Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

El diputado Salvador Dávila Montoya presentó la iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado con el fin de que, el Sistema Escolar de la Entidad, sea más incluyente con los niños y adolescentes que presentan alguna discapacidad. El diputado argumenta que la inclusión de los niños con capacidades diferentes a las escuelas regulares les confiere importantes ventajas psicológicas, además de permitirles mejores atenciones en sus necesidades intelectuales, emocionales y sociales. Para tales efectos, el diputado de Nueva Alianza plantea cambiar el actual modelo de servicios escolares por un modelo que responda más a las necesidades pedagógicas de cada niño y que propicie aprendizajes de calidad deseados.

Sorprende la iniciativa del diputado Salvador Dávila porque su propuesta en nada cambia, ni enriquece, a lo que ya está legislado en la Ley de Educación del Estado, en relación con la Educación Especial. Es más, de aprobarse su iniciativa se corre el riesgo de empobrecer y hasta retroceder en las disposiciones que ya están aprobadas en la Ley de referencia. Respetuosamente se sugiere al diputado, responsable de la Comisión de Educación y Cultura, y a todos los legisladores locales, que lean con cuidado los artículos comprendidos del 94 al 104 de la Ley de Educación del Estado y se darán cuenta que lo planteado en la iniciativa ya está considerado, y hasta con mayor amplitud y claridad. Por ejemplo, el Artículo 95 establece: “La Educación Especial tiene como principios la equidad social y el respeto a los derechos humanos a través de la integración educativa, que se entiende como las estrategias que permitan a personas con necesidades educativas especiales incorporarse a la educación en condiciones adecuadas a sus requerimientos y a su desarrollo integral. Asimismo, tiene como objetivo propiciar el logro de los propósitos de la Educación Básica y Media Superior a través del apoyo psicopedagógico y de la capacitación laboral de los alumnos con algún tipo de discapacidad intelectual, física o ambas…”. En el Artículo 96, fracciones I y II, se establecen otros propósitos como “Detectar, promover y asegurar la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales para que puedan integrarse a la educación regular. Ofrecer una educación de calidad para todas las personas con necesidades especiales asociadas a la discapacidad, al talento y la súper dotación…”; y en los demás artículos mencionados se encontrarán otras disposiciones igualmente valiosas y pertinentes.

Más que reformar las leyes ya existentes, lo que los diputados deben hacer, incluido el diputado Dávila, es soportar financieramente los servicios de Educación Especial para que se cumpla cabalmente lo que ya está previsto en la normatividad. De acuerdo con los estudios realizados por especialistas en la materia, en la entidad existe una demanda potencial más allá de 30 mil niños, adolescentes y jóvenes que necesitan ser atendidos en distintas discapacidades, de los cuales hoy tan sólo reciben algún tipo de servicio poco más de 6 mil, quedando los demás sin atención por falta de infraestructura y de recursos presupuestales. Y a la mayoría de estos 6 mil alumnos se les atiende en espacios inadecuados y en condiciones no del todo decorosas, por falta de suficiencia presupuestaria. Un gran porcentaje del personal que atiende estos servicios está integrado con maestras y maestros comisionados de otros niveles (no preparados expresamente para Educación Especial) pero que fue necesario adscribirlos en esta modalidad para cubrir su alta demanda y por no contar con recursos para la contratación de especialistas apropiados. La capacitación idónea que necesitan los docentes y los directivos, para mejorar los servicios, no se llevan a cabo de manera regular, ni pertinente, por no disponerse de los recursos que se requieren.

Como se comprenderá, en lugar de reformas, los señores diputados deben empeñar sus esfuerzos, sus capacidades, sus poderes y sus facultades, en obtener y autorizar recursos suficientes para instalar y equipar dignamente tantas escuelas de Educación Especial se requieran con el fin de atender a toda la población que demanda estos servicios; también, para contratar a especialistas necesarios que brinden atención en todas las discapacidades que se detecten; y para ofrecer cursos de capacitación permanentes y pertinentes a los docentes, terapistas, psicólogos, trabajadores sociales, directivos y a otros especialistas, con objeto de atender y formar integralmente a los discapacitados para que sean útiles a sí mismos, a sus familias y a la sociedad donde se desenvuelven. Y que el ejecutivo, a su vez, cumpla y haga cumplir lo que está dispuesto en las leyes, tanto para atender la formación de los minusválidos como para brindarles oportunidades de trabajo.

No es la primera vez que se hace esta observación, pero habrá que hacerla tantas veces sea necesario hasta que se entienda que el problema no está en la falta de leyes, sino en que no se aplican cabalmente las que existen y, entre otras razones, por falta de recursos. Ciertamente, el dinero no lo resuelve todo, pero es indispensable para solucionar varios problemas que limitan a la educación y más a la Educación Especial. Bajo estas circunstancias, la iniciativa del diputado Dávila no tiene futuro si antes no se soporta financieramente a Educación Especial. En las manos de los legisladores está parte de la solución del problema toral que afecta a los discapacitados.