Imprecisión en ley del IVA genera inquietud

A partir de la reforma fiscal del ejercicio 2020, uno de los artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado está generando incertidumbre jurídica hacia las personas morales y físicas con actividades empresariales, a quienes se les obliga a realizar una retención del 6% si reciben servicios por parte de personal que haga funciones dentro o fuera de las instalaciones de quien lo contrata, estén o no bajo su dirección, supervisión o coordinación.
El abogado fiscalista José Antonio Guerra Caparrós, explicó que la redacción del artículo 1A en su fracción IV hace interpretar que en todo servicio donde exista personal involucrado se tendrá que hacer la retención del 6% del IVA. La confusión surgió porque la exposición de motivos se refiere a que en los 10 últimos años se ha multiplicado el personal que se subcontrata por el modelo del outsourcing.
Lo anterior ha propiciado que las empresas que operan con el modelo de outsourcing de personal se presten a la evasión de impuestos, lo que a su vez está por fuera de la Ley Federal de Trabajo, la cual permite este esquema en determinados casos, siempre y cuando no abarque la totalidad de las actividades.
“Sin embargo, como quedó la redacción del artículo 1A en su fracción IV de la Ley del IVA se entiende que la obligación es para todos los servicios en donde esté involucrado personal”.
Ante ello, dijo que se espera que el Servicio de Administración Tributaria emita su postura en un documento oficial de cómo va a interpretar este artículo de la Ley del IVA, para que haya tranquilidad en el resto de los contribuyentes que podrían estar involucrados o si solo será la subcontratación laboral vía outsourcing.
Mientras eso sucede, se recomienda que se haga la retención del 6% del IVA si les prestan un servicio que involucre a personal, dada la imprecisión de la norma y las consecuencias posibles que pudiera enfrentar si hacen o no las retenciones.
“Las implicaciones de la mala redacción de ese artículo son que ese IVA relacionado con esa operación no sea acreditable, que tampoco se considere deducible para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se le podrían aplicar multas económicas que oscilarían del 50 al 70% del importe de las retenciones que no sean enteradas o que los cálculos no sean correctos”, concluyó.