Por: José Luis Macías Alonso

En cualquier Estado, los distintos entes gubernamentales dedicados al desarrollo social, en su carácter de ejecutores de políticas públicas, juegan un papel de protagonistas esenciales en los esfuerzos para la consolidación del bienestar; por lo anterior, es fundamental estudiar cuál es la distribución de atribuciones y responsabilidades que actualmente tiene el aparato institucional y en consecuencia, proponer cambios estructurales para lograr la eficiencia en el quehacer público en este tema sensible para un país con desigualdades tan profundas como el nuestro que además, cuenta con un gasto público limitado.

Cobra aún más relevancia la pertinencia del estudio de la distribuciones de las responsabilidades tratándose de un sistema federal como el nuestro, donde la asignación de atribuciones concurrentes y la coordinación de los tres órdenes de gobierno a menudo es defectuosa y no en pocos casos, termina por producir duplicidades o contradicciones entre las decisiones de una esfera de gobierno con otra. Además, la tendencia repetida en cada uno de estos órdenes de gobierno, en cuanto a la responsabilidad de la instrumentación de las políticas de desarrollo social es de fragmentarse cada vez más, en algunos casos, de manera desmedida, lo que aumenta la posibilidad de la ineficiencia administrativa y el descontrol de la situación incluso desde el seno de una misma esfera de gobierno.

De conformidad con la Evaluación de la Política de Desarrollo Social realizada por el CONEVAL a finales del año pasado, la dispersión de los programas sociales representa un reto que enfrenta México para mejorar sus políticas públicas en este rubro tan importante.

No solo se trata de gastar más, sino también mejor. Según el reporte, el gasto de desarrollo social de todas las esferas públicas creció 439 por ciento, de 1990 a 2014, mientras que el gasto programable solo incrementó 287 por ciento. Sin embargo, este notorio aumento de los recursos para estas políticas no necesariamente significó un mayor acceso efectivo de los derechos sociales para la población, pero sí acreditó el aumento del costo gracias a la dispersión de los entes y en consecuencia de los programas enfocados a resolver una misma problemática. Aunque tenemos avances, los resultados del quehacer gubernamental tratándose de desarrollo social, considerando el notorio aumento de los recursos, son ineficientes y merecen ser reorganizados.

La atomización de las acciones y programas de desarrollo social obedecen en gran parte a la fragmentación de la distribución de las responsabilidades en este rubro y además, al esquema de concurrencias existente entre las esferas de gobierno que tiene nuestro país. Si los programas están dispersos, en gran razón obedece a que las instituciones también lo están.

Bajo las teorías contemporáneas de la organización del Estado y con la evolución de los fines que éste debe perseguir, los distintos poderes ejecutivos y legislativos del orden federal y local, encontraron en la dispersión de las responsabilidades para la instrumentación de políticas de desarrollo social el camino adecuado para lograr su eficiencia, situación que como hemos visto, paradójicamente terminó por constituir un obstáculo de gran tamaño.

Una primera razón fue la conveniencia de crear entes enfocados a atender específicamente un rubro del desarrollo social en razón del interés político, la importancia social y la complejidad para guiar, controlar y operar, dependencias obesas que aglutinaban diversos rubros de manera aletargada.

Como segunda razón se encontró la idea de focalizar los esfuerzos en razón de la atención a grupos sociales vulnerables por alguna condición para con ello garantizar la adecuada atención del Estado y dejar patente ante la perspectiva social, el profundo compromiso político con ellos bajo un principio de protección de sectores minoritarios o quebrantados. Así, desde el año 2000, la concepción de la organización de las administraciones públicas detonó la creación de institutos y comisiones gubernamentales destinadas a la atención específica de mujeres, discapacitados, jóvenes, adultos mayores, indígenas y migrantes, entre otros.

Como tercera razón de la dispersión de los entes responsables del desarrollo social podemos agrupar a factores externos que incidieron para llegar a esta concepción de la organización del Estado, como la presión política de grupos representantes de sectores minoritarios o vulnerables para que se les atendiera en una oficina gubernamental especial; la necesidad de dotar, a éstos órganos responsables de dichas políticas públicas específicas, de personalidad jurídica y patrimonio propios para con ello acceder al uso de fondos de otros entes tanto públicos como privados; el crear mayor burocracia para albergar mayor número de servidores públicos y con ello repartir mayor número de cargos y recientemente; la nueva óptica de los derechos humanos con la reforma constitucional de 2011 que intensificó la obligación del Estado para la garantía y tutela de éstos de manera debida.

Ante esto, ¿cómo organizar a los entes públicos de forma eficiente para lograr el abatimiento de los riesgos sociales de la población? Una respuesta distinta de lo tradicional puede ser la alineación institucional por riesgo social identificado.

Tradicionalmente, las formas de organización de la burocracia han sido por sector o por segmento poblacional y la realidad es que ambos esquemas presentan aspectos que pueden llegar a generar duplicidad, obesidad burocrática, contradicción y pérdida de enfoque en la ejecución de políticas públicas de desarrollo social, de ahí el planteamiento de volver simple lo complejo, de organizar el aparato por derecho que tutela.

La instrumentación de políticas públicas en materia de desarrollo social, debe hacerse con profunda claridad respecto del riesgo social que buscan combatir, de lo contrario, la ventana de la pérdida de enfoque se abre y con ello los objetivos se vuelven difusos y deficientes. Sin importar ninguna condición subjetiva del derechohabiente, debe de haber una alineación institucional que permita aglutinar el universo completo de acciones públicas para satisfacer tal carencia o rezago para con ello, poder planear estratégicamente y volver eficiente el actuar.

@licpepemacias