Salvador Rodríguez López

Empresarios, políticos y ciudadanos en general deben estar preparados para lo que está por venir, de concretarse el propósito de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de crear una sucursal que permita la acusación, persecución y detención de presuntos responsables de un ilícito. Basta la presunción para que se acuse a un individuo y pierda su libertad mientras se investiga si es o no responsable, además de que se congelarán sus cuentas bancarias y todo su entorno familiar y de amistades pasan a ser sospechosos de ser cómplices directos o por omisión.

Envalentonado por el espaldarazo presidencial que recibió, a raíz de la crítica que hizo el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que hay entes del gobierno que con sus actos perjudican la presunta inocencia y el debido proceso, el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicitó a los gobernadores estatales acelerar la creación de organismos homólogos a nivel local.

Las citadas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) serían “conducidas” por la Federación mediante una Coordinación Nacional, que naturalmente presidiría Santiago Nieto, para que en cada lugar se actúe de manera homogénea, con lo que esto podría significar para la sociedad.

A Nieto se le acusa de actuar atropelladamente al dejar sin elementos de defensa a los presuntos infractores, por lo que de un día para otro pasan a ser imputados, a los que se exhibe de ser delincuentes. Si después de meses en prisión preventiva, en que se llevan a cabo las indagatorias y se define si tiene un grado de responsabilidad, demuestra que es inocente y sale libre de toda culpa, su honorabilidad personal y familiar queda manchada de por vida.

Antes y ahora, con el debido proceso, se establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo que, bajo este principio, absolutamente a nadie se le puede inculpar sin tener pruebas contundentes y mucho menos que se le exhiba públicamente de algo que es sólo una suposición.

De hacerse realidad el arranque de una sucursal de la Unidad de Inteligencia Financiera, todos los habitantes son potenciales delincuentes y cualquier día son encausados, por lo que aquellos que tengan negocios serán empujados a la ruina, los políticos verán frenada su trayectoria y el ciudadano común perderá el empleo, y todos verán malograda su honorabilidad.

Con lo anterior se estaría cerrando la pinza en torno al clima de vigilancia-persecución que existe en la entidad. La Fiscalía General del Estado encabeza a los agentes del ministerio público y a los policías ministeriales, que siguen la pista de las denuncias y se encargan de llevar ante un juez a los presuntos autores de un hecho. La Fiscalía Anticorrupción persigue los actos indebidos de los servidores públicos; las contralorías, tanto estatal como municipal, presumiblemente están para vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos. Se tiene además la vigilancia, inspección e intervención de la Secretaría de Hacienda, vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), y las propias de las secretarías de finanzas del estado y los municipios.

Por donde se le mire no hay escapatoria, sin embargo la UIF se ha ido a los extremos al, prácticamente, eliminar la presunción de inocencia, por lo que el día menos pensado alguien se encuentra con la desagradable sorpresa de que ha sido elegido como “huésped” de una cárcel, al considerarse que ha cometido una violación a la ley, lo que puede suceder para impulsar el propósito de Santiago Nieto Castillo, de ser el próximo Fiscal General de la República, para lo cual hace méritos.

TRES VARAS

Desde tiempos lejanos se dice que no es justicia lo que se mide de distinta manera, tal como sucede actualmente en Aguascalientes, donde a dos ex regidoras de oposición que se les acusa de presunta defraudación al Ayuntamiento capitalino y a varios ex colaboradores, y de ellas dos sólo a una la mandan a prisión, lo que denota que para la autoridad una misma falta tiene distinto significado.

En los primeros días de noviembre de 2019 la Fiscalía Anticorrupción acusó a la regidora independiente Karla Cassio Madrazo, de uso indebido de recursos municipales y de los asignados a personal que tuvo a su cargo, por un monto de 2 millones 387 mil pesos, de lo que el Fiscal Anticorrupción, Jorge Mora, dijo tener las evidencias suficientes para vincularla a proceso, por “fraude y abuso de autoridad”, pero que los delitos no son graves, por lo que no podía pedir prisión preventiva, por lo que seguirá el proceso en libertad.

Caso contrario ocurrió con la ex regidora del PRI, Hazel Montejano García, que por imputaciones similares a las de Karla Cassio, no sólo se le vinculó a proceso sino que el juez dispuso la detención preventiva, por el presunto mal uso de 3 millones 500 mil pesos. El juez de control y juicio oral determinó que permanecerá en prisión tres meses, lapso para el desahogo de pruebas.

La cuestión está en que pese a que son actos similares se utilizaron distintas ópticas, por lo que Hazel Montejano estableció que hay una persecución política en su contra, ya que no fue notificada y tampoco le dieron opción de defenderse y de conocer los argumentos de la autoridad y de los propios acusadores.

Es posible que tenga razón Montejano García, porque el mismo día, miércoles 15, el fiscal anticorrupción, Jorge Mora Muñoz, afirmó que “no hay persecución política, ni mucho menos de género”, en tanto la alcaldesa María Teresa Jiménez declaró que los procesos jurídicos que hay en contra de ambas ex regidoras no deberán convertirse en temas políticos “porque las instituciones se utilizan para hacer verdadera justicia a personas que requieren que se aplique la justicia y no la política”.

Demasiada coincidencia el apresuramiento de ambos servidores públicos, al asegurar que los asuntos que implican a las dos ex ediles no son políticos, cuando en ambos casos hubo filtraciones a los medios, a manera de llegado el momento justificar el procedimiento, mismo camino que se sigue con otros miembros del pasado Cabildo, en que, extrañamente, no se hace mención a ninguno de los que son parte del partido gobernante.

Aunque la fórmula es “primero ajusilo y luego viriguo”, habrá que darle seguimiento a estos casos y a otros que surjan con el mismo tenor, porque se asoman evidencias de que no todo lo que se hace tiene como fin hacer justicia, máxime que, como se menciona, los únicos inmiscuidos son antagonistas políticos.

¡POR FIN!

Sorprendida y acongojada por los males renales que perjudican a un número considerable de habitantes de esta entidad, la diputada Karina Banda Iglesias presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado instituya una Comisión Especial de Investigación que determine “saber las causas de su origen y tratamiento”. Por lo puntualizado, la legisladora desconoce que es un problema que tiene más de 30 años “en estudio”, con la intervención de la UAA, UNAM, Politécnico y organismos privados, sin que exista una definición  sobre la procedencia de este problema de salud, mismo que afecta en mayor grado a residentes de Calvillo y Tepezalá. Algunos en Calvillo lo atribuyen al regadío aéreo de sustancias para proteger los cultivos, otros en Tepezalá a la extracción de material para la producción de cemento y algunos afirman que son males hereditarios sin que se conozca el advenimiento. Por lo tanto, la comisión que plantea Karina Banda servirá para abultar su informe anual de actividades, pero que no dejará algún beneficio a la comunidad. El problema está que mientras hay un peloteo para determinar las causas, decenas de personas padecen de los riñones, principalmente niños, adolescentes y adultos jóvenes, por lo que si por ahora no se sabe dónde principia el hilo de la madeja, sería preferible encausar todos los esfuerzos en apoyar la atención médica a quienes padecen de este mal.