Arcelia Maya 
Agencia Reforma

CDMX.- En siete Diócesis del País ya se instalaron comisiones diocesanas responsables de atender las denuncias de abuso sexual contra sacerdotes o agentes de pastoral, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La Arquidiócesis de México, Monterrey, Guadalajara, Yucatán, Xalapa y las Diócesis de Toluca y Matamoros ya cuentan con un equipo integral que recibe las quejas.

Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM y coordinador del Consejo Nacional para la Protección de Menores, informó que la Arquidiócesis de Puebla y la Diócesis de San Juan de los Lagos trabajan para crear su Comisión Diocesana para la Protección de Menores.

«La misión es acompañar los procesos de protección de menores en parroquias, en seminarios y en los distintos ámbitos parroquiales.

«Queremos prevenir estos delitos en todos los ámbitos diocesanos y el apoyo en situaciones delicadas para que se acompañe a la víctima y se haga un trámite correcto, justo, legal y canónico a la situación, donde se ampare a la víctima, su defensa, su acompañamiento, así como la presunción de inocencia», dijo en entrevista telefónica con REFORMA.

Explicó que las Comisiones Diocesanas para la Protección de Menores pueden estar formadas por un sacerdote o promotor de justicia, un abogado, un canonista, un psicólogo y una víctima o deben tener contacto con víctimas, como lo propuso el Papa.

«Nuestro anhelo es erradicar los casos a cero, que no exista ni un caso más. Dios mediante, en enero o febrero (del próximo año), tendremos la primera reunión nacional de encargados diocesanos de protección de menores», adelantó.

Explicó que para el evento se convocarán a las 95 Diócesis para que envíen a un representante y se actualice en el Protocolo Jurídico de Actuación Sacerdotal en Casos de Abuso de Menores, líneas guía y los manuales de prevención y protección a menores.

El pasado 7 de mayo, el Papa Francisco emitió una carta apostólica, en forma de motu proprio, donde establece procedimientos relacionados con delitos cometidos por clérigos en materia de violencia sexual, abuso sexual de menores, pornografía infantil y encubrimiento.

En el escrito habló de la responsabilidad de los Obispos y los superiores religiosos para cumplir con la ley canónica y civil cuando se presente algún caso.

La CEM publicó en un comunicado que las autoridades religiosas deberán informar a las autoridades mexicanas, ofrecerse a colaborar en la investigación y aportar los elementos de prueba que le sean requeridos en términos de ley para determinar la responsabilidad del imputado, así como de quien hubiese colaborado para la comisión del delito.

En el documento se aseguró que informar a las autoridades civiles es indispensable, ya que si el asunto se queda únicamente en ámbito canónico y se omite el involucramiento de las autoridades civiles se corre el riesgo de distorsionar el principio de justicia.

«En cualquier organización (pública o privada), no basta abrir una investigación interna y aplicar consecuencias al responsable (como inhabilitarlo de su cargo)», explicó.

También, se resaltó la obligación para todas las diócesis de establecer sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar informes sobre posibles casos.