Tras censurar el que se fomente el hacinamiento, con serias repercusiones sociales y a la salud de la población, la diputada Karina Banda Iglesias destacó que en las últimas décadas han proliferado las viviendas de interés social, mismas que actualmente constan de 33 a 42 metros cuadrados y en ellas habitan 3.9 personas en promedio, cuando el área mínima para que una persona habite debe ser de al menos 25 metros cuadrados.
Citó que en el fraccionamiento Valle de los Cactus se ha detectado que en una vivienda habitan 20 personas, lo que resulta inadmisible.
Ante ello, ayer presentó una iniciativa para reformar el Código de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, en aras de promover una vivienda digna y evitar aglomeraciones en una sola habitación. Propone que en lo sucesivo, el lote de este tipo de viviendas sea de al menos 120 metros cuadrados y 56 metros cuadrados de construcción.
Asimismo, habló de la importancia de que las viviendas estén regularizadas para evitar desalojos, y que tengan disponibilidad de servicios e infraestructura, asequibilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
La propia Constitución reconoce el derecho a tener una vivienda digna, pero no hay tal.
Por su parte, la legisladora Elsa Amabel Landín Olivares, sobre el tema del uniforme neutro en los planteles escolares públicos con el que las niñas podrán usar pantalón y los niños falda para fomentar la equidad e igualdad de género, advirtió que ello sólo incrementará el problema de bullying en los planteles y dejó en claro que las faldas no generarán una modificación de conciencia.
Además, presentó una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado, para que sea obligatoria la participación de los candidatos a ocupar los cargos de elección popular en los debates que organice el Instituto Estatal Electoral.
En tanto, Patricia García García presentó una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado, encaminada a brindar garantías a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en medio de un juicio de adopción.
Por su parte, Natzielly Rodríguez Calzada propuso reformas a la Ley de Movilidad para el Estado, a fin de elevar la edad del menor para obtener un permiso para conducir un automotor, que tenga 17 años cumplidos.
Mencionó que según datos oficiales en Aguascalientes el número de muertos en accidentes de tránsito en el 2018 fueron 201, sin embargo, en el 2017 se registraron 176; además se busca endurecer las medidas para suspensión o cancelación de las licencias de manejo para los operadores de transporte público y privado.