El Gobierno del Estado dio inicio formal al procedimiento de revocación de la concesión del libramiento carretero poniente a la empresa “Concesionaria de Autopistas, S. A. de C. V”, por incurrir en el incumplimiento de obligaciones establecidas en el título de concesión, y dio vista al Ministerio Público Estatal para en su caso investigar algún posible delito.

Esto en aras de retomar a la brevedad el desarrollo de esa infraestructura necesaria para la entidad, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Francisco Romero David, al celebrar la medida y a la vez apelar a que la liberación del proyecto se logre de la manera más ágil posible a fin de que en realidad pueda impulsarse la reanudación de esta vía en el corto plazo, pues se trata de una obra indispensable para la comunicación en la entidad.

En conferencia de prensa, el líder gremial destacó que en el procedimiento formalizado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 3 de agosto, se da cuenta públicamente de las causales por las cuales se considera que hay lugar a la revocación de la concesión.

Refirió que la publicación explica en primer lugar que hubo cambios no autorizados a la estructura accionaria de la concesionaria; también, cambios no autorizados a los estatutos de la concesionaria.

Igualmente, incumplimiento por parte de la concesionaria a su obligación de exhibir una garantía de cumplimiento a más tardar el día hábil anterior a la fecha de suscripción del Título de Concesión.

Hubo, además, incumplimiento por parte de la concesionaria a su obligación de celebrar un contrato de fideicomiso, así como incumplimiento reiterado a su obligación de presentar información al Gobierno del Estado, anualmente.

De acuerdo a la publicación existen elementos suficientes y hechos notorios para iniciar el procedimiento de revocación de tal concesión en un hecho formal que va acompañado de ocho documentales públicos que sustentan los señalamientos.

Al respecto, Romero David recalcó que el documento suscrito por el secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, en su acuerdo segundo, otorga un plazo de quince días hábiles a la concesionaria para dar contestación al oficio hecho público en el POE y ofrecer las pruebas que a su parte corresponda.

Asimismo, da vista a la Fiscalía General del Estado para que, en el marco de sus facultades, en caso de que así lo considere y advierta, realice las investigaciones correspondientes, respecto de la posible comisión de algún delito.