Gustavo García Olguin 
Agencia Reforma

CDMX.- En los Congresos locales donde es mayoría, Morena impone leyes a su modo.

En 7 de 23 Legislaturas, esta fuerza política -junto con sus aliados parlamentarios- ha sido protagonista de disputas por destituciones, nuevas leyes y por representaciones de órganos legislativos.

Apenas esta semana, la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz destituyó al Fiscal Jorge Winckler y en su lugar nombró como encargada de despacho a Verónica Hernández, quien antes ocupaba la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno estatal.

Este fue el segundo intento de la Legislatura veracruzana de quitar a Winckler, pues en febrero también buscaron su destitución a través de un juicio político, el cual no obtuvo los votos necesarios.

En Quintana Roo, la bancada morenista aprovechó la renovación de la Legislatura para apropiarse de la Mesa Directiva aplicando una legislación derogada.

En lugar de utilizar la Ley Orgánica promulgada este año, el diputado Humberto Gasca -presidente de la Mesa directiva- optó por la de 1995, la cual tampoco contempla una Junta de Coordinación Política.

Mientras que en Baja California, el Congreso local sostiene la ampliación del plazo de gestión para el próximo Gobernador Jaime Bonilla y para darle legitimidad a la decisión ofrecieron aplicar una consulta que no tiene sustento jurídico en la legislación local.

En Baja California Sur, Morena aprobó la creación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y nombró como su primer titular al abogado Ernesto Alonso Rodríguez Hurtado.

Siete diputados de Oposición interpusieron ante la Suprema de Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de dicha Unidad al considerar que duplica funciones de la Contraloría interna del Congreso local.

La mayoría morenista en Tabasco aprobó una legislación, conocida como «Ley Garrote», en la que autorizan penas de hasta 13 años de cárcel a quien extorsione, coercione o intente imponer cuotas e impida el libre tránsito para la ejecución de trabajos y obras.

En Chihuahua, se retrasaron las actividades legislativas ante la inconformidad del grupo parlamentario de Morena por no obtener los votos necesarios para presidir la Mesa Directiva del Congreso local del segundo año legislativo.

Mientras que en Sinaloa, los legisladores de Morena aprobaron postergar hasta el 2024 el recorte de 10 diputados locales, originalmente programado para el proceso electoral de 2021, de acuerdo con un decreto publicado el 4 de mayo de 2017.

El decreto aplazado planteaba reducir en la próxima Legislatura de 40 a 30 el número de diputados para quedar con 18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.