Saúl Alejandro Flores

Mis queridos lectores continuamos con la temática de los organismos operadores de agua y su historia legal, así como del porqué nacen las comisiones estatales de agua en su momento. Pasemos entonces sin más al desarrollo del tema.

Podemos partir desde la campaña política de 1988 que lleva a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, el más reiterativo planteamiento que se hace al candidato en su recorrido por el país es el del agua y el de la necesidad que ven todos los actores, tanto en el ámbito agrícola como en ámbito urbano, que exista una autoridad específica del agua después de la desaparecida SRH (Secretaría de Recursos Hidráulicos), y que se de unicidad al sector para su gestión adecuada. Es así como nace la CNA (Comisión Nacional del Agua) así se le denominaba antes de pasar a CONAGUA, en 1989 como autoridad del agua y como una institución desconcentrada, figura administrativa un tanto sui géneris y articulada con la entonces SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos).

Desde la CNA, al amparo de la Ley Federal de Aguas, creada a principio de los setentas, se empieza a crear el proceso de planeación y administración hídrica del país y en 1992 aparece la LAN (Ley de Aguas Nacionales).

Esta excesiva centralización de la CNA con todas sus contradicciones, favoreció en su inicio la estructuración del sector y las bases para una administración integral que era urgente. Se inicia el trabajo de gestión del agua con la visión de cuencas y se trabaja en la integración del primer Consejo de Cuenca correspondiente al río Lerma en el centro del país, que abarca cinco estados y una superficie superior a los 80,000 km2 en una zona altamente industrializada, con agricultura de irrigación muy productiva, con tramos del río totalmente contaminados y sobreexplotados al nivel de poner en riesgo la existencia del lago de Chapala, el más grande de México.

Por primera vez se da el proceso de concertación con la participación de los cinco gobiernos estatales, con un acopio importante de información tanto hidrológica, hidrográfica como de las demandas del líquido para todos los usos y por primera vez se plantea un acuerdo de distribución de aguas superficiales en función del régimen pluviométrico en cada año y se establecen compromisos de saneamiento de la cuenca con la participación de la federación, los estados y las grandes empresas usuarias federales como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La parte negativa de éste proceso es el nivel de consulta en el que se plasma el trabajo del Consejo de Cuenca y la escasa participación de los usuarios para los que se busco una organización bajo el criterio del centralismo de la autoridad de la CNA.

La CNA llevó y ha llevado tibios intentos de descentralización que no se profundizaron con el pretexto de que en los estados existe una completa dispersión en el manejo del agua y que falta un interlocutor al que sea susceptible de delegarse las funciones centralizadas. En este sentido se promovió una ley estatal tipo para la gestión del agua, cuyo gran ámbito es el de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, cuidando de preservar la autoridad centralizada de la CNA, creando nuevamente Comisiones Estatales de Agua (entidades descentralizadas), cuya función era la de vigilar y promover los servicios a pesar de ostentarse como órgano rector del agua en cada Estado. En Aguascalientes tendríamos el INAGUA.

A pesar de que en el año 2000 Vicente Fox ofreció en campaña la descentralización, sin embargo, se mantuvo y ha mantenido la centralización, con sus vicios e ineficiencia inherentes, y los intentos de cambio en el discurso siguen siendo tibios, a pesar de la aprobación de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 2004.

Las modificaciones a la LAN, conceptualizadas en el Congreso de la Unión, con poca participación de la Conagua y rechazada en principio por el Ejecutivo Federal, logra ser aprobada incluyendo modificaciones planteadas por personalidades del sector que logran llegar a los redactores quedando un documento muy polémico, ya que no llega a donde algunos quisieran, planteando modificaciones complejas e incompletas, pero incluye conceptos que muchos, entre ellos la parte centralista, nunca hubieran aceptado. Plantea la descentralización, pero no la concreta y la deja a la lucha que los actores librarán en el terreno político de la concertación de intereses.

Merecen mención especial los intentos de participación privada en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México. El discurso oficial dice que la gran necesidad de inversiones en el subsector y la falta de eficiencia de los organismos operadores pueden solucionarse con la participación de empresas operadoras que traigan la eficiencia de la empresa privada y los recursos financieros de la banca privada para elevar la extensión y la calidad de los servicios. Como no existen empresas con esa experiencia en México ni la  inversión  suficiente, deben ser empresas extranjeras, francesas, inglesas y españolas las que se asocien con empresarios locales y solucionen los problemas del país en la materia.

La autoridad de Conagua no ha permitido en México la aparición de sistemas de regulación de los servicios, por lo que los elementos reguladores de la concesión están contenidos en el propio Título de Concesión, pero en el Título han concurrido amplias garantías a la empresa para prevenir sus posibles pérdidas, eliminando el riesgo económico, al mismo tiempo que en contraparte se pretende asegurar el buen servicio con una sobre regulación por parte de un ente administrativo sin la experiencia para hacerlo. Continuamos la siguiente semana con este tema, sin olvidar que se requieren acciones tendientes a que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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