A pesar del avance de la obra y de los reveses judiciales, habitantes cercanos al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México continúan su defensa contra lo que llaman el despojo y el saqueo de sus tierras y la destrucción de sus casas.

Esta mañana anunciaron que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el juicio de Amparo 14/2015, que fue desechado ayer por el Juzgado de Noveno de Distrito del Estado de México, con sede en Neza.

Con el recurso legal pretenden que las comunidades indígenas, de pueblos como San Salvador Atenco, sean consultados sobre la obra de más de 180 mil millones de pesos y 12 mil 500 hectáreas.

“Cuando la Cámara de Diputados asignó el presupuesto para el nuevo aeropuerto estipuló que las obras tenían que ser consultadas con las comunidades indígenas, además las leyes exigen que las comunidades tienen derecho”, afirmó Leonel Rivero, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

El grupo liderado por habitantes de San Salvador Atenco, entre ellos Ignacio del Valle, dio una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); su abogado, Sandino Rivero, acusó que el juzgado desechó el Amparo argumentando que no se acreditó que los pobladores fueran vecinos de San Salvador Atenco, ni que fueran indígenas, pero sin entrar al fondo del asunto.

Así que solicitarán que la Suprema Corte atraiga el caso y anunciaron una manifestación el 13 de julio.

“En Atenco y toda la ribera de Texcoco se comete un despojo bestial. El saqueo y destrucción de cerros y pueblos sí existe, por eso no hemos dejado de movilizarnos y por eso es que no seguimos organizando y ejerciendo el derecho defender de manera legal y legítima nuestro territorio”, afirmó en su pronunciamiento oficial el Frente de Pueblos

En la conferencia de hoy estuvieron también pobladores de municipios como Tezoyuca y San Miguel Tocuila quienes denunciaron las afectaciones que ha ocasionado la nueva obra, como la destrucción de los cerros convertidos en minas de materiales para acondicionar las pistas del aeropuerto, además de que la construcción de nuevas vialidades ha ocasionado el derribo de al menos 40 casas en Tocuila.

“Denunciamos las maniobras que desde el Gobierno federal se operaron para despojar a las comunidades de la tierra: manipulación y compra de voluntades, corrupción de autoridades municipales y ejidales, campañas de miedo, chantaje, divisionismo, desinformación y fabricación de mentiras, así como la prostitución de la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional del Aguay la Secretaría de Comunicaciones”, sostuvo el Frente de Pueblos en su comunicado.