Es inconstitucional la reforma aprobada la semana pasada en el Congreso y que mantendrá en prisión a los ladrones en Aguascalientes; pero además no disminuirá ni mucho menos acabará con la comisión de delitos en la entidad, advirtió Luis Eloy Morales Brand.
El jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y asesor del Fiscal General del Estado, explicó que a los detenidos, si los tramitan, muy probablemente la justicia federal les otorgue amparos y queden libres en un promedio de 90 días, cuando mucho.
Pero por su parte, la carga laboral para la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial local, les implicará aumentar su personal y las audiencias, en tanto que al sistema penitenciario le representará un aumento en el gasto de sostenimiento de población interna, porque su aplicación llenará las celdas del Cereso.
Además, de obtener el amparo por un juez federal, podría sobrevenir para el acusado una indemnización por afectación a sus derechos, agregó el catedrático universitario.
En ese contexto puntualizó que la reforma no tiene sustento constitucional pues es la Carta Magna la que sigue estableciendo cuáles son los delitos en los que se puede imponer prisión preventiva oficiosa y ahí no están el robo de vehículos, a vivienda, de cable de cobre ni de instituciones de educación pública.
La reforma aprobada la semana pasada está basada en una jurisprudencia de un Tribunal Colegiado del Estado de México que dice que los estados podrían legislar en la materia, siempre que no vayan más allá del Articulo 19 Constitucional y para ello se basó en la interpretación de un código mexiquense, anterior al Código Nacional.
También, en la sentencia dictada por uno de los cinco jueces de distrito que hay en Aguascalientes y que se pronunció en el mismo sentido de no superar al 19 constitucional, que fue lo que se hizo en Aguascalientes; por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se ha pronunciado al respecto, aclaró.
Morales Brand indicó finalmente que en independencia de lo que pueden resolver los tribunales federales, y si los afectados se amparan o no, lo cierto es que el delito no se acaba con castigos.
De tal manera que lo que Aguascalientes necesita son estrategias y políticas públicas en pro de la seguridad y la prevención para que realmente disminuya la delincuencia, no castigos para los que ya lo hicieron.