llamada consulta popular tuvo algunas características que hacen pensar que todo estaba arreglado desde un principio. Los ciudadanos podían votar las veces que quisieran, la tinta indeleble era fácil de remover, la mayoría de las casillas estaban estratégicamente posicionadas en colonias con tendencia morenistas, entre otros. Un verdadero circo.

Parece sumamente complejo que los ciudadanos que sufragaron a favor de Santa Lucía, conocieran las implicaciones y consecuencias que se tendrían con la cancelación de Texcoco. Ese favoritismo para la instalación de las casillas – si me permite llamarlas así -, presagiaba un resultado positivo para el presidente electo, sin importar los daños que su pudieran ocasionar.

Lo primero que sufre el pueblo mexicano, es un terrible daño público ante cualquier institución internacional.  No se podrá otorgar ningún tipo de credibilidad a una inversión de un proyecto productivo transexenal, ya que puede estar expuesta a caprichos de gobernantes. De la mano con esta falta de credibilidad, viene la incertidumbre financiera y económica que se genera por esta decisión. Los mercados y el tipo de cambio, ya sintieron los primeros estragos.

Ahora los costos financieros. Según datos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a dicha fecha, se habrían comprometido inversiones por 170 mil millones de pesos, de las cuales ya se ejercieron alrededor de mil millones de pesos. A esto, habría que sumar, indemnizaciones por 120 mil millones de pesos por finiquitar antes de tiempo la concesión. 220 mil millones de pesos, tirados al cesto de la basura.

Un par de datos más. Además de este estratosférico monto, se perderán alrededor de 46 mil empleos directos e indirectos que actualmente laboran en la mega obra. Debe de llevarse a cabo la cancelación de bonos verdes, que fueron utilizados para fondear la construcción del aeropuerto, con valor de 6 mil millones de dólares.

Estamos de acuerdo en la necesidad de revisar, minuciosamente, todos y cada uno de los contratos que eran parte de la impresionante obra, con la finalidad de detectar actos de corrupción de cualquier índole. Sin embargo, esta dista mucho del aferrarse a la idea, que, por actos de corrupción, debe de cancelarse esta indispensable infraestructura para el país.

Concluyo con dos aseveraciones del presidente electo. El día posterior de la culminación de la consulta popular, el presidente electo salió a confesar su alegría por la cancelación de Texcoco, ya que, derivada de ésta, no sería necesario ahuyentar a los patos y las aves que habitan aun en el lago Nabor Carrillo. (Que no se crea que no se está a favor de cualquier movimiento ambientalista; sin embargo, se considera que la ciudadanía merece explicaciones más profundas sobre determinadas decisiones).

Días después, a través de sus redes sociales, el que parecía presidente en funciones, afirmó que una razón por la cual siempre tuvo cierta desconfianza del NAICM, es que al momento en que se dejara el actual aeropuerto, intereses privados ejecutarían un desarrollo que les ofreciera beneficios propios a causa del Estado.

Esto resulta sumamente contrastante y alarmante, ya que el predio en donde se localiza el aeropuerto de la Ciudad de México, es propiedad de Gobierno Federal. Así que para que se efectuara dicho desarrollo, tendría que ser autorizado, por el mismo gobierno que él preside.

No olvidemos que es el mismo pueblo el que decide que gobernante tener; y el hecho de mentirle al mismo pueblo, convierte al gobernante en uno más de esa clase política tan descalificada.

Referencias:

  • Recuperado de: http://www.aeropuerto.gob.mx/mapa/mapafinanciero.php (2018).Gobierno de la Republica.
  • Recuperado de: https://amf.org.mx/pdfs/naicm.pdf (2018). Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

 @GmrMunoz