Claudia Salazar y Martha Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó a la Cámara de Diputados que 10 superdelegados son investigados por el posible uso irregular de los programas sociales.

En comparecencia en San Lázaro, Sandoval indicó que se trata de 12 denuncias en las que se investigan a los funcionarios encargados de los programas para el desarrollo en los estados.

«Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados han sido denunciados y están siendo investigados son: Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue a nuestros sistemas de denuncia», señaló la funcionaria.

Sobre el caso de Jalisco, indicó que ayer compareció Carlos Lomelí, quien se separó del cargo como delegado federal por las investigaciones de conflicto de interés y de posibles irregularidades por haber obtenido con sus empresas contratos del Gobierno federal.

«Este 24 de octubre se está llevando a cabo o ya culminó una audiencia personal como parte de las investigaciones que tiene como persona física, que como servidor público está sosteniendo con todo respeto a su persona, a sus derechos y a los procedimientos el señor exdelegado del Poder Ejecutivo federal en el estado de Jalisco», dijo.

Sandoval recordó que las empresas del exdelegado, Lomedic S. A de C. V y Laboratorio Solfran S. A, fueron inhabilitadas por dos años y medio para no ser contratadas por las dependencias y entidades de la administración pública federal ni por estados ni municipios que apliquen recursos federales.

Al responder a cuestionamientos de los legisladores sobre investigaciones de corrupción de funcionarios del actual Gobierno, la funcionaria indicó que los superdelegados corren el riesgo de ir a la cárcel.

«Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal, por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado.

«Esta utilización de los programas sociales ya es otro de los delitos que se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa», indicó.

Agregó que las denuncias se trabajan con la autonomía técnica y de gestión que corresponde a los Órganos Internos de Control de la SFP.

«Las más importantes, también como ustedes saben, han sido asumidas por su servidora en el seno de la Secretaría de la Función Pública, pero también están en los OIC trabajando para procesar las denuncias que se generan sobre nuestros delegados estatales», precisó.

La funcionaria dijo que se realizan auditorías a los programas sociales, tales como el de apoyo para niños y niñas de madres trabajadoras, al de Pensión para Personas con Discapacidad, así como Sembrando Vida y «Servidores de la Nación».

«Nosotros no abdicamos de nuestra obligación de estar vigilando con más ahínco y con más exigencia a nuestros funcionarios públicos, sobre todo los designados por esta nueva administración.

«Hemos dado muestras claras de que no va a haber ningún asomo de protección a nadie, al contrario, se redoblan los esfuerzos para la fiscalización y para la exigencia a nuestros funcionarios», afirmó Sandoval.

En la mira

Delegados del Gobierno federal indagados por uso irregular de programas sociales.

  • Aldo Emanuel Ruiz Sánchez, Aguascalientes
  • José Antonio Aguilar Castillejos, Chiapas
  • Juan Carlos Loera de la Rosa, Chihuahua
  • Índira Vizcaíno Silva, Colima
  • Mauricio Hernández Núñez, Guanajuato
  • Carlos Lomelí, Jalisco
  • Rodrigo Abdalá, Puebla
  • Gabino Morales Mendoza, San Luis Potosí
  • Jaime Montes Salas, Sinaloa
  • Jorge Taddei Bringas, Sonora