Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) lleva de la mano el nombramiento de un gran número de funcionarios clave. Además, se encuentra pendiente el nombramiento de contralores en los organismos con autonomía constitucional como INEGI, Cofece, IFT, INAI, etc. Si se quiere que la lucha contra la corrupción progrese, las instituciones del gobierno no se pueden auto vigilar. Es decir, que quienes realicen labores de vigilancia, fiscalización y combate a la corrupción deben tener total independencia de los titulares de las instituciones donde van a trabajar.  Esto es necesario tanto para darle credibilidad a su trabajo como para evitar conflictos de interés.

Recordemos que la actuación del ex secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, fue muy cuestionada cuando realizó una investigación que exoneró a su jefe, a pesar de que se hizo una investigación a fondo del asunto. (Ver http://octaviodiazgl.blogspot.mx/2016/07/promulgan-leyes-anticorrupcion.html)

Otros ejemplos recientes demuestran el porqué es necesaria esta independencia.

En marzo de este año, el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal (PF), Edgardo Flores, renunció a su cargo, aparentemente derivado de investigaciones que realizaba esa Unidad referente a violaciones de derechos humanos en la institución. El jefe de la PF, Enrique Galindo, había ofrecido su renuncia de demostrarse que en Tanhuato hubo violaciones a los derechos humanos (http://www.ndmx.co/2015/05/27/pondre-en-la-mesa-mi-cargo-si-se-demuestra-masacre-en-tanhuato-por-fuerzas-federales-comisionado-de-la-pf/) y un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicara su informe donde se concluye que 22 personas presentes en el rancho de Tanhuato, fueron ejecutadas extrajudicialmente por la PF, el Comisionado Galindo renunció. (http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/maria-elena-morera/nacion/2016/08/20/tanhuato-apostaron-al-olvido) Haría falta confirmar si Flores llegó a las mismas conclusiones que la CNDH y fue obligado a renunciar.

De forma similar ocurrió la salida del Visitador de la PGR, César Chávez y del Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, encargado de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con el periodista Ricardo Raphael, el despido de Chávez fue por no querer modificar una investigación que realizó, en la cual concluía que se habían encontrado violaciones a la Ley por parte de Zerón. (http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2016/09/26/se-cumplen-dos-anos-de-mentiras).

Otro ejemplo es lo que sucede en los órganos internos de control del gobierno federal en donde una buena parte de sus titulares son propuestos por los titulares de las instituciones y aceptados y nombrados por la Secretaría de la Función Pública. Un caso reciente es el del Secretario Meade que ha llevado a su titular del órgano interno de control a las tres secretarías donde ha estado este sexenio.

Estos ejemplos ilustran lo difícil que puede resultar realizar un trabajo de fiscalización y combate a la corrupción al interior de los organismos del gobierno cuando las personas que los realizan carecen de independencia y las conclusiones de sus trabajos afectan a los titulares de sus instituciones.

Dado que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción lleva de la mano el nombramiento de un gran número de funcionarios, existen ciertas capacidades con los que deberán contar dichos funcionarios:

  • Tener conocimientos comprobados en el tema de combate a la corrupción, fiscalización, investigación y temas afines.
  • Tener experiencia en haber trabajado estos temas.
  • Tener independencia partidista.
  • Demostrar imparcialidad en sus decisiones.
  • Ser personas de probada honorabilidad y honestidad.
  • Tener capacidad para llevar a cabo investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

Para ello, deberá diseñarse un proceso de selección cuidadoso que incluya entrevistas, verificación de antecedentes, pruebas psicométricas y sería muy recomendable que pasaran un proceso de control de confianza donde se les hagan diagnósticos médicos, toxicológicos, psicológicos, se les aplique polígrafo, se les realice una investigación socioeconómica y una investigación de vínculos personales para establecer posibles conflictos de interés.

Además, si se quiere darle eficacia y credibilidad al SNA, los funcionarios que formen parte de él deberán tener independencia total de las instituciones y asuntos que investiguen, evitando cualquier posible conflicto de interés o en caso de tenerlo, deberán manifestarlo con toda claridad. La eficacia de agencias anticorrupción como la de Guatemala, que es capaz de procesar a un presidente en funciones, se basan en esta independencia.

Esta misma independencia de actuación deberá aplicar a todos los integrantes del SNA. Por ejemplo, los titulares de los órganos internos de control de las entidades y dependencias del gobierno federal, deberán ser nombrados por méritos propios, no tener vínculos con los titulares de las instituciones que tendrán que vigilar y no ser nombrados a sugerencia de los mismos.

Una de las primeras y más importantes tareas del Comité de Participación Ciudadana, al presidir el SNA, será tomar en sus manos la selección de personal del Sistema prestando especial atención para asegurar la profesionalidad e independencia de los funcionarios clave (aquellos que no sean nombrados por otros mecanismos establecidos en la Ley) y apoyar en todo momento a los funcionarios nombrados para que realicen su tarea con plena libertad e independencia.

El combate a la corrupción eficaz requiere que quienes lo lleven a cabo tengan el apoyo institucional para investigar con total libertad hasta donde sea necesario y a quien sea necesario. Si el proceso de nombramiento de funcionarios del SNA se convierte en reparto de puestos por cuotas partidistas o para proteger intereses, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene el riesgo de nacer muerto.

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