Salvador Rodríguez López

Exigir a otros que hagan lo que no se impone a sí mismo es una actitud tornadiza, voluntariosa, que por regla general aplican aquellos que tienen cierta autoridad, lo cual permite generar o modificar leyes y reglamentos y bajo amenaza de castigos, vigilar que se cumpla al pie de la letra como se dispuso.
En cada Legislatura hay el prurito de pasar a la historia como un “reformador”, o al menos dejar el nombre al promover cambios que en su momento se presentan como la panacea a todos los males administrativos, pero que más tarde otros diputados los corrigen o anulan por improcedentes.
La actual no podía escapar a la tentación de “innovar”, al determinar el pasado miércoles 20 de junio que los cargos de tesorero y secretario de los 11 ayuntamientos, ya no podrán ejercerlos personas improvisadas, por lo que será obligatorio que tengan un perfil y conocimiento en la materia.
Se pretende con lo anterior “la reconstrucción del Sistema de Fiscalización”, que plantea la revisión anual de la cuenta pública, por lo que el secretario deberá ser abogado y el tesorero contar con título de licenciatura, así como acreditar “los conocimientos en las áreas económicas, financieras, contables y administrativas con experiencia mínima de un año”.
Con lo anterior los legisladores suponen que los funcionarios serán mejores que los actuales y de quienes les antecedieron, aunque con esto se percibe que más de alguno busca asegurar un empleo una vez que se termine la beca de la que actualmente goza en el Congreso.
Es irrefutable que en el servicio público debe haber funcionarios y empleados que tengan los conocimientos y la capacidad para ejercer los cargos, sin embargo la historia señala que hay ejemplos de personas que sin tener una licenciatura ocuparon esos cargos con un alto grado de eficiencia y honestidad, tanto a nivel estatal como municipal, por lo que un título no hace al servidor público, sino los conocimientos adquiridos en lo largo de su vida.
Ese propósito es, sin discusión, un sarcasmo parlamentario, si se tiene en cuenta que mientras los “representantes populares” demandan un nivel universitario para ocupar esas plazas, ni por equivocación modifican los artículos 19, 37 y 66 de la Constitución Política del Estado.
El 19 señala que para ser diputado se requiere “ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener 21 años el día de la elección, haber nacido en el Estado, o tener una residencia efectiva en él, no menor de cuatro años inmediatamente anteriores al día de la elección”.
En el 37 se determina que para ser Gobernador del Estado, se requiere “ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con residencia efectiva en él no menor de diez años inmediatamente anteriores al día de la elección, estar en pleno ejercicio de sus derechos, y tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección”.
Por su parte, el 66 dispone que para ser Presidente Municipal, Regidor o Síndico de un Ayuntamiento se requiere: “Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener 18 años cumplidos el día de la elección; y ser originario del Municipio o tener una residencia en él no menor de dos años, inmediatamente anteriores al día de la elección”.
En los tres casos, – para ser diputado, presidente municipal o gobernador -, no se necesita ningún tipo de estudios, por lo que un iletrado puede aspirar y llegar a ejercer una de esas posiciones, con sólo tener el apoyo popular, que lo convertiría en jefe de todos aquellos que exhiben en sus oficinas licenciaturas, maestrías o doctorados.
Con ello se busca que todo individuo tenga derecho de participar en la vida pública, que baste con tener la inteligencia suficiente para dirigir los destinos del pueblo, además que al ser cargos de elección popular nada ni nadie puede impedir que aspire a desempeñar un puesto de esa naturaleza, tal como lo define la democracia.

INVASIÓN SIN CASTIGO
La entrevista que concedió a este Diario el delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Mario Tavera Núñez, sobre el apropiamiento por unos particulares de la Presa del Jocoqui, hizo emerger el señalamiento de vieja data que hay sobre ese punto, lo mismo que la invasión en la presa Plutarco Elías Calles con el monumento al Cristo Roto.
En ambos asuntos, los funcionarios de la CNA miran para otro lado cuando se les cuestiona el porqué permiten tal irregularidad, puesto que los vasos al ser propiedad de la nación debería evitarse que sean ocupados, aún cuando se invoque medidas de protección o de beneficio comercial y turístico.
En otros estados se han aplicado fuertes multas a los hoteles que cercaron parte de las playas como un atractivo de sus negocios, derribándose las construcciones y de esta manera la Federación recuperó lo que es para disfrute de todos los mexicanos
En el caso de la Presa Calles, se destacó desde un principio la ilegalidad de lo que hacía el gobierno del estado, al ordenar la edificación del Cristo Roto (2006), lo que fue combatido por la Comisión Nacional del Agua sin ningún resultado. Es indudable que la imagen religiosa atrajo el interés turístico local y regional, por lo que económicamente la cabecera municipal de San José de Gracia ha tenido una proyección jamás vivida, lo que no obsta para que se recuerde que está dentro de un espacio federal y por lo mismo no hay razón para permitir ese tipo levantamientos.
Como parte del mismo desarrollo, se crearon palapas y restaurantes en la ribera de la presa, lo que además de ser un acto ilegal significa un riesgo, pero tampoco se ha logrado que salgan de ese lugar, concretándose la autoridad a mantener una vigilancia para actuar en caso de una emergencia.
El funcionario federal afirmó que la obra del Cristo Roto “está muy segura”, aunque es un litigio que sigue su marcha y si se aceptó fue porque “es un caso especial, pero se va a resolver”.
El apoderamiento de la presa El Jocoqui tiene varios años, por lo que aún cuando no debería haber limitante alguno para que quien lo desee puede acudir a ese lugar, no lo permiten los particulares que tienen sus casas en torno a la misma, lo que para el delegado de la CNA, Mario Tavera, es normal, ya que se trata de una medida de seguridad.
Una auténtica perla “jurídica” fue cada respuesta de Tavera Núñez: “El acceso principal está controlado por quienes compraron a los ejidatarios el entorno, para construir sus casas”, con lo que tácitamente incluyeron la presa y por ello no permiten el paso a cualquier persona, por “aspectos de seguridad física”, sostuvo, aunque luego reculó al considerar que no cualquiera puede cercar otro cuerpo de agua similar.
Si la solución la tendrá la CNA al ritmo de la demanda que presentaron los herederos de quienes poseían tierras en el antiguo pueblo de San José de Gracia, que quedó bajo las aguas de la Presa Calles que fue construido en 1927, ya estuvo que se llevará lo que resta de este siglo y parte del siguiente para saber en qué terminó esta historia.

FRUTOS DE UN PESO DÉBIL
Aunque parezca un contrasentido, el hecho de que el peso valga menos, deja un gran beneficio a miles de familias mexicanas que reciben remesas. Los envíos que hacen sus allegados desde Estados Unidos son en dólares, de manera que en lugar de pagarles 18 pesos por cada uno ahora son más de 20 pesos, que se convierte en un apoyo mayor. Para este 2018 se estima que serán más de 30 mil millones de dólares los que lleguen a México, por lo que no todo es malo para el país.