En lo que va del año, la Dirección de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes ha atendido más de 697 quejas ciudadanas en contra de vecinos ruidosos provenientes de casas habitación y antros; también llegan los referentes a talleres mecánicos, de maquinaria en la calle o en las empresas.

La revisión a todos estos rubros debe generarse por diversos ámbitos, no sólo por Reglamentos, deben estar involucradas las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, incluso debe analizarse la conveniencia de crear una unidad especializada integrada para atenderlo directamente, y no separar los esfuerzos de las dependencias como sucede en la actualidad.

El director de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes, David Ángeles Castañeda, señaló que las sanciones económicas oscilan de 1,200 a 3 mil pesos.

En el 2019 se levantaron 658 actas que generaron sanción económica en todos los giros reglamentados. En el 2020 ya suman 258 actas, la mayor parte se refiere a los vecinos ruidosos. Sin embargo, las visitas de inspección en el año anterior sumaron 21 mil 977 y en este ejercicio se acumula la cantidad de 12 mil 825 visitas.

En cuanto a quejas ciudadanas, se registraron 1,461 en el año 2019 y en lo que va del 2020 se tiene la cifra de 697, esto pone en evidencia que la población ya no se está callando e interpone sus denuncias para salvaguardar sus derechos.

Por la vía del Whatsapp se acumulan 497 reportes en el 2020, mientras que en el año anterior sumaron 999, todo referente a quejas ciudadanas.

Con estas cifras queda evidente que la capacidad de atención de la Dirección de Reglamentos ha sido superada para atender a todos los giros reglamentados distribuidos en 7 mil establecimientos con la disponibilidad de sólo 71 verificadores e inspectores.

De ahí la urgencia para que sea reformado el Código Municipal para que se amplíen las responsabilidades para atender las denuncias de los vecinos ruidosos por parte de la Policía Preventiva, porque sin duda la sociedad respeta más un apercibimiento de un elemento policiaco con respecto a un verificador o inspección municipal, quienes tienen la facultad de aplicar la sanción.