Felicito a EL HERALDO DE AGUASCALIENTES por sus 63 años de labor informativa acerca del acontecer político, económico, social, cultural y deportivo; local, nacional e internacional; formando con ella sólidas opiniones entre los lectores, sobre temas que interesan y son útiles a la sociedad. ¡FELICIDADES!

Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Nadie negará que el tema de la corrupción imperante, en todos los niveles y ámbitos de la vida social, es el que ocupa mayores espacios en los escritos y cometarios de los medios. Por tanto, hay razones suficientes para que los ciudadanos pidan y exijan que se acabe con este flagelo. En tal virtud, no faltan los que de inmediato manifiestan intenciones y desplantes para corregir y castigar a los corruptos; sobre todo, cuando son tiempos electorales, que ahora son permanentes.

En la pasada campaña y desde los primeros días de estar en el poder, las actuales autoridades han reiterado que aplicarán todo el peso de la ley a los que resulten responsables por el mal manejo de los recursos financieros del Instituto de Educación de la administración anterior. La inmensa mayoría del magisterio local, los padres de familia y la sociedad, en general, siempre han recibido con agrado este pronunciamiento; pues todos desean que se aclaren las cuentas públicas destinadas a los escolares y, de comprobarse que hubo malversación de recursos, que se castigue a los responsables conforme a derecho.

La semana pasada (el día 5 de octubre), el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional dio a conocer, a través de EL HERALDO DE AGUASCALIENTES, que “la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha encontrado irregularidades y malos manejos cometidos por ex funcionarios del Instituto de Educación de Aguascalientes” y pide “castigo ejemplar a los que dejaron cochinero en el ejercicio público de la pasada administración estatal”. Si la autoridad competente ya hizo las auditorías necesarias y encontró irregularidades, lo que se espera entonces es la aplicación de la Ley, y no habrá persona, en su sano juicio, que se oponga a los procesos legales a que haya lugar.

De manera reiterada se ha dicho, en este caso, “que se aplicará todo el peso de la Ley”; no obstante, hasta hoy tan solo han sido declaraciones. Tal vez se esté esperando 2018 para darle calor a la campaña; pues hay tiempos en que “todo tiro lleva chanfle”. Independientemente de cuándo se proceda, si es que se va a proceder, lo cierto es que en el magisterio existe la percepción que el asunto tiene destinatarios y cuando es así se corre el riesgo de sesgar los procedimientos. También hay la creencia generalizada que otras personas quedarán impunes; pues no se olvide que en los actos de corrupción siempre hay las dos partes: la que corrompe y la que se deja corromper. Y en el Instituto de Educación, de la administración pasada, un secreto a voces entre el magisterio sostiene que imperaron los corruptores locales que se beneficiaron, indebidamente, con cuantiosos recursos, o ¿cómo explicar que estos beneficiarios, con sueldos de 15 mil pesos mensuales por sus “servicios educativos”, en tres o cuatro años hayan amasado sumas millonarias y que ahora manejen empresas con mucho dinero? Por añadidura, éstos son los que tienen la impunidad anticipada.

¿Por qué los corruptores tienen la impunidad anticipada? Porque destacaron en la campaña anterior; y por haber participado en ella, de manera preponderante, hoy tienen a personas de su total confianza en puestos clave para que les cuiden las espaldas; y, para cuando haya condiciones, les sigan apoyando con lo que se pueda. Por eso, dicen los maestros, si se quiere regularizar todo y castigar a los responsables de los malos manejos financieros, entonces que la Ley sea pareja: castigo tanto a los corruptores como a los que se dejaron corromper. En manos de las autoridades está la Ley.