Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles haber causado un daño a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos al ser omisa ante los desvíos de sus subordinados.

En la audiencia ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo, los fiscales federales revelaron que tres de los ex subordinados de Robles en Sedesol y Sedatu le informaron verbalmente y por oficio sobre la firma de convenios fraudulentos y ella no hizo nada por impedirlo.

Los tres testigos colaboradores declararon incluso que en una reunión celebrada en junio de 2014 entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, éste le comunicó a Robles de los actos de corrupción detectados.

Los testigos colaboradores son José Antolino Orozco Martínez, su ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y en la desaparecida Sedesol.

La Fiscalía le imputa a la ex funcionaria en el Gobierno de Enrique Peña Nieto haber cometido esta conducta ilegal en forma dolosa y continua, en su carácter de autora directa.