Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Jorge Madrigal Salgado, ex gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, por presuntamente haberse enriquecido en forma ilícita en el 2015.
De acuerdo con informes gubernamentales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción instruye la carpeta de investigación FED/FEDD/FECC-CDMX/32/19, en contra del ex funcionario.
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó el 31 de mayo de 2019 la denuncia de hechos en contra de Madrigal Salgado, que dio lugar a la indagatoria del Ministerio Público Federal.
Madrigal ingresó el 6 de agosto de 2001 como jefe de departamento de la subgerencia Ductos Centro de Pemex Refinación y dejó la empresa productiva del Estado el 4 de julio de 2016, siendo su último cargo el de gerente de Transporte Terrestre en esa misma división.
Los datos de su última declaración patrimonial indican que en el 2000 adquirió mediante un crédito una casa en Querétaro por 450 mil pesos, mientras que en el 2012 compró otra en 3 millones 298 mil pesos.
También, mediante créditos, compró en 2013 un Sonic Chevrolet en 198 mil 500 pesos y en 2015 una camioneta GMC Terrain Denali en 520 mil pesos, por la cual todavía tenía un adeudo de 251 mil 779 pesos al año siguiente.
Al salir de Pemex, el ex funcionario reportó haber pagado 262 mil 340 pesos de un crédito hipotecario de 2 millones 569 mil 800 pesos, y deber 290 mil 250 pesos de un préstamo personal cuyo monto original fue de 464 mil 400 pesos.
Según el portal de internet del Registro de Servidores Públicos y Situación Patrimonial, Madrigal también registraba en 2015 una inversión bancaria por un millón 927 mil 492 pesos, así como adeudos de tarjetas de crédito por 73 mil 624 pesos.
Oficialmente, no han sido informadas las discrepancias de su patrimonio.
En la investigación que lleva a cabo la FGR, la Función Pública reclamó su calidad de víctima, sin embargo, le fue negada por la Fiscalía Anticorrupción.
Si bien la SFP recurrió al amparo, el Décimo Tribunal Colegiado Penal acaba de resolver en forma definitiva que la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval no tendrá esa calidad jurídica.
El fallo sólo le reconoce la calidad de coadyuvante, lo que significa que sólo podrán desahogarse aquellas diligencias que promueva la SFP, misma que podrá proporcionar datos de prueba que le soliciten, pero no tendrá acceso a la investigación.
«La Secretaría en mención no puede ser víctima, ya que no se le causa afectación a sus derechos, pues no sufrió un daño físico, una pérdida financiera, un menoscabo, como lo establecen los numerales 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 4 de la Ley General de Víctimas», dice el fallo.