Durante mucho tiempo, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común.
Hoy está más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. Se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente.
“Por tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”, destacó el padre Carlos Alvarado Quezada, en torno al pronunciamiento que hizo el Papa Francisco al respecto.
Sin importar la gravedad del delito, la persona no pierde su dignidad humana; además, la Iglesia siempre enseña acerca de la redención y algunas esperanzas de redención; “en el mensaje de S.S., destacó que debemos regresar a lo que significa respetar la vida en todo momento y en todos los casos”.
Ponderó que el Papa Francisco haya autorizado un cambio importante en el Catecismo. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye la comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable.
Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.

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