[email protected]

@ferlog14

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción

VIII de su artículo 35 el derecho ciudadano de  “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional” y plantea de manera general los mecanismos y características que habrán de regir dicho proceso. La ley Federal de Consulta Popular, como ley reglamentaria de la disposición constitucional, regula las particularidades en la realización e implementación de las consultas, subrayando su importancia como mecanismos de participación ciudadana.

Independientemente de la opinión que pueda tenerse sobre los alcances de este instrumento de democracia directa, la lectura de los textos mencionados nos permite observar con claridad que la Consulta Popular ha sido pensada, sobre todo, como un derecho que les permite a los mexicanos sumarse, de forma autónoma, a la discusión de los problemas públicos por parte de los partidos. No obstante lo anterior, los acontecimientos que han sido observados a la espera de que se aplique por vez primera la legislación en la materia, descubren claramente la intención de los diversos partidos políticos por capitalizar este derecho en favor de sus fines y proyectos particulares.

En el contexto del debate nacional, impulsado por las diversas fuerzas políticas de nuestro país, la consulta a la ciudadanía se muestra ahora como un recurso partidista mediante el cual se pretende ganar legitimidad ante el electorado y exhibir posturas cuyo efecto y rentabilidad política ha sido analizado con anterioridad por los diversos grupos de nuestro país.

El PRD fue el primer partido en buscar capitalizar en su favor el procedimiento de Consulta Popular, para llevar fuera del Congreso su postura específica en torno a la reforma energética. Sumándose a esta lógica, el PAN promueve ahora la consulta en materia de salarios mínimos, la cual resulta contraria incluso a su propia visión ideológica. Finalmente, el PRI ha buscado no quedarse atrás con la apropiación de este mecanismo y ha comenzado a promover ante la ciudadanía la reducción en el número de legisladores.

Tenemos ahora un escenario en el que existen tres propuestas partidistas con fines políticos particulares para inaugurar procedimiento que aún no ha sido utilizado por la ciudadanía. Cada uno de los partidos argumenta en la arena pública que su consulta es legítima, mientras que los mexicanos vamos siendo enredados nuevamente en una absurda discusión cuyo objetivo último es la obtención de votos.