La industria del autotransporte de carga no quitará el dedo del renglón para que el robo de unidades se integre al catálogo de delitos graves a nivel nacional, señaló el presidente de Canacar, Roberto Díaz Ruiz, al revelar que en 2018 se robaron 32 unidades por día, en promedio.
Dijo que el sector tiene todos los elementos para que su demanda sea escuchada, pues se trata de un fenómeno que en los últimos ocho años se elevó 146% y tan solo en 2017 la persecución y los costos directos del delito costaron 92 mil 500 millones de pesos.
Esto según un estudio de Consultores Internacionales que en los próximos días estarán revelando los alcances de este tipo de hechos el año pasado, que, si bien tuvo una disminución, ésta es muy ligera y arrojará altos costos para la industria.
El dato que sí se tiene respecto del 2018, es que fueron 12 mil 500 unidades de carga robadas, es decir, 32 cada día en promedio y solamente una cuarta parte de éstas se recuperó; con la alta probabilidad de que el resto se inserte en el mercado informal como autopartes, agregó.
Además, uno de cada dos camiones robados se utiliza en algún momento determinado como vehículo para cometer otros delitos, entre los que podrían estar el robo de combustible y el homicidio.
En ese contexto, destacó que en la exposición de hechos que recientemente hizo Canacar en la mesa de trabajo “Seguridad, Justicia y Prisión Preventiva Oficiosa”, en la Cámara de Diputados, destacó además que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en nuestro país 8 de cada 10 robos de unidades se realizan con violencia.
Díaz Ruiz refirió que la demanda del sector en el marco de las charlas sobre seguridad con los legisladores federales, es que se diseñe una estrategia integral de combate a la inseguridad que permita crear las condiciones para que el nuevo sistema de justicia funcione a favor de las víctimas y no de los delincuentes.
De tal manera que hay un escenario propicio para que el delito se encuadre en la categoría de grave por ser de las conductas delictivas más dañinas para la sociedad y su sector productivo.
No sólo por la afectación patrimonial que ha venido ocasionando en los últimos años, sino sobre todo por los niveles de violencia que ha alcanzado, constituyéndose como una conducta de grave riesgo para la seguridad pública.
Finalmente, expresó la necesidad imperiosa de que México cuente con una estrategia que permita crear las condiciones para tener un adecuado y funcional Sistema Penal Acusatorio.